Un 16 de mayo de 1980, nació la Cooperativa de Consumo de la Universidad de Cuenca, de las inquietudes sociales de los trabajadores y profesores de la Universidad. Según los datos que se tiene, esta organización es parte de las tres únicas cooperativas de consumo de la provincia del Azuay, y dejando a un lado a las asociaciones, está entre las 8 cooperativas de consumo que existen en el país. Para muchos pensadores, las cooperativas y en general las asociaciones de la economía social y solidaria, pueden ser entendidas como soluciones integrales para la superación de los problemas y contradicciones de la sociedad capitalista, considerando que reestructuran la organización de las relaciones económicas, enfatizando en la preeminencia que en ellas tiene el ser humano. Sin embargo, debemos reconocer que el desarrollo de esta economía, es todavía incipiente y depende más de la conciencia y compromiso de los asociados, que del propio aparato estatal. Pero la realidad muestra que este tipo de emprendimiento es desconocido y casi impensable que exista una empresa o emprendimiento cuyo objetivo esté contenido en vender productos u ofertar servicios al menor precio posible, con la mejor calidad, sin explotar el trabajo, y tratando de precautelar el cuidado de la naturaleza.
En una sociedad donde comúnmente se dice que la clave del éxito está en comprar barato y vender caro, este tipo de organización parece una locura, pues su “ganancia” obviamente es la mínima. No obstante, eso es precisamente lo que las cooperativas y asociaciones pretenden, cuando afirman perseguir la satisfacción de las necesidades de las personas, antes que finalidades de lucro y acumulación. Las cooperativas de consumo podrían, en teoría, contrarrestar el monopolio y contribuir en la mejor distribución de la riqueza, pues mediante el consumo, se puede incidir en la comercialización agrícola y de manufacturas. Y, por cierto, someterían al capitalismo desde la acción organizada de la sociedad civil, lo que Marco Salamea llama ciudadanía social, capaz de potenciar el Buen Vivir de territorios y localidades donde no solo se proclame la realidad del “precio justo”, o la producción “limpia y de calidad”, sino una autentica “democracia participativa”.
