LA DESTITUCIÓN DE DILMA Y EL DEBATE QUE SE ABRE EN LAS CALLES. * Por Salvador Schavelzon

Fuera de Brasil se impone la visión de que hay un golpe conservador en marcha contra un gobierno progresista o popular. Rápidamente se alinean elementos para cerrar un análisis: Estados Unidos, los medios, la justicia parcializada y la oposición a los gobiernos progresistas. Pero en momentos en que el ciclo político estatal de los últimos años en la región y también los relatos y narrativas en que se apoyaron los mismos se muestran agotados, de lo que se trata no es de cerrar sino de abrir un análisis; de agregar elementos para entender dónde estamos. Abrir y conectar para buscar nuevos lugares desde donde podamos actuar frente a una lógica de gobierno que se muestra mucho más allá de sus presidentes y partidos.

La destitución de Dilma tiene la participación crucial del PMDB, partido que formó por 12 años parte de la base de gobierno en el congreso, y también fue socio del PT en el poder ejecutivo. Cómo se leía claramente en las protestas de junio de 2013 y contra la copa del mundo en 2014, la situación política en Brasil es la de un frente transversal conservador en el que las coincidencias resaltan más que las diferencias entre gobierno y oposición. La forma en que circula la idea de golpe mantiene en pie la narrativa de la polarización, desde donde se construyó la reelección de Dilma, pero que quedó suspendida desde el día 1 de gobierno en que volverían a primar los consensos de Estado.

Cuando para tanta gente es tan notorio que en lo cotidiano la existencia de la ley y la constitución es insignificante, es difícil discutir si está en marcha una interrupción del régimen democrático. Hay en marcha un golpe político por vías institucionales, manipuladas como siempre, en este caso por la oposición. Pero lo cierto es que no habría golpe si la gente se arrojara masivamente a las calles y si un gobierno de reformas se hubiera fortalecido cumpliendo lo que prometió en la última elección.

Si vemos el sentido de las políticas de gobierno de Dilma, es claro que la actual situación no fue generada por las políticas que impulsó, a las que medios y jueces conservadores se opondrían. El gobierno reprimió protestas, se alió y benefició en todo lo que pudo al agronegocio desforestador y etnocida, aprobó leyes de flexibilización neoliberal (proponiendo subir edad de jubilación y aplicando recortes de derechos laborales), no defendió el para muchos sagrado patrimonio de recursos naturales (cediéndolo a transnacionales en alianza con la oposición), protegió a la empresa que causó el reciente crimen ambiental de Mariana, y aplicó un ajuste de austeridad con impacto mayor en salud, educación y los sectores más pobres. No buscó crear las condiciones para aprobar ninguna reforma progresista. Políticas sociales de inclusión social marcaron el apoyo de las regiones más pobres al PT. Pero tampoco puede verse en estas la motivación de un golpe. La transferencia de recursos para el empresariado y sector financiero fue en escala y proporción siempre mayor.

Por eso mucha gente no está hoy en la calle para defender el gobierno e impedir el golpe. ¿Cómo pedir solidaridad a pueblos indígenas y gente sensible al acoso militar y judicial que estos viven, o a Mães de Maio y familiares de víctimas de la violencia policial y genocidio de la juventud negra de las periferias, que el gobierno nunca escuchó ni se dignó a recibir? ¿Cómo esperar que salgan a la calle los jóvenes que se movilizaron en junio de 2013 contra el aumento del transporte o hace poco por mejor educación, si nunca encontraron eco desde el gobierno que ahora cae?.

Se destruyó sistemáticamente la base de apoyo que debería ser la fuente vital de cualquier gobierno de izquierda, optando por gobernar por un camino que nadie votó y atendiendo lobbies, sectores de presión conservadores, bancos y mercados que ni siquiera retribuyen políticamente los servicios prestados. El PT no hizo nada para romper con las lógicas más perversas de un sistema político y económico cuya misión histórica era modificar. Las mantuvo en vigor, cerrando todo tipo de debate político en la sociedad y el propio partido.

Sin ese vacío generado por errores propios y convicciones conservadoras presentes en un progresismo ya extenuado, las menciones al poder judicial y mediático golpista como única explicación de lo que está ocurriendo tienen un carácter desproporcionado. No debe olvidarse, por ejemplo, que el gobierno financió con pauta oficial a los grandes medios y que propuso a la mayoría de los jueces del tribunal supremo de justicia. La polarización que resurge en tiempos de crisis y que funcionó en las elecciones no es lo que marca la política en el día a día.

Se da la compleja situación de que los sectores que impulsan la destitución hayan sido también los más beneficiados. Incluso la copa del mundo, proyectada como gran legado de la anterior gestión de Dilma, interpelaba directamente el lenguaje ufanista de la ola fascistoide verde y amarilla que hoy pide la cabeza del gobierno y se moviliza por las causas de corrupción. Tampoco se sostiene que la destitución sea movilizada por el proyecto lulista de inclusión por el consumo, neodesarrollismo y prosperidad derivada de un pacto interclasista que nunca dejó de beneficiar antes que nada a los tradicionales dueños del país, el gran capital extranjero y nacional, en una sociedad que sigue definiéndose por su racismo y desigualdad.

El argumento de que la corrupción de los otros partidos no es juzgada con la misma celeridad ni visibilidad es real, pero no puede considerarse una defensa seria o convincente para un proyecto que nació para el cambio. También es real que los beneficiarios directos de la destitución se sentirían envalentonados para imponer un retroceso en varias áreas. Geopolíticamente la salida del PT, y de sus límites para generar de hecho una región más democrática, no parece abrir en el corto plazo caminos prometedores. Pero entonces es necesario oponerse a estos escenarios con nuevas herramientas. Las actuales se mostraron incapaces de hacerlo.

Aunque la situación es la de un gobierno que creó las condiciones de su caída y de la falta de apoyo de los que lo votaron, la amenaza de una indignación conservadora que nació en las redes sociales y avanza hacia las instituciones es real. El Impeachment daría aún más espacio para una derecha homofóbica, machista, autoritaria y racista que es minoritaria pero quedaría en primer plano defendiendo abiertamente una agenda de profundización de las injusticias actuales.

Más que centrar el debate en el gobierno y líderes que no tienen nada para ofrecer, entonces, es necesario volver a Junio de 2013. Ni apoyar un gobierno que no ha podido defender ninguna causa justa, ni dar lugar al fascismo del odio racista con bandera liberal y búsqueda de más privilegios para los poderosos que hablan de libre mercado pero siguen viviendo del Estado. Tampoco entrar en la versión tranquilizadora del progresismo latinoamericano, en que se revive un ataque imperialista contra gobiernos revolucionarios, como caricatura opuesta a la de los medios conservadores y que no hace más que bloquear la posibilidad de conexiones necesarias entre nuevas resistencias y búsquedas políticas hoy en marcha.

Junio de 2013 es la posibilidad de resistir, de crear y de desactivar el golpe que comenzó con las medidas aprobadas durante el gobierno del PT, pero que sin duda podrá avanzar hacia nuevas fases. Esa es la disputa que se vivirá en las calles y en el desafío de inventar lugares políticos nuevos.

* Salvador Schavelzon: Antropólogo, professor e investigador da UNIFESP, integrante do Círculo de Cidadania Sampa. Estudou mobilização e poder constituinte, cosmopolítica indígena, etnografia do estado e processos políticos latinoamericanos. Seu último livro é uma análise dos conceitos de Viver Bem/Buen Vivir e plurinacionalidade nos processos constituintes andinos.

Fuente: http://www.asuntosdelsur.org/blog/2016/03/31/la-destitucion-de-dilma-y-el-debate-que-se-abre-en-las-calles/