Quito 08 de Septiembre 2015
No ha sido práctica de LA LINEA DE FUEGO el definir una posición ante los acontecimientos en Ecuador; lo hacemos ahora ante la próxima reanudación de las protestas y ante una coyuntura crítica para el país.
Ecuador se empantana en un enfrentamiento polarizante en el que la violencia va en aumento, sin que ello pueda justificarse. La represión del gobierno ha tomado ribetes de un autoritarismo poco común en el país y la indignación popular aumenta. Es una situación que bien puede llevar a más y mayores confrontaciones y de ahí a un deterioro en el convivir colectivo y el sistema democrático mismo.
Las manifestaciones en Ecuador han sido históricamente pacíficas. Las actuales, en general, también lo son. El Paro Nacional por sobre todo fue un ejercicio del derecho a la protesta en las calles de Quito y otras las ciudades del país, y un bloqueo de caminos sin ánimo de confrontación violenta, que recibió como respuesta una intervención desproporcionada por parte de la fuerza pública.
El gobierno, aferrado a una justificación distante de los hechos, persiste en afirmar que las protestas son obra de pocos, que no tienen eco en la sociedad ni razones para existir, e insiste en calificar de “un fracaso total”, el ejercicio legítimo de la protesta social. Todo ello a pesar del número excepcional de días en que la población ha expresado rechazo a diversas políticas del gobierno en torno temas como tierra, territorio, agua, minería, enmiendas constitucionales, y el debate sobre la reelección indefinida. Hay también un rechazo al modo de actuar de Rafael Correa.
Ante este proceso colectivo de expresión de descontentos, el gobierno persiste en una provocadora posición de crear contramarchas, de vejar y condenar a los organizadores o dirigentes sociales, de incrementar la represión y criminalizar a las y los líderes sociales participantes. Todo lo cual termina por reforzar la polarización, las tensiones y finalmente el que sectores diversos en la sociedad se muestren prestos a enfrentar al gobierno, a pesar también de lo que parece ya ser la creación de fuerzas de choque gubernamentales, como lo han demostrado al desalojar a golpes a manifestantes en la Plaza de la Independencia.
El país no puede permitirse el lujo de destruir así su convivencia colectiva. No puede permitir la destrucción de la lucha política, convirtiéndola en riñas y confrontaciones violentas. Al mismo gobierno no le conviene persistir en esta posición que le hace perder legitimidad y reconocimiento, además de debilitar sus posibilidades de ganar las elecciones. Es necesario para la sociedad ecuatoriana poner término a esta dinámica de confrontación, de violencia verbal, de represión violenta desmedida y de sanciones judiciales que son persecuciones legalizadas.
Los hechos han demostrado ya que las propuestas de enmiendas constitucionales – que el gobierno cuenta aprobar en la Asamblea y no en un referéndum como pide más del ochenta por ciento de la población – suscitan amplio rechazo. De aprobárselas, aumentará aún más la protesta popular y se puede prever la actitud beligerante del gobierno, el enfrentamiento con los sectores contestatarios, la violencia y la represión.
Las demandas de la CONAIE, del FUT y de otros actores sociales no son anti patrióticas, y tienen la legitimidad suficientes para ser debatidas con el gobierno, abiertamente, para que la población pueda ser parte del intercambio y pueda definir sus posiciones. Por lo tanto, el gobierno debería encaminarse en un verdadero, franco y abierto diálogo con esas organizaciones y sus aliados para lograr un ACUERDO SOCIAL POR LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN, acuerdo que no requiere de SENPLADES ni de otro órgano burocrático que solo terminará por diluirlo en reuniones sin fin.
El Ecuador ha llegado a un momento crítico que requiere revisión de acciones y posiciones precisamente para que el convivir no se deteriore más, y todos hagan honor al valor de una democracia que reconoce la pertinencia de la participación.
Lo fundamental, en todo caso, es que el conjunto de la sociedad pueda ver la importancia de que todos y todas defendamos la convivencia democrática y participativa, y nos encaminemos a enfrentar conjuntamente los complejos y difíciles desafíos que el Ecuador debe enfrentar en la crítica situación económica actual. Situación que exige precisamente el aporte, critico o no, pero decidido, de todos y todas.
