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El sustituto de la presidenta Laura Chinchilla podría conocerse en las elecciones generales del próximo 2 de febrero, pero el clima político en Costa Rica no ofrece certezas todavía. No hay favoritos claros y la población – entre molesta y desconfiada con la clase política – reparte sus apoyos de tal manera que parece difícil que cualquiera pueda alcanzar el 40% de los votos mínimo para un triunfo en primera vuelta. Los equipos de campaña ya están preparándose para una eventual prolongación, hasta el 6 de abril, de una batalla electoral tan teñida de ideología como ninguna otra en las últimas tres décadas.
El desgaste del oficialismo representado por Johnny Araya (Partido Liberación Nacional, PLN) se ha mezclado con el surgimiento sorpresivo del joven de izquierdas José María Villalta (Frente Amplio) y con los réditos que le ha dejado al abogado Otto Guevara (Movimiento Libertario) una perseverante carrera política de 20 años que comenzó en la derecha extrema y ahora intenta colocarse como un “liberal de centro”. Las encuestas colocan a estos tres candidatos en la punta de las preferencias electorales, en un terreno en el que también juegan la principal fuerza opositora en este Gobierno – el historiador Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana (PAC, centro izquierda) – y el abogado Rodolfo Piza, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, centro derecha), el cual hasta hace diez años protagonizaba con el PLN el sistema bipartidista que imperaba.
El electorado, formado por 3,1 millones de personas en esta democracia estable desde mitad del siglo XX, encaró esta elección desde la apatía y el descontento con la política. La popularidad de Laura Chinchilla cayó a mínimos y ha afectado al oficialista Johnny Araya, alcalde de la capital durante los últimos 22 años. Así, en estos cuatro años, se ha ido robusteciendo el joven José María Villalta, único diputado del único partido de izquierda con representación en un Congreso de 57 escaños. Ahora, es el refugio que acoge a miles de indignados con la política y que materializa la primera opción de la izquierda de asumir el poder en este país donde este sector siempre ha sido minoría. Ahí empezó la pelea ideológica.
En contra de Villalta, el PLN y los sectores conservadores disparan los adjetivos de “comunista” y “chavista”, valiéndose de manifestaciones recientes de su pequeño partido. También le achacan contradicciones en temas como su credo religioso o el aborto, asuntos sensibles en este país de religión oficial católica. El diputado contesta a los ataques a fuerza de retórica y de empujar el discurso hacia el centro ideológico, mientras insiste en impulsar propuestas dirigidas a acabar con “el sistema neoliberal”. Las comparaciones le llegan con la Venezuela de Hugo Chávez y con la Nicaragua de Daniel Ortega, pero sus partidarios aluden al Uruguay de José Mujica y el Brasil de Lula.
La ofensiva contra Villalta viene del PLN y del Movimiento Libertario, pero también de colectivos de la empresa privada asustados con la posibilidad de un gobierno de izquierdas. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) salió al paso de estos métodos y emitió una prevención a las cámaras patronales, además de exigir detener la circulación de panfletos “contra el comunismo” que se distribuyeron adheridos a facturas de Avon, una marca de cosméticos de venta a domicilio. También hay denuncias de empleados de la franquicia de comidas Subway por la carta de un gerente que les llama a votar contra Villalta, pues lo considera una amenaza para la empresa.
El tercer candidato que las encuestas colocan en la lucha por el primer lugar – o por colarse a la eventual segunda vuelta – es Otto Guevara, quien asume su cuarta candidatura presidencial con un mensaje simple: bajar la tarifa eléctrica, crear 500.000 empleos y reducir los impuestos. Además, propone el ruptura del monopolio energético del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la reducción de controles del Estado para crear negocios. Hace dos décadas quería romper el aporte obligatorio a la sanidad social y deploraba el uso de dinero estatal en la campaña, pero ahora predica lo contrario. También asegura haber incorporado en su ideario principios de la Doctrina Social de la Iglesia y en esta campaña se opone con contundencia al aborto, aunque su partido se siga llamando “libertario”.
Tanto Guevara como Villalta se atacan entre sí; por “neoliberal” uno y por “comunista” el otro. Mientras, dirigen también sus dardos contra el oficialista Araya, por ser la carta de continuidad y por sus dos décadas a cargo de una ciudad capital donde pocos quieren vivir. Sus propuestas intentan retomar los principios socialdemócratas que, como señala él, su partido ha perdido al priorizar el desarrollo económico sobre lo social. Repite que Costa Rica es el país donde más creció la desigualdad entre ricos y pobres en América Latina en la última década, coincidiendo con los ocho años de gobierno en manos del PLN. Estas autocríticas le han traído recelos en su propio partido, incluido del expresidente Óscar Arias (2006-2010).
Entre la población, sin embargo, la discusión ideológica se cruza con el voto protesta y el voto útil (a favor de los punteros en las encuestas). Es cuando aparecen casos como el de Pablo Z., dueño de un pequeño restaurante en la periferia de San José. Contó este domingo que está “harto del PLN”, por lo cual su apoyo está por dirimirse entre el izquierdista Villalta o el conservador Guevara. “Puede que haya otras opciones buenas, pero veo que en las encuestas solo estos dos son los que tienen posibilidad de evitar que gane Johnny”. Frente a él, una clienta: “Para mí lo importante es evitar que caigamos en el comunismo. Estoy esperando para decidir mi voto según el que vea con más posibilidad de ganarle a ese ‘carajillo’ (niño, en Costa Rica)”, dijo Isabel Miranda en contra de Villalta. Contó que su hijo, un estudiante de medicina en una universidad privada, apoya ahora a Guevara, pero hace tres días prometía votar por Araya.
No se trata de una simple anécdota. Analistas y encargados de encuestas señalan una alta volatilidad de la preferencia electoral, acompañada de casi un 40% del padrón que aún está indeciso y de una tendencia creciente al desapego de la población y a su crítica al sistema político. Como agravante, los partidos tardaron en captar recursos para su proselitismo, un financiamiento que la autoridad electoral reconoce como inequitativo, pues los partidos pueden pedir reembolso de gastos después de la campaña, y los recursos de momento dependen de préstamos que conceden los bancos según la posición en las encuestas. El problema para ellos es que la contienda tiene pinta de no acabar este 2 de febrero, sino de llegar hasta el próximo 6 de abril, con el balotaje.
