LA PESADILLA DURANTE TRES DÉCADAS DE DEMOCRACIA
Javier Ponce
La justicia ha sido la pesadilla del Ecuador desde el retorno a la democracia.
Politizada, corrompida inicialmente por el gobierno de Febres Cordero y los tentáculos socialcristianos, ha ido construyendo una cultura del engaño, un territorio del vacío, en el que los procesos judiciales acumulan fantásticas cantidades de fojas hasta que madure el acuerdo fraguado bajo la mesa.
Ha sido cotidiano entre los ecuatorianos adivinar el destino de sus querellas, no a partir de sus razones sino de la catadura de los miembros de la sala o del juzgado que les toque en turno. Allí han ganado celebridad los jueces. Allí han construido sus historiales, sus «hojas de vida», sus prontuarios.
Y nosotros, a regañadientes, nos hemos visto obligados a acudir a esos juzgados en los que no creíamos.
Lo insólito del caso es que la partida de jueces que instaló Febres Cordero y el socialcristianismo, continuó por años, a través de varios gobiernos, para que la independencia de las funciones y el derecho a la impunidad —que han caminado
juntos— se mantuviera. Sin salpicar a los gobernantes, sin manchar su virginidad con respecto a la independencia de cada función, aunque aquello significara que el reinado de Febres Cordero en las cortes le sobreviviera casi incólume, particularmente en los juzgados de la costa ecuatoriana.
Apenas un intento de consulta popular para reformar las Cortes propuesto en el año 2005 naufragó en el Congreso y dio paso al zarpazo por parte de Lucio Gutiérrez para instalar la «pichicorte». Los dos zarpazos a las Cortes, el de Febres Cordero y el de Lucio Gutiérrez se han caracterizado por lo mismo: actos solitarios, sorpresivos, de espaldas o a contrapelo de los ciudadanos. Cuando no ha sido un audaz dirigente gremial el que ha hecho de las suyas en la Judicatura.
Lo ocurrido hasta aquí con las cortes y los tribunales de justicia es un buen motivo para poner a remojo viejas concepciones sobre la independencia de funciones. La hemos leído en clave de conflicto. Cuando a las puertas de la última Asamblea Constituyente se hablaba de un posible Consejo de Estado con la presencia responsable y comprometida de los tres poderes, apuntaba a encontrar una complementariedad entre las tres funciones del Estado y una superación de la «independencia» reconocida exclusivamente cuando una función se oponía tercamente a la otra.
Resulta un acto de mojigatería blandir ahora la tesis de la independencia de poderes, que sí es fundamento de la democracia, pero que implica, no únicamente independencia entre sí sino independencia de intereses particulares. La independencia de poderes quiso ser el escenario en el que el ejecutivo, el legislativo y el judicial encontraran puntos de equilibrio, incluso disensos en el camino de acercarnos a la justicia. Muy al contrario, la independencia entre el ejecutivo y el legislativo alcanzó identidad únicamente en el conflicto. Y la independencia entre el ejecutivo y el judicial se definió en la retórica y se ahogó bajo la mesa. ¿No será posible, a través de la legitimidad que concede una Consulta Popular, buscar un nuevo punto de partida?
La oposición dice que no. ¿Qué propone? ¿Una judicatura elegida por la Asamblea o por el Consejo de Participación? Si es eso lo que propone ¿se compromete a no cacarear después las acusaciones de supuesto control de esas instancias por parte del Gobierno Nacional?
¿Le asusta que sean tres representantes de los poderes del Estado los que definan el futuro de las cortes? ¿Tendrían que ser seis, nueve o cualquier múltiplo de tres para garantizar la independencia de los poderes?
La oposición dice simplemente que no. No propone una salida. Prefiere que continúe la pesadilla inaugurada por Febres Cordero en los años ochenta.
* tomado del la publicación Alianza PAIS y la consulta popular
