LA SOBERANIA RADICA EN EL PUEBLO SÍ A LA VIDA, SÍ AL MEJOR VIVIR,
SÍ A LA CONSULTA POPULAR
Carlos Marx Carrasco
La «larga noche neoliberal» dejó a su paso mayor concentración económica y política. Impidió la construcción de una sociedad inclusiva, con igualdad de derechos y oportunidades.
El Estado corporativista jamás miró más allá de los intereses de los grupos de poder oligárquicos. El pueblo, apenas, era convocado a las urnas cada 4 años o cada que caía un gobierno por su permanente traición y engaño a las justas aspiraciones de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas.
Los «21 puntos pragmáticos» de la «Fuerza de cambio» roldosista fueron sustituidos por dos «cartas de intención» suscritas por el gobierno demopopular presidido por Oswaldo Hurtado y por el asalto sucretizador que no puso reparo alguno para entregar —a título gratuito— más de mil millones de dólares a un puñado de empresarios y banqueros. Enseguida, el despotismo arbitrario del gobierno febrescorderista, continuó con la línea del ajuste y estabilización neoliberal. En vez de cumplir su promesa de «pan, techo y empleo», propició una mayor concentración de la riqueza y la pérdida de la soberanía económica…¡La privatización estaba en marcha! La democracia popular y el partido socialcristiano se adelantaron al «Consenso de Washington», aplicándolo con carácter retroactivo.
Luego, la socialdemocracia continuó con el aperturismo, la flexibilización y con la retirada del Estado de la participación en la conducción, dinamización y control del desarrollo. ¡Una promesa incumplida más! Al término del gobierno borjista, ingreso y riqueza quedaron más concentrados.
Durán y Dahik, por su parte, a lo largo del gobierno (1992- 1996) dieron rienda suelta al «Consenso de Washington». Tal fue el descontento popular ante los efectos perversos de los reiterados ajustes que poco a poco iban asesinando a la moneda nacional y empobrecían a enormes capas poblacionales. La crisis política y económica fue tal que el vicepresidente debió alzar el vuelo sin responder por los graves destrozos sociales ocasionados.
Los siete presidentes que gobernaron durante los 10 años siguientes prácticamente terminaron con la institucionalidad del Estado, sin contribuir para nada a la construcción de una auténtica democracia, todo lo contrario: desacreditando lo público y la política. La Constitución Política de 1998, dictada a espaldas de la ciudadanía, consagró el modelo neoliberal bajo el sugestivo nombre de «Economía Social de Mercado». Mediante el establecimiento de la autonomía del Banco
Central y la colocación de los pilares para que los banqueros hagan lo que les parezca, se sentaron las bases para «el salvataje bancario», que significó alrededor de 8 000 millones de dólares que se cargaron sobre las espaldas del pueblo.
Por fin, ante tanto clamor y la exclusión a millones de ecuatorianos y ecuatorianas, poco a poco, venía incubándose una «nueva alternativa», auténticamente democrática y participativa que permita la construcción colectiva de un nuevo Contrato Social para avanzar por el camino del «buen vivir», del Sumak Kawsay. Con el carismático liderazgo de Rafael Correa Delgado, se inicia un imparable cambio de época que cuenta con la participación directa de la amplia mayoría ciudadana.
A lo largo de estos 4 años del gobierno del Movimiento Alianza País, la participación democrática de todas las ecuatorianas y todos los ecuatorianos, está posibilitando que las utopías, que los sueños, sean posibles. La reducción de la pobreza, la atención a las necesidades fundamentales,
la creciente inversión pública en infraestructura, salud, educación, vivienda son evidentes. A partir de los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo para el «Buen Vivir», el hermoso sueño plasmado por decisión popular en la Nueva Constitución de la República se está haciendo realidad. En 6 oportunidades el pueblo, directa y mayoritariamente, se ha pronunciado por Consolidar la Revolución Ciudadana.
La Constitución de Montecristi, siendo un hermoso y bello proyecto de vida en común, no se escribió en piedra. Ante las evidencias no podía esperarse más y se hace imprescindible un urgente afinamiento (enmiendas o reformas). Igualmente, son imprescindibles, cambiar algunas prácticas y algunas leyes, de manera que respondan a los requerimientos de una democracia más solida y de una óptima comprensión y financiamiento del «Estado Constitucional, de derechos y justicia».
Uno de los ejes trascendentales de la «Revolución Ciudadana» es la Revolución Ética. Sin ella no es posible modificar leyes e inconductas que gravitan sobre la calidad de vida del conjunto de la población. En la línea de la profunda vocación democrática del Movimiento PAÍS, ante la persistencia de una administración de justicia corrupta y una serie de problemas de diverso orden —sobre todo ético— el Gobierno Nacional, siguiendo estrictamente las normas constitucionales y legales decidió convocar a una nueva «Consulta Popular».
De las 10 preguntas de la Consulta Popular, siendo todas importantes, una de ellas es de relevancia fundamental. Me refiero a la necesidad de TIPIFICAR COMO DELITO AUTÓNOMO AL ENRIQUECIMIENTO privado INJUSTIFICADO.
Es verdad que varias leyes penales ya sancionan algunos delitos que redundan en aumentos patrimoniales ilícitos. Por ejemplo: la evasión tributaria, el fraude aduanero, el lavado de activos, el tráfico de personas, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el sicariato, el robo, etc., efectivamente, ya están tipificados y sancionados. La pregunta es: ¿De la amplia gama de estos delitos, la justicia ha logrado demostrar y castigarlos? La respuesta es NO.
Si el argumento es que ya existen leyes suficientes para sancionar el enriquecimiento injustificado ¿Cuál es el problema de «abundar en la norma? ¿No será, precisamente, que se pretende mantener total impunidad para acrecentar ilícitamente enormes fortunas? Una respuesta popular afirmativa permitirá combatir en serio la inveterada costumbre de hacer plata a como dé lugar, de la noche a la mañana. Se ha dicho también que se estaría revirtiendo la carga de la prueba sobre el ciudadano y que se estaría vulnerando el derecho a la defensa. Tampoco es cierto. La respuesta popular positiva significará que ante serios indicios de un sustancial crecimiento patrimonial injustificado, será el Ministerio Público quien indague e investigue hasta tener las pruebas suficientes para iniciar la acusación correspondiente y, serán los jueces competentes quienes, de haberse demostrado LA COMISIÓN DEL DELITO, dicten el respectivo fallo.
Llamamos a la ciudadanía a participar activamente en el debate sobre los temas planteados en la CONSULTA POPULAR convocada para el 7 de mayo. La consulta es el ejercicio participativo más democrático posible. No hay que perder esta nueva oportunidad para seguir consolidando el proceso de transformación ética, social, económica, política y cultural del país.
DICIENDO SÍ A TODAS LAS PREGUNTAS DAMOS UN SÍ ROTUNDO AL CAMBIO, UN SÍ A LA VIDA, UN
SÍ A LA PATRIA, UN SÍ AL BUEN VIVIR.
