LAS COSTURAS DE LA LEY DE COMUNICACIÓN. por Carol Murillo Ruiz

LAS COSTURAS DE LA LEY DE COMUNICACIÓN

 Carol Murillo Ruiz*

27  julio 2012

Siempre me ha parecido precisa la definición que hizo Gabriel García Márquez del periodismo: es el mejor oficio del mundo. Y siempre me ha parecido extraño que cuando en el Ecuador se habla de la comunicación y del periodismo -que no siempre son lo mismo- quienes más se embrollen sean los supuestos profesionales de cualquiera de las dos ramas.

 Desde que nos vimos en la urgencia de debatir sobre una ley que regulara los inveterados privilegios de aquellos que habían podido fundar medios hasta convertirlos en empresas o pull mediáticos, no nos habíamos percatado de que los medios tenían un sitial super fashion en el imaginario nacional. Tan acostumbrados estábamos a que los presentadores de noticias fueran, además, divos y portales de las novedades de la política, que nunca reparamos en que podía haber un periodismo o una comunicación diferentes o, por lo menos, sin cultos a personalidades curiosas o supuestamente cultas.

 … Y un día la idea de medios públicos vino a ser un parteaguas en el escenario de la comunicación… y todos huyeron de la discusión porque nadie sospechaba cómo podría funcionar eso de los medios públicos en un país en el que tampoco se entendía la diferencia entre el Estado, el gobierno y lo público. O, lo que se sabía, se resumía así: el Estado es la peor institución que ha parido la historia y el gobierno es un grupo de oligarcas que usufructúan del Estado. ¿Y lo público? Silencio. Ni siquiera la etimología de la palabra república, contenida en la expresión latina res publica, pudo superar lo que el neoliberalismo había hecho a fines del siglo XX: la privatización de lo público.

 Por eso, antes que hablar de la necesidad de medios públicos en un país dominado por un par de docenas de canales y decenas y decenas de radios, se empezó a hablar, sin parar, de las bondades de los medios privados. Y recién entonces, por ausencia, se pudo hablar un poquito de medios públicos.

 Y, por fin, se pudo analizar el argumento esencial de la comunicación: el manejo de la información como un bien público y, más, cuando se trata de las cosas atinentes a la política.

 Nunca se dijo que los medios privados no sirven. Se ha dicho, con sobrada razón, que ellos son parte del andamiaje socio-económico que articula intereses corporativos específicos. Y que, sus vínculos con la política, no los hace actores independientes de las lógicas que sostienen dicho andamiaje.

 En ese contexto, debo decir que a la Ley de Comunicación le sobra algo y le falta algo.

 Le sobra tener de centro neurálgico a unos medios privados a los que hoy, gracias al debate (de más de cuatro años) sobre su rol y sus falencias, pocos le creen, a pie juntillas, lo que emiten o publican.

 Y le falta sustentar la naturaleza concreta y efectiva de unos medios públicos que se deban a la res publica de todos y de todas.

 El mejor oficio del  mundo solo puede ser ejercido por quienes entiendan y ejerzan la comunicación lejos de las oficinas de los dueños, de los burócratas o de los encargados de cerrar las puertas de los servicios públicos de los edificios privados.