LAS FRASES PROHIBIDAS: A PROPÓSITO DE LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO DE PATENTAR LOS TÉRMINOS “30-S” Y “PROHIBIDO OLVIDAR”
Natalia Sierra
Ya hace tiempo el Filósofo francés Michel Foucault sostenía respecto del discurso:
…yo supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada, y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad.[1]
En la misma reflexión, el autor sostiene que el discurso se controla con procedimientos de exclusión y prohibición. No se puede decir todo, no se puede hablar de todo, no todo individuo puede hablar, ya que existe derecho exclusivo y privilegiado del sujeto que habla, etc. Tesis que desmienten el supuesto derecho a la libertad de expresión tan discutido y peleado en los actuales tiempos entre el Gobierno y los Medios de Comunicación.
Tomando en cuenta las diferencias propias de los distintos contextos socio-históricos y políticos, el control sobre lo que se dice no ha desaparecido. En unos casos, el mismo se presenta de manera encubierta tras la retórica del derecho del ciudadano a la “libre expresión”, y, en otros, es grotescamente evidente. Los primeros casos se han desarrollado en las sociedades cuyos regímenes políticos se acercan más al modelo de la democracia liberal burguesa, digamos la Europa-occidental y la América anglosajona. Los segundos son propios de regímenes dictatoriales o de democracias deficientes, como las de América latina.
En las sociedades del llamado primer mundo, autodenominadas libres y democráticas, el derecho ciudadano a la libertad de expresión debilitó muchos de los procedimientos usados en el control del discurso. Situación que fue contrarrestada con el ejercicio de lo que Foucault llamo bio-poder y con la conformación de las sociedades panóptico. El control sobre lo que se dice se desplazó al control total sobre lo que se hace, el poder de dominación dado en los procedimientos para el control discursivo se desplazó hacia lo que otros autores sostienen como la ritualización o materialización de la ideología dominante. Puedo decir en público lo que quiera y cuando quiera, siempre y cuando en privado cumpla con la obligación mercantil. Esta es la trampa implícita en la libertad de expresión, importa más lo que se hace que lo que se dice, pues en el hacer, en el arrodillarse ya está la creencia, la idea, el discurso. De hecho, cuando los liberales defienden la libertad de expresión defienden la ilusión de la libertad o su libertad liberal burguesa, la libertad de los medios de difusión masiva, la libertad de la ideología burguesa. No hay aquí posibilidad de escapar del control, pues éste se ejerce en la praxis cotidianidad a través del sometimiento de los cuerpos.
En las sociedades llamadas del tercer mundo, “periféricas”, “subdesarrolladas”, donde se han ensayado dictaduras, pequeños fascismos, autoritarismos en función de la reproducción del capitalismo central, la libertad de expresión nunca ha logrado ser una política cierta. El control del discurso, con los procedimientos expuestos por Foucault, ha sido una práctica permanente. Se ha prohibido de forma explícita ciertos temas considerados peligrosos como los relacionados con la discusión política, se ha deslegitimado los sujetos y los discursos que se han opuesto al hegemónico, se ha encarcelado y silenciado las voces disidentes, se ha confiscado los discursos y se los ha encerrado en la academia y en ciertos círculos de poder dominante, etc. Esto ha sido parte de nuestra historia, de hecho hemos sufrido de persecución, cárcel e incluso asesinato por decir lo que se piensa por fuera de lo permitido por el poder hegemónico. El control ha sido directo en razón de que nuestra palabra disidente siempre es una praxis disidente, en ello radica su abismal diferencia de la libre expresión como derecho ciudadano.
Lo inacabado del estado liberal burgués en nuestros países y sobre todo en el Ecuador que no posibilitó la implementación plena del derecho a la libertad de expresión, tampoco permitió la implementación plena del control ideológico de la población. Más allá de las prohibiciones que se han puesto sobre la palabra disidente, y quizás por lo mismo, esta palabra ha buscado e inventado mecanismos para hacerse oír, y el mejor que descubrió fue hacerse carne, historia, ponerse como cuerpo en el mundo. Así, la palabra ha recorrido calles, ha caminado por todo el territorio, ha bajado de los páramos a la ciudad, se ha hecho levantamiento popular, ha defenestrado presidentes, ha impedido la privatización de los bienes del pueblo, ha detenido a las transnacionales en su voracidad, etc. La prohibición a lo que decimos nos ha obligado a imaginar su permanente trasgresión.
Frente a esta fuerza que la palabra disidente ha tenido en el Ecuador, al parecer, el Gobierno de Alianza País tiene la intención de probar estrategias “nuevas” para poder controlarla. Está ensayando juntar y perfeccionar los dos mecanismos de control del discurso político disidente.
Por un lado, pone ha funcionar un proyecto de control ideológico “total” vía publicidad política, usando para esto todos los medios de comunicación de masas, tanto los gubernamentales, que cada vez son más, cuanto los privados a través del contrato de espacios publicitarios (no olvidemos la transferencia de recursos que el Gobierno realiza a las grandes empresas mediáticas por pago de publicidad) Digamos que el Gobierno está ejerciendo su libertad de expresión , tal cual la ejerce la Coca Cola, la Nike o Supermaxi, banco del Pichincha, etc.
Por otro lado, como todo proyecto autoritario mantiene el control explicito sobre lo que lo que el pueblo dice. Ejemplo de esto son los juicios que se han entablado a periodistas, a dirigentes populares y a personas comunes por sus opiniones vertidas en contra de las políticas del régimen y de sus funcionarios; o por denunciar actos cubiertos por la sospecha de la corrupción. Política de persecución corregida y mejorada que ya han usado gobiernos anteriores. En esta línea, lo último que se le ha ocurrido a los funcionarios de Alianza País es patentar términos, palabras, frases, que para empezar no son de su autoría como es el caso del 30-S o aquello de “prohibido olvidar”, lo primero es algo que surge en la discusión de los ecuatorianos sobre lo ocurrido en septiembre treinta del 2010, y en cuanto a lo segundo es una frase tan usada por las personas en sus construcciones discursivas en diversos ámbitos lingüísticos.
Este último invento del Gobierno a simple vista es tan absurdo que podría ser un buen pretexto para sacar muchas sonrisas a los ecuatorianos, sin embargo la intención es preocupante si tomamos en cuenta que se quiere confiscar la palabra. Hoy son estos dos términos mañana puede ser cualquier otro y otros, y así nos van expropiando el lenguaje de manera explícita y legal, como ya usurparon el discurso y los símbolos de la izquierda para confundir al pueblo.
Lo que hay que tener claro es que lo que está en juego con toda esta estrategia de poder, que el Gobierno viene aplicando, no es la libertad de expresión, sino el acontecimiento político disidente. A esta estrategia de control explícito de la palabra y el discurso hay que sumar por un lado, el control soterrado de la población, vía subsidios, clientelismos, proyectos, etc., y por otro la criminalización de la protesta social. Entendiendo este patrón de poder es necesario defender nuestra palabra y nuestro discurso, no para defender la libre expresión del ciudadano, sino para defender el acontecimiento político del pueblo, preñado en su palabra y su discurso disidente. Defender la construcción de un mundo distinto.
pues la libertad desde abajo, la libertad no mercantil, es caminar construyendo otro mundo y en esa medida desconectarse e ir saliendo de esta sociedad ya decadente.
[1] Foucault, Michel, El orden del Discurso, 1970.
