21 de diciembre 2017
El pasado viernes, 15 de diciembre de 2017, el juez del Complejo Judicial de Cuenca expulsó a un comunicador social de INREDH de la sala donde se desarrolla la audiencia en contra de 42 policías por el delito de tortura en el Centro Rehabilitación Social Turi, ocurrido el 31 de mayo de 2016. La decisión del juez se dio por presión de los familiares de los policías involucrados en el Caso Turi, quienes señalaron que el comunicador “era de INREDH” y que esta organización siempre está “tuitiando” las audiencias de este caso. El policía que cumplió la orden del juez intentó obligarlo a borrar los tuits escritos y las fotografías tomadas amenazando que le confiscaría el celular y lo llevaría a la Fiscalía.
La orden de desalojo contra un defensor de derechos humanos que registra una audiencia pública, a criterio del Comité de Defensa de Derechos Humanos del Guayas, “es abiertamente contraria a las normas internacionales y la Constitución. Dicha disposición vulnera el rol esencial de veeduría ciudadana cuando el acusado es el Estado o sus funcionarios. En el peor de los casos, los operadores de justicia pueden evitar el registro audiovisual, pero en ninguna circunstancia cabe restringir uso de fotos y audios, especialmente al tratarse de violación a derechos humanos”.
Luego de este incidente, un policía se acercó al comunicador expulsado para explicarle el daño que le ha hecho la exposición mediática del Caso Turi. Este policía contó cómo ha debido cambiar de escuela a sus hijos; cómo lo han expulsado ya de tres lugares, cómo ha debido cambiar de ciudad y de casa; en definitiva, cómo su familia está sufriendo con las noticias que salen de las audiencias del Caso Turi y la posibilidad de que él pueda ir a la cárcel. Todo esto lo contó mientras sus ojos lagrimaban.
El dolor de las familias y la presión mediática
En otro escenario, un hombre se despide de su esposa con un beso; ya antes se había despedido de sus hijos, luego se entrega a las autoridades que lo llevarían detenido. Estas escenas pasadas por televisión sin duda estremecen. Días después, este hombre pediría disculpas a su familia por el dolor causado al “preferir ir a la cárcel siendo inocente que huir como un cobarde”.
Cuando la justicia determinó que este hombre, llamado Jorge Glas y que llegó a ser Vicepresidente del Ecuador, no era inocente y lo condenó a seis años de prisión, su madre, Norma Espinel, envió una carta abierta al Papa Francisco. “Papa Francisco, por favor, interceda a los verdugos de mi hijo Jorge”, dice esta madre en un video.
César Montufar, político que asumió el riesgo de enfrentar a Glas, participando como acusador particular en el proceso judicial, dice en una entrevista publicada por Diario El Comercio que cuando el juez anunció la pena de seis años vio un gesto de aturdimiento en el rostro del vicepresidente Jorge Glas y sintió tristeza por él y por su familia. “No había nada que celebrar. Era una tragedia para todo el país”, dice Montufar.
Es verdad, no hay nada que celebrar; la familia de Jorge Glas está destruida, pero también está afectada la familia de César Montufar debido al acoso y a las agresiones que ha sufrido Montufar al decidir participar en este proceso. Según la entrevista dada a El Comercio, Montufar no se siente triunfante, se siente triste.
El comunicador de INREDH cuenta que se sintió impactado al escuchar al policía y pensar en su familia, pues ver el rostro humano de quien es considerado como responsable de una violación a los derechos humanos sin duda conmueve y cuestiona su labor como reportero de estas audiencias.
Glas acusa a los medios de comunicación de haber iniciado una persecución en su contra, lo que influyó para que la justicia también lo persiga. El policía del caso Turi también acusa a los medios de comunicación y a los comunicadores de las organizaciones de derechos humanos de haberlo señalado como culpable de la tortura cometida el 31 de mayo de 2016 en el pabellón de mediana seguridad de la cárcel de Turi. ¿Son culpables los comunicadores de la tragedia humana que sufren quienes han delinquido?
10 años de silencio forzado de los medios de comunicación facilitaron que se cocine tantos banquetes de corrupción; una mejor compresión de su rol por parte de la actual administración presidencial ha hecho que denuncias represadas salgan a la luz y el develarlas no los hace responsables de la tragedia humana de las familias de quienes los han cometido.
En el Caso Turi, no fueron los medios de comunicación ni las organizaciones de derechos humanos las que sacaron a luz pública la brutalidad de la acción policial; fueron funcionarios anónimos, hartos de ver la violencia cotidiana en la cárcel de Turi, quienes filtraron los videos de las cámaras se seguridad en las redes sociales. Es en estos videos donde se identifica a los policías que participaron, no en las fotografías y notas difundidas por los medios de comunicación o por los comunicadores de las organizaciones de derechos humanos.
Acusar de su tragedia a los medios de comunicación solo amplía la prepotencia con la que se cometieron los ilícitos, esa prepotencia que los volvía inmunes sin considerar que alguna vez la protección se acabaría y finalmente se descubriría la verdad de los hechos. La prepotencia de Glas incluso a sabiendas de que ya no tenía posibilidades de salir inocente frente a la contundencia de las pruebas; la prepotencia de los 42 policías que torturaron a personas sometidas en el piso y, especialmente de aquel policía que propinaba descargas eléctricas a los detenidos; esa prepotencia es la culpable del dolor actual de sus familias.
Glas le debe una disculpa al país, los policías involucrados en el Caso Turi también lo deben. Reconocer su culpabilidad es la primera parte para lograr el perdón y buscar una forma de reparar el daño, pues la cárcel no es una solución, no ha demostrado ser una solución para prevenir el delito desde el inicio de su existencia. Lamentablemente, como sociedad aún no hemos encontrado una forma real de rehabilitar al delincuente y de prevenir el delito, y la cárcel se nos ha presentado como única alternativa de frenar la delincuencia.
Los más buscados en el bando de la delincuencia
En el otro bando, en el de la delincuencia común o en el de quienes han cometido un error por azar del destino, también existen familias destruidas por el estigma de ser cercanos, de ser hijos, hijas, padres, madres, tíos o tías, primos, primas o cualquiera que tenga algo que ver con las personas encausadas.
Lo peor lo llevan los hijos e hijas, pues llevan el estigma de ser la astilla del mismo palo, como dice el adagio popular; son personas condenadas de antemano, más aún cuando las fotos de sus padres o madres son exhibidas en carteles de los más buscados. Esta es la razón por la que los medios de comunicación deben cuidar de no develar la imagen de los procesados, y esto también lo saben los equipos de comunicación de las organizaciones de derechos humanos; no publicar sus imágenes no es ser cómplices del delito o la delincuencia, es un acción de protección de quienes son inocentes y no pueden cargar con la culpa de otros, por más cercanos que les sean.
La prepotencia de quienes delinquen, en cualquier estrato social, sea en el lumpen delincuencial o en el circulo más alto de la política y la economía; esa prepotencia que los ciega y que los hace olvidar de que hay cercanos que sufrirán las consecuencias dolorosas, esa prepotencia es la culpable de ese dolor; es decir, son culpables del dolor familiar quienes delinquen y no quienes develan el delito, porque a la larga la identidad se filtra y se filtran las relaciones familiares por más cuidado que tengan quienes reportan estos hechos.
