LAS MENTIRAS DE PEDRO DELGADO Y SUS EFECTOS EN LA ÉTICA PÚBLICA. por César Montúfar

 27 de diciembre de 2012

 Introducción:

La renuncia del Presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador, señor Pedro Delgado, admitiendo haber forjado su título académico hace más de 20 años, genera una serie de situaciones jurídicas, políticas y académicas que rebasan el hecho en sí. El título que falsificó, le permitió a este ex-funcionario, acceder a cargos públicos importantes, durante los gobiernos de Abdalá Bucarám, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Rafael Correa[1], cargos en los que la reputación, la confianza y la probidad en los actos personales, son condición sine qua non.

En el gobierno actual, Pedro Delgado, tuvo un rol múltiple en la función pública, en cargos y encargos de alta responsabilidad político-financiera, como son, los de delegado del Presidente de la República en el Consejo Temporal de Liquidación de varias instituciones bancarias sujetas a liquidación; Presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador[2], Presidente de la Junta del Fideicomiso Mercantil AGD-CFN-No Más Impunidad[3]; y, designado para ejecutar algunos aspectos financieros de las relaciones entre Ecuador e Irán, como son los de abrir una cuenta en un banco de un país tercero en el cual la República Islámica posee una cuenta bancaria[4]. En cumplimiento de esas funciones oficiales, a Delgado le ha correspondido actuar en delicados asuntos de Estado, como son, entre otros, los que a continuación se detallan:

1. Control y manejo de todas las empresas del Fideicomiso No Más Impunidad AGD-CFN, en coordinación con su cuñado Francisco Endara Clavijos;
2. Presidente del Comité de Subasta del Fideicomiso;
3. Gestiones para la creación del sistema de pagos electrónicos conocido como la “billetera móvil”, en la que pretendió favorecer a la empresa argentina “Scambuy”;
4. Testigo / actor en el juicio que el Estado Ecuatoriano sigue a los hermanos Isaías, en una corte de Florida.
5. Negociaciones con bancos iraníes, varios de ellos sancionados por la comunidad internacional (Bank Melli Iran, Export Development Bank of Iran, Pasargad), para crear un mecanismo de compensación financiera, con el país asiático.  Este fue un encargo de su primo, el presidente Correa, derivado de las conversaciones con el Presidente iraní Mahmud Ahmadi Neyad;
6. Gestión a nombre del Banco Central del Ecuador, BCE, en la apertura de cuentas internacionales en bancos corresponsales que tengan relación con Irán;
7. Delegado permanente del Presidente de la República en el Comité de Deuda;

Por otro lado, la actuación pública de Pedro Delgado, también  lo expuso a hechos que han sido ampliamente criticados, como son, entre otros, los siguientes:

1. Venta de ciertos activos del Fideicomiso Mercantil AGD-CFN-No Más Impunidad;
2. Contratación, con algunos de sus colaboradores, de una póliza de Responsabilidad Civil para Directores y Administradores del fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad;
3. Algún tipo de vinculación personal con el líder de un grupo acusado llevar cocaína a Milán, Italia, utilizando la valija diplomática del Ecuador;
4. Gestión directa ante el Gerente del Banco COFIEC, para que se le conceda un préstamo de $800.000, al argentino Gastón Duzac, sin cumplir con elementales requisitos para obtenerlo;
5. Adquisición de una casa en Miami, Florida, en la que parte del pago, provino de un giro de $200.000, realizado por un tercero, dos días después de haberse producido el desembolso del préstamo a Duzac.

Una mala predisposición de Pedro Delgado y de su entorno político-administrativo a proporcionar información, alimentó dudas y sospechas sobre esas actividades, presumiéndose en algunos casos, de existir situaciones ilegales y de corrupción. Como se apreciará a continuación, el funcionario aludido y en general el gobierno, aplicaron una política de no aclarar a tiempo las actuaciones criticadas o sospechadas, sino, todo lo contrario, de desafiar y atacar a los asambleístas, a los periodistas y los medios y, en general a todo aquel que buscara información o la difundiera, respecto del caso bajo análisis. El punto más alto del desafío gubernamental, fue el coctel de homenaje a Pedro Delgado, para reivindicarlo luego de las observaciones realizadas a su gestión[5]. Pocas semanas más tarde el mismo funcionario homenajeado y que de manera insistente negó las acusaciones que se le realizaron, admitía una de ellas: haber falsificado el título académico que le facilitó ocupar los cargos públicos que ha ostentado durante toda su vida.

A continuación, se presenta una síntesis de los casos y situaciones relevantes en los que Pedro Delgado ha intervenido en el último tramo de su dilatada participación en el sector público y sobre los que aún no se han despejado las dudas que han generado.

Negociaciones con bancos iraníes y sospechas de triangulación

En cumplimiento de los acuerdos entre los presidentes de Ecuador e Irán, Delgado ha viajado a varios países, a fin de abrir cuentas internacionales en bancos corresponsales que tengan relación con dicho país islámico. Uno de esos viajes fue a mediados de febrero de 2012, cuando visitó Miami, Londres y Moscú. En Rusia se reunió con tres bancos: Vneshtorgobank, VEB y CJSC Bank, en el primero de los cuales habría abierto cajas de seguridad, utilizando su segundo nombre, Miguel Delgado, lo cual ha sido negado de manera insistente por el aludido[6].

Los esfuerzos de Pedro Delgado se concentraron en establecer corresponsalías entre el banco COFIEC y un banco del sistema financiero iraní.  Para tal fin una delegación ecuatoriana que incluyó a funcionarios del Banco COFIEC viajó a Irán y se reunió con el Banco Pasargad, el Export Development Bank of Iran, el Banco Saman y el Banco Parsian. Con el Banco Pasargad, se establecieron los pasos a seguir para concretar una corresponsalía financiera, para permitir que el Banco COFIEC canalizara fondos hacia el país asiático. La idea fue que una vez que se concretaran las operaciones, Pasargad pudiera enviar o recibir fondos a través de la cuenta de COFIEC abierta en el banco tercero del exterior.

Estas gestiones para establecer corresponsalías utilizando uno de los bancos en poder del Fideicomiso No Más Impunidad, entonces dirigido por Delgado, fueron sospechadas de ser una manera de generar una triangulación que le permitiera a Irán eludir las sanciones financieras impuestas por la comunidad internacional.  Hechos no aclarados como el depósito en COFIEC, de casi 2 millones de dólares en efectivo, realizado por la Embajada de Irán en Quito, han alimentado más aún esta sospecha, pues nunca fue aclarada la manera cómo dicha representación diplomática obtuvo esa suma en efectivo, sin utilizar los mecanismos legales para transferir sumas elevadas de dinero.

Manejo del Fideicomiso No Más Impunidad AGD-CFN

Por efectos del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, todos los activos de la Agencia de Garantías de Depósitos, fueron transferidos al Fideicomiso AGD-CFN, del cual Delgado fue Presidente de la Junta.  Esto le permitió contar con una estructura financiera y empresarial importante, en la que podía “realizar todos los actos de administración financiera necesarios para la adecuada gestión de las empresas bajo su control, y disponer de las utilidades que unas reporten, para la capitalización de otras…”[7]

Dado el enorme poder que Delgado disfrutó, tanto por sus mismos cargos, como por ser pariente cercano del Presidente de la República, prácticamente no hubo control alguno de las actividades del Fideicomiso por parte de las instancias correspondientes del Estado  De la escasa información que ha aparecido sobre el manejo del Fideicomiso CFN-AGD-No Más Impunidad, se desprende que al menos han sido otorgados los siguientes créditos vinculados, por parte del Banco COFIEC[8]:

Además, existen indicios de que muchos de los bienes del Fideicomiso, han sido enajenados de manera irregular y en perjuicio para el Estado Ecuatoriano, siendo el caso más conocido, el del Ingenio EQ2.

Es decidor el hecho de que el Superintendente de Bancos, solamente en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, a inicios de octubre del 2012, diera a conocer aspectos irregulares, que pese que fueron ya conocido con varios meses de anticipación, no se realizaron los correctivos necesarios, como establece la ley.  Entre esos casos, se citan el irregular préstamo al ciudadano argentino Gastón Duzac y la concesión de varios préstamos vinculados, por parte del Banco COFIEC. Entre las revelaciones del Superintendente, constan la de que el dinero entregado a Duzac sí es un crédito vinculado, por presunción y que también hay otros casos similares dentro de los 17 préstamos, cuyos procesos han sido calificados como irregulares, entre ellos un préstamo de USD 1,15 millones al Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, que lidera Pedro Delgado.

Préstamo de $800.000, al argentino Duzac

En su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, el 15 de octubre de 2012, el ex-gerente del Banco COFIEC, Ing. Antonio Buñay,  manifestó que fueron Pedro Delgado y su cuñado Francisco Endara, quienes le refirieron a Gastón Duzac y a Pedro Alosegui[9]  Otros testimonios también evidencian que Delgado tuvo un interés especial para que el Gerente del Banco COFIEC viabilice una transacción financiera, que era parte de una iniciativa empresarial en la que él y su cuñado Francisco Endara, tenían interés.  Para esto era necesario que se tramitara el crédito a Duzac, para lo cual Endara, de manera autoritaria, presionó a los funcionarios y miembros del directorio de COFIEC para que el préstamo sea concedido de manera rápida[10].

Otro aspecto que quedó en evidencia, fue la responsabilidad de Pedro Delgado, en la utilización de las estructuras institucionales de las empresas Induequipos, Seguros Rocafuerte y Agrícola las Mercedes, en la configuración del andamiaje documental que se forjó para aparentar una garantía para el préstamo que se solicitó a COFIEC.  Todas esas empresas, son propiedad del Fideicomiso AGD-CFN No Más impunidad y, por tanto, sobre ellas Delgado tenía una influencia directa.

Sin embargo de la evidente actuación ilegal de Pedro Delgado para  forzar un crédito a alguien que a él interesaba, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, presidida por Silvia Salgado emitió un informe en el que se minimizó la actuación del Presidente del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad, a quién incluso ni se lo nombró en dicho documento.

La Billetera Móvil

El justificativo que Duzac dio para obtener el préstamo, fue la adquisición de una empresa para llevar adelante el denominado proyecto “billetera móvil”[11], que el Banco Central del Ecuador, se encontraba adelantando.  Esto se conectaba con una licitación que el Banco Central del Ecuador, presidido por el mismo Pedro Delgado, promovió de manera conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo, para desarrollar el software de la plataforma informática para implementar la citada “billetera móvil”.  Como ha sido suficientemente evidenciado, la empresa Scanbuy, a la que se vinculó Gastón Duzac como efecto del préstamo que recibió, fue incluida  por el Banco Central del Ecuador, en la lista corta para que participe en el concurso que el Banco Interamericano de Desarrollo abrió para desarrollo del software indicado.

No obstante todas las evidencias existentes, de manera insólita y con la obvia intención de crear una cortina de humo en torno al tema, en octubre del 2012, Delgado, solicitó a la Fiscalía que se dicten medidas cautelares urgentes en contra de Gastón Duzac, de Juan Antonio Hussey y en contra de quienes se determine, “que dolosamente han participado en el  engaño a los miembros del Directorio del Banco COFIEC”  Esta denuncia sería incomprensible, si Delgado no habría sido la puerta de ingreso de los “inversionistas argentinos”, para que planteen a través de Gastón Duzac, su proyecto.

Existe también la evidencia de que Pedro Delgado tuvo previsto viajar a Irán en compañía de Gastón Duzac[12] en febrero de 2012.  Al parecer el argentino no pudo realizar este viaje desde Quito, pero lo hizo directamente desde Buenos Aires, en donde se encontraba.  Es decir, habría viajado a Irán en las mismas fechas que lo hizo Delgado.  Esto a más de mostrar la vinculación de Delgado con el beneficiario del préstamo corrupto, mostraría que son los contactos con bancos iraníes, incluidos algunos sancionados por la comunidad internacional, para realizar movimientos financieros nunca aclarados, utilizando la estructura del Banco COFIEC

Sin embargo de las evidencias sobre la responsabilidad del Presidente de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más impunidad, Pedro Delgado Campaña, este funcionario, increíblemente, no fue llamado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional a que rinda su testimonio en la investigación que realizó dicho organismo.  Tampoco fue llamado Francisco Endara, el familiar y funcionario de íntima confianza de Pedro Delgado.

Contratación de una póliza de Responsabilidad Civil

En su calidad de representante legal de la Unidad de Gestión de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad (UGEDEP), Pedro Delgado y algunos de sus colaboradores, fueron beneficiario de una póliza de responsabilidad civil, por la suma de $ 5’000.000, que los aseguró por posibles demandas que sus actuaciones podrían generan.  Es decir, fue una protección ante eventuales demandas por daños y perjuicios que pudieran ocurrir por el ejercicio de sus cargos.  La suma de la póliza incluye los gastos de defensa, que correspondan a fianzas, honorarios de abogados, entre oros.

La póliza, que fue adquirida a la empresa Rocafuerte Seguros –perteneciente al mismo fideicomiso AGD-CFN-, a un costo de $ 85.622, cubre “demandas e investigaciones de tipos penal, civil, administrativo y disciplinario, interpuestos por el Estado y propios de la entidad”.  Esta póliza tendría sentido si cubriría riesgos de cualquier tipo que se pudieran correr por el ejercicio del cargo que desempeñó Delgado, sin embargo, en la forma como fue contratada, estuvo destinada a proteger aún de las malas actuaciones administrativas de los funcionarios cubiertos por el seguro.  Es decir, esta póliza fue un blindaje no solamente ante terceros, sino ante el mismo Estado, que no podría así ejercer recursos disciplinarios o de repetición ante mala gestión de los funcionarios públicos incluidos en dicho documento.

El objetivo de la póliza en referencia fue un contrasentido, pues se constituyó en un incentivo para la ineficiencia, la mala gestión, la inacción e incluso para las negligencias graves, culposas y aún dolosas.  Es decir, los funcionarios cubiertos podrían tener conductas intencionadas, para favorecerse personalmente y perjudicar a la entidad y, sin embargo, la misma entidad les protege con una póliza de 5 millones de dólares.

Tratándose de un instrumento para beneficio personal y no de la institución, la póliza sería irregular en su esencia.  Aquí se pensó exclusivamente en las personas y los problemas que ellas podrían tener, y no en la institución para la que trabajan los beneficiarios.  Esto constituiría una forma de aprovechamiento de recursos públicos.  Entre los beneficiarios se encuentran Pedro Delgado, su cuñado Francisco Endara Clavijo y hasta dos miembros del directorio de Rocafuerte Seguros, la misma empresa con la que se contrató los seguros, lo cual generaría un conflicto de intereses.  Además, estarían incluidos en la póliza los cónyuges, herederos y representantes legales de los beneficiarios, con lo cual el uso irregular de fondos públicos, habría también beneficiado a terceros.

Un punto adicional respecto del seguro de responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria que aquí se revisa es que de acuerdo con el artículo 54 del Código de Comercio, “es nulo, de nulidad absoluta el seguro de responsabilidad profesional cuando la profesión y su ejercicio no estén reconocidos por el Estado o cuando, al momento de celebrarse el contrato, el asegurado no sea legalmente hábil para ejercer la profesión.” En este caso, Pedro Delgado, al no haber sido legalmente hábil para ejercer la profesión que supuestamente ejercía –la de economista-, no podía haber contratado este tipo de póliza, a su favor.

Vinculo de Pedro Delgado  con imputado en la Narcovalija

Otro aspecto que Pedro Delgado no ha aclarado hasta el momento, es la relación que éste tiene con al menos uno de los miembros de la banda que habría utilizado la valija diplomática para traficar cocaína a Milán, Italia.  Son ya de dominio público varias fotografías que muestran a Pedro Delgado y a Pierina Correa, hermana del Presidente de la República, en compañía de dos de los acusados de narcotráfico, quienes hoy se encuentran detenidos en Italia[13].

En el caso de Delgado, las fotografías lo muestran en una actitud de camaradería con una de esas personas sospechadas por la policía italiana de ser narcotraficantes.  Una fotografía es fuera del restaurant que la policía cree fue la base de operaciones del grupo; y, la otra es en un estadio de la ciudad de Milán. En el Ecuador nunca se realizó investigación alguna a Delgado respecto de su relación con esas personas.

Como alto funcionario del gobierno, Delgado debía mantener mucha prudencia en los actos y contactos que realizaba en sus distintos desplazamientos, pues precisamente por su visibilidad de persona pública, puede ser objeto de acercamientos que podrían afectar su representatividad y, más que todo, la imagen de las entidades que representa.  En el caso aquí analizado, corresponde a Delgado dar satisfacciones públicas respecto de las condiciones en las que se llevó a efecto el encuentro con las personas hoy involucradas en un hecho ilícito.

Testigo / actor en el juicio entre el Estado Ecuatoriano y los hermanos Isaías

Según ha informado la prensa en las últimas semanas, Pedro Delgado ha incurrido en varias contradicciones en una confesión judicial que rindió por pedido de los abogados de los demandados[14], el 17 de septiembre de 2012.  Una de esas contradicciones fue respecto de su título universitario, siendo otras, de mayor alcance, las referidas con el destino de los bienes incautados a los hermanos Isaías, que estuvieron bajo su control, como Presidente de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más impunidad.

 Algunos de los efectos de estas contradicciones tendrían una incidencia personal y directa para Pedro Delgado, sin embargo, otras, podrían tener un efecto desastroso para el Estado Ecuatoriano, pues podrían significar que éste dilapidó bienes sobre los cuales existen aún pendientes recursos jurídicos.   Si los demandados hermanos Isaías ganaran el juicio, el gobierno podría verse obligado a indemnizarlos, pues buena parte de los bienes incautados, ya no existen.

Uno de los aspectos en el que Delgado no fue categórico en su respuesta, es ante la pregunta del abogado Tein, que representó a los hermanos Isaias, de por qué alguien, de nombre Juan Alberto Borja Charvet, le depositó la suma de US$ 200.000 y que los usó como parte del pago por su casa adquirida en Miami.  Con una lacónica respuesta de “porque le pedí”, Delgado explica ese abultado préstamo personal, que habría sido otorgado con un pagaré a la orden de por medio.  Este préstamo, según el abogado Tein, ocurrió dos días después de que Duzac recibió el préstamo de parte de COFIEC, parte del cual fue inmediatamente remitido a los Estados Unidos.

Otro asunto de enorme gravedad en la diligencia judicial referida fue cuando el abogado Tein aseguró que Juan Alberto Borja Charvet es uno de los terceros que Pedro Delgado utiliza para canalizar, para sí, el dinero de la venta de los bienes de la AGD[15].  Aquí, Delgado simplemente dice no haber comprendido lo manifestado y ni él ni su abogado[16], protestaron ante tal aseveración que no solamente daña la reputación de Delgado, sino y más que todo, la de las entidades que representó.

El problema que surge de este encargo oficial que tuvo Delgado como parte de sus funciones, es que en la diligencia narrada estuvo representando al Estado Ecuatoriano en general y, al Fideicomiso CFN-AGD No Más Impunidad, en particular.  La cantidad de aspectos personales e institucionales que se entremezclan en ese proceso, dejan entrever que Pedro Delgado no era la persona más adecuada para representar al Estado en este proceso, pues algunas de sus actuaciones podrían resultar que ocurrieron en condiciones de conflicto de intereses e, incluso, algunas, de ilegalidad.

La ocultación de información y las Amenazas para quienes han Investigado la actuación de Delgado

La actuación de Pedro Delgado fue sistemáticamente encubierta, desde los poderes Ejecutivo y Legislativo.  Su primo el Presidente de la República, insistentemente atacó a los asambleístas, a los medios de comunicación y a todo quién mostraba interés por investigar las actividades de Delgado.  Las críticas de Correa se centraron en las investigaciones que se realizaban a las actividades del Banco COFIEC y del Fideicomiso AGD-CFN – No Más Impunidad.  En la alocución del presidente de la República del día sábado 13 de octubre del presente año de 2012, éste amenazó con destituir a los funcionarios públicos que entreguen información de forma individual a asambleístas, en los siguientes términos:

“Orden directa a ministros, secretarios, a los funcionarios que dependen del Gobierno central: señores, ustedes dan una sola letra de información a un asambleísta de forma individual, en forma ilegal y yo los destituyo y la responsabilidad es mía, que me llamen a mí a juicio político, que me destituyan para ver si lo permite el pueblo ecuatoriano”

El mandatario llegó incluso a enviar una carta circular a todos los funcionarios públicos ordenándoles no entregar información a los asambleístas, de manera directa[17],sino a través del Presidente de la Asamblea Nacional, quién así se convirtió en el filtro para  determinar que información es o no posible ser entregada

Igualmente, el Presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, “asesoró” al Superintendente de Bancos, sugiriéndole que las normas relativas al sigilo bancario, prevalecen sobre el derecho constitucional de los asambleístas a solicitar información pública, de manera directa[18].  De esta manera justificó que varias de las peticiones de información enviadas por los asambleístas, hayan sido negadas.

En ambos casos, los representantes de las funciones Ejecutiva y Legislativa, buscaron que los asambleístas dejen de investigar la gestión de Delgado al frente del Fideicomiso AGD-CFN No Más impunidad.

Igualmente, de manera insólita, incluso en el Informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, a más de ocultar la responsabilidad de Pedro Delgado en el denominado caso Duzac, presentó una recomendación sui géneris, para que se sancione a quienes han obtenido información sobre dicho caso.  En una de sus recomendaciones, la Comisión expresó:

Que la Superintendencia de Bancos efectúe una auditoría informática para determinar qué funcionarios y ex funcionarios públicos o privados, de manera reiterada, han obtenido información acerca de correos electrónicos y demás información de los funcionarios y de las computadoras de COFIEC S.A., hasta las fechas en que éstas fueron difundidas por algunos medios de comunicación colectiva; a la vez, se exhorta a la Fiscalía General del Estado a que efectúe las  investigaciones que fueren del caso, para determinar quienes proporcionaron la información que estaban sujetas a sigilo y reserva bancaria, fuera de los mecanismos legales y reglamentarios establecidos; acerca de la operación de crédito que el Banco COFIEC S.A., otorgó al señor Gastón Duzac, por USD$800.000, con el propósito de sancionar esas conductas que pueden constituir violación de  derechos en el ámbito constitucional y legal.

Con esta recomendación, la Comisión de Fiscalización y Control Político, complementó los esfuerzos por evitar que la información de las entidades públicas sea conocida y así mantener ocultos los hechos de corrupción en los que intervino Delgado.  Igualmente insólita fue la decisión de la Presidenta de esta Comisión, Silvia Salgado, respecto de la información que envió el Superintendente de Bancos sobre el denominado Caso Duzac. Para entregarla a los asambleístas, hizo que éstos suscribieran una acta de confidencialidad, pues se calificó a esos documentos de reservados.  Y, en complemento, la Comisión de Asuntos Legislativos de la Asamblea, CAL, en resolución del 13 de noviembre de 2012, remitió el Informe de la Comisión de Fiscalización al Pleno de la Asamblea, para que citado Caso Duzac sea tratado en sesión reservada.  Es decir, en todas estas actuaciones del entorno político oficialista, hay una clara e inequívoca intención de mantener ocultas las actividades del Presidente del Banco Central del Ecuador y de la Junta del Fideicomiso AGD-CFN No Más impunidad.

Por otro lado, incluso Pedro Delgado, también intervino para que evitar que sus actividades sean puestas en conocimiento público, y menos fiscalizadas.  De manera personal llegó a denunciar a una organización gremial, FETRALPI, por el simple hecho de haber reproducido, en su sitio web, una nota en la que se referían al “Manejo Ilegal de la Billetera Móvil, los Créditos Vinculados de COFIEC y las Negociaciones con Irán”.  Esta denuncia fue presentada por Delgado ante la Fiscalía de Pichincha, el 12 de septiembre de 2012 y de manera directa, afectó a la garantía constitucional del derecho a la libre expresión.

Todas estas medidas que tanto desde el Poder Ejecutivo como Legislativo se tomaron, giraron en torno a aspectos que hoy se están comprobado que han sido ilegalmente manejados, como es el caso del crédito a Duzac, los crédito vinculados, la ilegal actuación de Delgado, entre otros.  La sistemática defensa que las cabezas de los dos poderes del Estado han realizado a Pedro Delgado, sugiere que este funcionario fue el centro de un esquema de gestión opaca, que contó con el aval del mismo Presidente de la República.  Su decisión de homenajearlo, mostró además que defenderá no solamente al funcionario, sino también a las acciones de éste.

Lo señalado aquí muestra la importancia de que haya una investigación independiente a las actividades del Presidente del Banco Central y Presidente de la Junta del Fideicomiso AGD-CFN-No Más Impunidad.  Y para que esto exista, deben eliminarse todas las trabas que tanto el Presidente Correa como la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y el mismo Presidente de este organismo, han puesto a la obtención de información sobre este caso.

La falsificación de un título y el ejercicio ilegal de una función

La Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado, en su artículo 57, establece que los delegados de los miembros del Directorio deberán cumplir con los mismos requisitos que el Gerente General del Banco Central del Ecuador,  función para la cual se requiere de un título universitario de tercer nivel, en profesiones relacionadas con la función que desempeñará, según establece el artículo 69 de la misma ley.  La ley Orgánica de Servicio Público, en su artículo 5.d, determina que para ingresar al servicio público se debe cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás competencias exigibles.  El artículo 41 de dicha ley, establece que el incumplimiento a las obligaciones o las contravenciones a las disposiciones de la ley, implicarán responsabilidades administrativas, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho.

El señor Pedro Delgado, ha admitido haber utilizado un título universitario, sin valor alguno, para poder registrarse en un programa de maestría y así poder obtener un título de maestría.  Es decir, falsificó un documento público y, en base a él, pudo habilitarse para desempeñar diversos cargos públicos.  Siendo el objetivo de la falsificación el acceder a un ejercicio profesional y a posiciones públicas relevantes, en las cuales decidió aspectos importantes de carácter financiero, político y económico, este acto incurriría en una situación de corrupción y, por tanto su tratamiento estaría regulado por el artículo 233 de la Constitución que aborda las responsabilidades de los funcionarios públicos por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, de las cuales serán responsables administrativa, civil y penalmente.  En el caso de emerger delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, la acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles.  Aquí es importante determinar si Delgado, con su título falso y su ilegítima actuación en las funciones que desempeño, promovió medidas que resultaren en los delitos señalados.

Desde el punto de vista del Derecho Penal, habiendo ocurrido la falsificación hace más de 20 años, ese delito de falsificación, se encontraría ya prescrito[19], no así otros que por tratarse de delitos de acción continuada, se han mantenido activos hasta el momento en que dejó de utilizar el título que le permitió ocupar las funciones públicas que mantuvo.   Este es el caso de los delitos de usurpación de un título y, como efecto de lo cual, la usurpación de una función pública. Esos casos, constituyen delitos de acción continuada y, se configuran cada vez que el autor de los mismos, utiliza las funciones o los títulos usurpados.  Según el artículo 236 del Código Penal, quien sin título legítimo, se fingiere empleado público civil o agente del Gobierno o comisionado, “y ejerciere como tal alguna función”, será reprimido con prisión de uno a cinco años”.

De confirmarse los delitos que se habrían configurado en el presente caso, se determinará también la naturaleza de flagrante de uno de ellos, la usurpación de títulos y funciones.  De acuerdo al artículo 162 del Código de Procedimiento Penal, delito flagrante ocurre cuando se lo comete en presencia de una o más personas.  En el caso bajo análisis, Pedro Delgado ha utilizado una denominación profesional que no tuvo, como es la de economista y, en base a ella, accedió a cargos públicos que de otra manera no habría sido posible hacerlo.  Es decir, esas conductas ilegales fueron presenciadas por varias personas, por la ciudadanía en general.

De lo analizado, se desprende que tratándose de delitos de acción pública y uno de ellos con características de flagrancia, la persona inmersa en ellos, debería ser detenida con fines de investigación, como lo establece el artículo 164 del Código de Procedimiento Penal.  En este caso, correspondería al Fiscal ordenar dicha detención.

Aparte de las responsabilidades penales que se derivan de la falsificación y usurpación de cargo público que habría ocurrido en el presente caso, un aspecto crucial de la actuación de Delgado con un título falso es la determinación de si los actos administrativos que ejecutó, son o no válidos.  Pese a que como se ha visto, la posesión en sus cargos fue ilegal, los actos administrativos que realizó, se presumen válidos, salvo que existieran vicios que los nuliten.  Es decir, esos actos jurídicos ante terceros de buena fe, surten los efectos legales correspondientes.  Esto, sin embargo, no obsta para que se investiguen esos actos administrativos, a fin de determinar si ellos fueron realizados sin el procedimiento o los requisitos que la ley establece.

CONCLUSIÓN

En el caso analizado, se han sucedido, una tras otra, aseveraciones que han resultado ser falsas.   Si, por un lado Pedro Delgado sostuvo ante la prensa nacional e internacional que era economista graduado y registrado, el Presidente Correa, por otro lado rotundamente manifestó que ‘no se necesita título de economista para ser Presidente del Banco Central”[20]  Hoy ha quedado claro que las aseveraciones de ambos funcionarios fueron falsas.

El caso del título académico que originó la salida del funcionario público, es posiblemente la menor de las preocupaciones que la opinión pública tiene respecto de la actuación de Pedro Delgado.  Lo que ahora queda por determinar es si en el resto de actividades en las que ha participado, este funcionario ha dicho o no la verdad.  Por ejemplo, corresponde hoy aclarar ¿qué realmente fue a hacer Delgado en sus repetidos viajes internacionales?; ¿de qué manera enajenó los bienes del Fideicomiso AGD-CFN-No Más Impunidad?; ¿cómo y con qué empresa los evaluó?; ¿abrió o no cajas de seguridad en un banco ruso?, ¿estuvo o no con Gastón Duzac en Teherán en febrero de 2012? ¿Qué rol tenía este extranjero en las negociaciones con Irán?

Tanto el gobierno como los sectores críticos a la actuación de Pedro Delgado, tienen una responsabilidad enorme en la aclaración de esas y otras preguntas sobre las cuales y por obvias razones, el testimonio de Delgado, carecería ya de valor.  Para aclarar esto, el Presidente de la República tiene la obligación ineludible, de mantenerse al margen de las investigaciones, sin atacar a quienes la realizan, sin prohibir a sus funcionarios a que entreguen la información que será necesaria.  Esto, no solamente por motivos de reasumir el concepto de ética pública, que quedó relegado en este caso, sino también por razones políticas prácticas, pues ahora es al mismo gobierno al que le debe interesar conocer lo antes posible toda la verdad.  Si no lo hace, el costo político podría ser devastador, ante posibles nuevas revelaciones.

El caso Pedro Delgado, que bien podría ser definido como un esquema Ponzi o de piramidación político-administrativo, deja varias enseñanzas al gobierno y al país en general.  La primera es que no puede la máxima autoridad del país respaldar a funcionarios sometidos a procesos de investigación, no solamente porque ése no es su rol, sino porque de esa manera asumiría el costo político de un posible respaldo a ilegalidades cometidas por esos funcionarios.  Quedan pendientes aún los respaldos expresos que el Presidente de la República dio a su abogado en el bochornoso caso Chucky Seven, a los asambleístas Irina Cabezas y Francisco Velasco frente a denuncias comprobadas de corrupción, y a los funcionarios Camilo Samán y Ricardo Antón, entre otros.

La segunda enseñanza es para los funcionarios públicos de otras funciones del Estado, como son el Presidente de la Asamblea Nacional, el Superintendente de Bancos, entre otros. Ellos saben hoy que la fidelidad a un proyecto político no puede ser confundida con una ciega adhesión a una tesis que su máximo líder proponga.  Esos dignatarios, una vez posesionados son en primer lugar funcionarios públicos y no militantes de un proyecto político. Esos funcionarios, y otros, confundieron su rol y de manera sistemática pusieron trabas a la entrega de información en el presente caso y, además, respaldaron públicamente al funcionario investigado, lo cual en pocos días se comprobó que fue un error craso.

La tercera enseñanza es para los periodistas, los asambleístas y la ciudadanía en general, y se refiere al valor absoluto que la fiscalización, la libertad de información, la libertad de pensamiento, entre otras libertades, tienen en el sistema democrático. Este caso, sin la insistencia de la prensa independiente, de asambleístas, como Enrique Herrería y Kléver Jiménez, entre otros, que plantearon las dudas y las investigaron, y de la prensa que también las investigó y publicó, no habría pasado de ser un simple rumor que quedó como los miles de sospechas que pululan el ambiente político del país.  Este caso recuerda una vez más, que el temor a los ataques y retaliaciones del poder político, debe ser vencido al investigarse y difundirse hechos de corrupción, en todos los ámbitos institucionales del país.

Una enseñanza para la Asamblea Nacional que este caso deja, es que este organismo no puede dejar de lado su rol de fiscalización como lo ha hecho en los seis años del gobierno de la llamada Revolución Ciudadana.  El caso comprobado de corrupción que aquí se ha resumido, es solo el inicio de un asunto de mayor bulto que está pendiente de ser investigado y fiscalizado.  La falsificación del título académico por parte de un funcionario público, podría quedar como un hecho anecdótico, flotando en un océano de irregularidades.  Es importante que sea en el esquema de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que se las investigue y no quede este organismo como ha quedado hoy, rebasado, al margen de otras iniciativas de investigación, que han sido mucho más eficientes en descubrir hechos de corrupción.  Además, la Asamblea y la citada Comisión de Fiscalización, quedan con la sospecha de que lejos de investigar, contribuyeron más bien a ocultar los hechos.

Finalmente, queda una enseñanza exclusiva para los primos Rafael Correa Delgado y Pedro Delgado.  Ésta tiene que ver con su credibilidad.  Todas las actuaciones de las personas y más aún las públicas, deben realizarse de manera ética, asumiendo los errores si ese fuera el caso.  Hoy, a estos funcionarios públicos les perseguirá la duda de si lo que en futuro afirmen es verdadero o falso.

El Presidente Correa, en el papel de vocero de Pedro Delgado, afirmó ante el país que su primo regresará al Ecuador el próximo 6 de enero. Dijo, además, que Delgado tuvo que realizar un “viaje planificado” a Miami, para asistir al matrimonio de su hijo. Resulta escandaloso el privilegio del que goza el primo del Presidente, quien puede cumplir compromisos familiares, sin que el Fiscal haya hecho nada por impedirlo. En estos momentos, toda la responsabilidad en este caso, al menos en lo que a la falsificación del título se refiere, está en el Ministro Fiscal y en la obligación legal y moral de que se dicte prisión preventiva sobre Pedro Delgado, tal como lo ha solicitado el asambleísta Enrique Herrería.

Galo Chiriboga, Fiscal General del Estado, tiene la palabra. El país y la comunidad internacional lo están mirando.