Latinoamérica, las tinieblas de la represión

Por Hugo Noboa Cruz

Latinoamérica no solo comparte culturas similares, con una fuerte presencia de los pueblos originarios milenarios, de los europeos venidos en diferentes momentos y circunstancias, de los pueblos africanos que han enriquecido nuestra identidad, de pueblos de todos los rincones del mundo, del lejano y cercano Oriente. Comparte también una triste historia de dictaduras civiles y militares, de cuerpos represivos que usan los mismos patrones de tortura y de exterminio.

Muchos de los oficiales militares y policiales de todos los países latinoamericanos se formaron en la “Escuela de las Américas” (United States Army School of the Americas – USARSA), que Estados Unidos de Norteamérica mantuvo durante décadas en la zona ocupada del canal de Panamá. Allí aprendieron militares y policías las mismas prácticas de tortura y de desaparición forzada, con instructores norteamericanos e israelíes, y con los más aplicados instructores criollos. El expresidente de Panamá, Jorge Illueca, la llamó “la base gringa para la desestabilización de América Latina”.

En el año 2001, luego de que Panamá asumiera la soberanía sobre la zona del canal (31 de diciembre de 1999), la Escuela de las Américas se trasladó a Fort Benning, Columbus, en el Estado de Ohio. Ahora, la escuela se denomina “Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad” (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation), que sigue teniendo como objetivo aplicar la doctrina de seguridad, es decir la protección del patio trasero de Estados Unidos en Latinoamérica y de otros territorios a los que considera sus intereses económicos y militares; en alianza con las fuerzas armadas de muchos países.

Hay una leyenda sobre la sórdida colaboración de oficiales nazis (Klaus Barbie entre ellos), que habrían colaborado en la constitución de la agencia de espionaje estadounidense Counter Intelligence Corps (antecedente de la actual Agencia Central de Inteligencia – CIA), inicialmente en la guerra de espionaje y contraespionaje contra la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Pero muchas de las habilidades nazis fueron posteriormente aplicadas también en la Escuela de las Américas y, a su vez, por los oficiales latinoamericanos formados en esa escuela, para combatir el comunismo en sus respectivos países, en redes de colaboración internacional como la del Plan Condor (implementado sobre todo en el Cono Sur desde 1975).

Lo cierto es que hay evidencia, no solo de la formación de muchos dictadores y oficiales represores latinoamericanos en la tétrica Escuela de las Américas, sino del uso de los mismos manuales de tortura que definieron un patrón en este campo. La práctica de las desapariciones forzadas de oponentes políticos identificados como subversivos, sigue también un mismo modelo.

En el presente siglo XXI, ya sin la presencia de las clásicas dictaduras militares, sobre todo en Sudamérica, se inventó un esquema para caracterizar a los nuevos subversivos enemigos de la “democracia occidental” y concomitantemente se reinventaron los mecanismos de represión. Ello fue necesario después de las enormes protestas en Seattle, en el mismo corazón del imperio, contra la globalización y la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en noviembre y diciembre de 1999.

El “enemigo” ha cambiado, ya no son columnas guerrilleras comandadas por el Che en la selva boliviana o de cualquier otro país latinoamericano, ya no son grupos subversivos clandestinos como los Tupamaros uruguayos, los Montoneros argentinos, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile o Sendero Luminoso en Perú. Ahora el enemigo está constituido por grandes masas humanas que se atreven a protestar incluso dentro del propio territorio del capitalismo central y lo caracterizan con un supuesto patrón: “protestas masivas ciudadanas, destrucción de bienes públicos e institucionales, vandalismo y saqueo, prácticas de guerrilla urbana, presencia de violentos grupos anarquistas…”, que los asustados burgueses y pequeño-burgueses de derecha repiten a coro.

Algunas de estas masivas protestas, que ocurrieron en las dos últimas décadas a lo largo de todo el territorio latinoamericano y con diferentes motivos desencadenantes, especialmente medidas económicas neoliberales, han sido las de Chile (2019-2020), Ecuador (octubre 2019) y la actual de Colombia (abril y mayo 2021).

En Chile, los balances de las víctimas de la represión hablan de más de 30 personas muertas, 3.583 personas heridas atendidas en hospitales y centros de salud hasta fines del año 2019, dentro de ellas, 460 personas con daño ocular y pérdida de visión de uno o dos ojos causados por balines o botes lacrimógenos lanzados por la policía. A partir de las 8.827 personas que denunciaron delitos, se establecieron procesos en 4.681 casos, en éstos solo 75 agentes del Estado han sido acusados, solo un tercio tuvieron prisión preventiva y una sola persona ha sido condenada. Entre los acusados figuran delitos como apremio ilegítimo, torturas, lesiones graves, homicidio, obstrucción a la investigación, violencia sexual, entre otros.

En Ecuador, las víctimas mortales en octubre 2019 fueron 11 (todos pobladores urbanos y rurales). Las estadísticas oficiales indican que hubo un total de 1.507 personas atendidas en el sistema de salud público por lesiones durante las protestas. De esta cifra, señalan que 435 eran agentes de las fuerzas de seguridad. El Ministerio de Gobierno informó a Human Rights Watch que 1.228 personas fueron detenidas en el contexto de las protestas por distintos “delitos” como paralización de servicios públicos, daño a la propiedad y ataque o resistencia a las fuerzas de seguridad.

La Defensoría del Pueblo, en su “Informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia (CEVJ) respecto de los hechos ocurridos en Ecuador entre el 3 y el 16 de octubre de 2019” (marzo 2021), concluye: “La CEVJ recibió 519 testimonios durante su mandato…, 249 corresponderían a vulneraciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales en el contexto del paro nacional de octubre”… “ejecuciones extrajudiciales 6, atentados contra el derecho a la vida 22, violencia sexual 3, lesiones oculares 20…”.

Respecto a las lesiones oculares, la Comisión señala: “Se registraron 20 casos de lesiones oculares por el impacto de bombas, perdigones u objetos contundentes, de las cuales 14 personas perdieron un globo ocular y 6 tienen afectada su visión.”

En el estallido social de fines de abril y mayo del 2021 en Colombia, en protesta contra una reforma tributaria, el patrón de represión desmedida vuelve a repetirse, como en Chile y Ecuador 2019. ¿Responde esto a una misma estrategia?

Hasta el 5 de mayo de 2021, las cifras sobre las víctimas mortales en Colombia son diferentes, dependiendo de la fuente. Según la Fiscalía “las manifestaciones que se han prolongado por ocho días dejan al menos 11 muertos confirmados”, mientras que organizaciones sociales señalan que 31 son las víctimas mortales durante las protestas. Los heridos son miles y se repite el patrón de lesiones oculares graves.

En Colombia, según denuncias a través de las redes sociales y medios alternativos, el nivel de violencia estatal ha sido especialmente desmedido, incluye militarización de ciudades y disparos contra los manifestantes desde vehículos en movimiento, incluidos helicópteros.

Pero, vale la pena analizar de manera particular las lesiones oculares. ¿A qué se deben?, ¿a qué patrón represivo responden? Y allí cobra sentido la caracterización de la protesta popular desde la doctrina de seguridad, los estados y los grupos políticos conservadores, como: “masiva, violenta, organizada con tácticas de guerrilla urbana, desestabilizadora…”. Ello supuestamente justifica el uso excesivo de la violencia estatal (en el Ecuador los artífices de la represión de octubre 2019 fueron María Paula Romo y el General Oswaldo Jarrín, ministros de Gobierno y de Defensa respectivamente).

Pocas veces antes se había visto tantas víctimas mortales y tantos heridos en el marco de protestas populares, como en Chile (2019), Ecuador (2019) y Colombia (2021), añadiría también, en Bolivia durante el breve gobierno dictatorial de Jeanine Áñez (noviembre 2019 – noviembre 2020). Las muertes y las lesiones oculares intencionales, provocadas por agentes represores de los estados, corresponden al uso desmedido de la fuerza, que implica utilizar armas letales en unos casos, pero también armas no letales con fines letales o intención de causar daños, como disparos a la cara (a veces desde muy cerca) con municiones lacrimógenas, perdigones y balas de goma, causando en muchos casos mutilaciones, pérdida de ojos o daños graves oculares. ¿Será una de las nuevas instrucciones de la Escuela de las Américas?

En Chile 2019, mucha gente, incluidos artistas y deportistas, protestó contra las lesiones oculares causadas por cuerpos represivos, con actos simbólicos de cubrirse un ojo en eventos públicos. ¡Los ojos mutilados son un nuevo símbolo de la represión y de la resistencia!

“Pero, vale la pena analizar de manera particular las lesiones oculares. ¿A qué se deben?, ¿a qué patrón represivo responden? Y allí cobra sentido la caracterización de la protesta popular desde la doctrina de seguridad, los estados y los grupos políticos conservadores, como: “masiva, violenta, organizada con tácticas de guerrilla urbana, desestabilizadora…”. Ello supuestamente justifica el uso excesivo de la violencia estatal”.  

Fotografía principal: Tomada de portal web El Universal. Edición 15/11/2019. https://bit.ly/3xQFOWu