Publicado en Ojo Zurdo
Enero 31 de 2017
Sin embargo, a riesgo de herir la sensibilidad de algunas y algunos viejos amigos, la izquierda oficialista que recurren a la “política real” para legitimar las contradicciones de la política pública y las “alianzas” con las viejas élites (en el sector agroindustrial es muy claro), nos muestra que los equilibrios de poder alimentan su propia muerte, y esto me parece una de sus mayores contradicciones.
Hoy existe una abundante literatura sobre el fin de ciclo de los Gobiernos progresistas, centrada fundamentalmente en el agotamiento político electoral y la recuperación política de la derecha bajo formas profundamente conservadoras y reaccionarias (la avanzada de Macri sobre las conquistas sociales y el impulso a la destitución de Dilma por parte de bancada ruralista son un ejemplo). Contradictoriamente, la reacción de la derecha muestra que los progresismos del siglo XXI son una amenaza aunque se hayan alejado de la lucha contra la desigualdad estructural y se organicen más bien en torno a la renovación del capitalismo.
En el caso del Ecuador, Rafael Correa ganó seis procesos electorales y entre 2007-2014 su popularidad se mantuvo sobre el 70% gracias a las políticas de “nacionalización” de recursos, las importantes inversiones sociales, la recuperación institucional del Estado, una aparente contención del mercado y una inteligente estrategia mediática y política. Hacia 2014, el Gobierno mostraba su posición hegemónica frente a las organizaciones populares y los sectores de derecha. Sin embargo, las elecciones 2014 mostraron los primeros signos de debilidad política; aunque el Gobierno ganó las elecciones presidenciales con un amplio margen, en las elecciones seccionales perdió las ciudades más importantes que hasta hace poco habían sido bastiones de PAÍS.
Posteriormente, las acciones de protesta y oposición han sido más eficientes y han logrado romper la “hegemonía” del Gobierno. Tanto las organizaciones populares (indígenas, ambientalistas y de trabajadores), como expresiones de las clases medias y los partidos de derecha lograron ocupar la palestra política y disputar la movilización en las calles. Por su parte, el Gobierno reforzó su “hegemonía” a través del control legislativo y las estructuras del Estado más que en la sociedad.
Actualmente, resulta muy difícil hacer una defensa del carácter progresista del Gobierno, pues su proceso de inclusión social vía la redistribución de la renta estatal, no ha significado inclusión política ni cambio estructural básico para una democratización sustantiva de la sociedad. Muy al contrario de esto, los dirigentes sociales son criminalizados y judicializados; los sectores populares tienen escasa participación en la definición de la política pública; los avances constitucionales más interesantes no caminan luego de la Constitución (la Ley Laboral afirma la posición de los patronos frente a los trabajadores y quiebra los reductos del sindicalismo público, la Ley de Agua amenaza la propiedad colectiva y comunitaria delos sistemas de riego, la Ley de Tierras proscribe cualquier posibilidad de toma de tierras y protege la gran propiedad); al tiempo que los grupos económicos más importantes han visto incrementar sus ganancias de forma sin precedente en la historia.
Con ánimo de sintetizar, hoy parece haber un consenso en torno a tres ejes problemas del gobierno: 1. el avance de la crisis limita los recursos para mantener sus inversiones sociales, centro de su popularidad; 2. se afianza el alejamiento y oposición del Gobierno en relación con los proyectos de cambio de las organizaciones populares; 3. se profundiza el giro conservador y conversión hacia una propuesta más liberal –en algunos casos claramente neoliberal– que permite la renovación o actualización del capitalismo. Estos tres elementos a su vez se producen a costa de desmovilizar a los sectores populares y los movimientos sociales.
Pero considerando que el Gobierno llegó al poder con una propuesta de izquierda, resulta importante mencionar algunas de sus configuraciones contradictorias.
Mientras que para el viejo ideario político de izquierda, la construcción de una propuesta demanda de un proyecto político y de una organización (partido) fuerte, en Ecuador la centralidad de la propuesta en una sola persona -en este caso Rafael Correa-, permitió romper con el sectarismo de la misma izquierda y avanzar en la condensación de fuerzas para la disputa electoral. Podríamos decir que tener un ideario crítico y organizaciones fuertes no fue suficiente, siendo más importante la construcción del “candidato”, la renovación de la estrategia electoral y la comprensión de las demandas de la población.
Fue una figura política que, frente la crisis de partidos y representación: primero, recogió las expectativas de la población y la confianza de las clases medias, y luego, juntó las distintas posiciones (de la izquierda a la centro derecha) de las organizaciones, creando así una articulación, aunque inorgánica, electoralmente eficiente. No obstante, a la larga tal centralidad simplificó la disputa organizativa y política al interior del Gobierno, dependiendo la posibilidad de levantar las propuestas más de la distancia o cercanía al gobernante que del proyecto político y la organización política deseable.
El problema es que la personificación de la política exige eliminar a sus competidores y mantener o llevar a la sombra otras figuras, con lo cual se limita las posibilidades de ampliar y reproducir la organización social y su propio partido, en este caso, Movimiento PAÍS. Así, en las elecciones de 2014, se observó que la figura del gobernante puede garantizar su elección, pero no garantizar la reproducción territorial del partido. Hoy, frente al agotamiento progresista y el agotamiento del líder, PAÍS carece de figuras fuertes que aseguren la continuidad del proceso en las elecciones del 2017.
Sin duda, el Gobierno heredó la acción política de los movimientos sociales que, enfrentados al neoliberalismo, marcaron el escenario de la disputa y crearon un sedimento organizativo e ideario político crítico[1], pero que no fue suficiente para lograr una unidad orgánica y construir un proyecto anticapitalista. Así, el Gobierno promovió una de las demandas más importantes del momento, la reforma y recuperación del Estado -de sus instituciones, la inversión social, la regularización del mercado, la protección dela industria, el bienestar, la ampliación de derechos, la inclusión social-, que fue posible gracias a una mayor participación y mejor distribución de la renta nacional, ingresos del petróleo e impuestos fundamentalmente. Frente a los devastadores efectos del neoliberalismo, la centralidad del proyecto en un programa de reformas fue extremadamente importante, lo mismo que la satisfacción de las necesidades básicas: salud, educación, vías de comunicación, reducción de brechas, cierta regularización y ampliación del mercado laboral.
Fue clave también la modernización de servicios estatales, la ampliación de la cobertura y la ampliación del consumo, elementos que lograron reforzar la expectativa de la población y la popularidad del Gobierno. En países donde el neoliberalismo avanzó desenfrenadamente como en el Perú, México o España, dichas acciones del Gobierno suenan a “revolución”, pero lo cierto es que las reformas sustituyeron los elementos más radicales del ideario político creado en los años noventa: la soberanía alimentaria se sustituyó por la seguridad alimentaria, la redistribución y desprivatización de activos (tierra y agua) por la redistribución de renta (proyectos/programas), la democracia participativa por la democracia consultiva, la inclusión política por la inclusión social, la contención del neoliberalismo por la ampliación del capitalismo, la revolución por la ciudadanía, etcétera.
Frente a las críticas sobre los límites de la reforma y el sentido de la política pública, en el Gobierno hay un discurso triunfalista que resalta cada uno de los logros en términos de inversión social (educación, empleo, salud, infraestructura y, hasta hace poco, crecimiento económico) y encuentra en la crisis económica originada en el descenso de los precios del petróleo, la explicación de sus “pequeños” males. Asimismo, frente a las críticas de “izquierda” que demandan una mayor radicalidad se resguardan en la “política real”. Es decir, para el Gobierno, una cosa son los sueños de la izquierda utópica y otra cosa es gobernar para todo el país, una cosa es llegar al gobierno y otra el mantenerse en él enfrentados a las viejas estructuras conservadoras.
Para PAÍS el Gobierno del Estado implica el reconocimiento de las limitadas fuerzas para el cambio y por ello debían construirse equilibrios políticos: incluir en la gestión a la representación de la derecha y de la izquierda, elaborar política pública que cree mayor bienestar para la sociedad y al mismo tiempo seguridad para las inversiones, establecer límites al mercado y al mismo tiempo ganancia.
El Gobierno, que en el neoliberalismo había sido tomado por las élites y disputado por las organizaciones sociales, debía limpiarse de todo mal y descorporativizarse para que cumpla su rol: ciudadanizar la sociedad, restablecer el derecho como espacio de relación de los ciudadanos, el Estado y el mercado. Sin embargo, a riesgo de herir la sensibilidad de algunas y algunos viejos amigos, la izquierda oficialista que recurren a la “política real” para legitimar las contradicciones de la política pública y las “alianzas” con las viejas élites (en el sector agroindustrial es muy claro), nos muestra que los equilibrios de poder alimentan su propia muerte, y esto me parece una de sus mayores contradicciones.
La gestión de Estado y la inversión social, sin organización social y conciencia resuelve los problemas inmediatos de la población y amplía la confianza de las clases medias, pero no garantiza la filiación con el cambio; al contrario, en un contexto fuertemente estratificado como el que existe en el Ecuador, las alinea con los intereses del capital, con las cadenas de individualización que el contexto de relaciones capitalistas les ofrece.
La opción por un Gobierno sin “corporaciones” o sin representación de las élites y sin representación de los sectores populares (campesinos, indígenas, trabajadores, mujeres), solo limita la participación de los sectores populares que no tienen “recursos propios” para incidir o cabildear en el Gobierno, mientras que las élites, las empresas y las industrias invierten enormes cantidades de recursos para posicionar sus figuras y propuestas, y así asegurar su representación al interior del Gobierno.
El resultado final es paradójico: las reformas sirvieron para reestructurar el Estado y mejorar las condiciones de vida de la población, pero al mismo tiempo mejoraron los ingresos de las élites y eso les ha permitido recuperar el espacio que habían perdido en el neoliberalismo y ahora reclaman la dirección del Estado. Así, aunque el Gobierno buscara la transformación, el sentido de la recuperación y gestión de Estado solo anuda la cuerda que le tienden sus verdugos.
[1] Estado plurinacional, derechos de la naturaleza, control del mercado, soberanía alimentaria, bienestar social, soberanía, etcétera.
* Investigador asociado del Instituto de Estudios Ecuatorianos, miembro del Observatorio del Cambio Rural y Doctorante en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de México.
