Diario El Hoy <www.hoy.com.ec>
28 Septiembre/2012
La noche que los capturaron, el sábado 3 de marzo, hace ya seis meses, no imaginé el proceso kafkiano que iban a sufrir esos 10 jóvenes a los que se acusaba de planificar actos de terrorismo en los tensos días previos a la marcha contra la minería que organizaban el movimiento indígena en comunión con el MPD. Como ocurre en estos días, la noticia llegó en twitter. Un tuit del ministro del Interior, José Serrano, los describió como “cabecillas del Grupo de Combatientes Populares, aprehendidos en delito flagrante, planificando actos de violencia a partir del 8 de marzo”.
Yo pensé que los jóvenes iban a ser liberados después que concluyan las protestas, en parte, porque entre las evidencias detalladas por la prensa oficial no se encontraron más que panfletos revolucionarios, teléfonos celulares y documentos de la Universidad Central. No había armas ni fabricaban bombas. Ni tampoco se encontró armamento un mes después, cuando elementos combinados del GIR y la policía allanaron en la madrugada las casas de los sospechosos, incautando como evidencia discos de Silvio Rodríguez, de Víctor Jara, más panfletos revolucionarios y banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
En realidad, es difícil de entender que un gobierno cuyos ministros cantan a voz en cuello “Comandante Che Guevara” y mantienen estrechas relaciones, políticas y diplomáticas con los gobiernos de Nicaragua y Cuba,puedan mantener durante seis meses en prisión, y acusar de terrorismo, a unos jóvenes que no han ejecutado ningún acto violento, ni han secuestrado personas, ni han asaltado bancos ni se han levantado en armas. Cosas más graves hizo, hace veinte años, Rosa Mireya Cárdenas y ahora es parte del gabinete como Secretaria de Pueblos.
Uno no puede dejar de preguntarse cómo es que en un Gobierno revolucionario se considera que una camiseta con la efigie del Che Guevara es indicio de contrarrevolución. O cómo es posible que 10 jóvenes permanezcan seis meses en prisión por reunirse a organizar protestas en contra de un régimen presidido por una Constitución a la que se describe como garantista de derechos. Y uno se responde que la única manera de entenderlo es que ni el Gobierno es de izquierda, ni la Constitución es garantista. O que todos los derechos que reconoce la Constitución quedan en la práctica anulados cuando se permite que la función judicial no sea más que un apéndice del Ejecutivo.
Y me doy cuenta que lo que acabo de escribir es básicamente lo mismo por lo que ayer una jueza amenazó con ordenar la detención de la dirigente emepedista Natasha Rojas. Y reflexiono que el temor de criticar en voz alta lo que hacen los jueces o los funcionarios no es propio de un régimen. Y pienso que el gobierno está más cercano del populismo bucaramista o del cefepismo del “pueblo contra trincas” del cefepismo. Y entiendo que la prisión de los diez de Luluncoto no ocurriría en un régimen de izquierdas, ni en uno en el que rige una Constitución garantista. Ni siquiera en un Gobierno democrático.
Fuente. http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/los-10-de-luluncoto-562536.html
