01 Septiembre 2015
La Marcha y el Paro han centrado las demandas en el retiro de las enmiendas constitucionales. No se trata de medidas aisladas, las enmiendas responden a una lógica de modernización funcional a las exigencias del capital global.
Ante la crisis mundial, el capital acude a las formas extremas de dominio y explotación. El “nuevo imperialismo” se basa en la “acumulación por despojo”, en el imperio monetario y en la reproducción especulativa del capital financiero. Para ello requiere eliminar las últimas barreras de la soberanía de los Estados nacionales y de la resistencia de los pueblos.
La estrategia clave es la firma de un nuevo tipo de Tratados de Libre Comercio, TLCs de tercera generación.
En 1994, el Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, planteó la constitución del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), como extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Era el tiempo de optimismo norteamericano, del “fin de la historia”, la promesa del mercado libre y de la democracia liberal, después de la caída del Muro de Berlín. Todavía en estos tratados la soberanía y la integración de los Estados contaba como un factor del acuerdo.
Paralelamente, en 1995, se instituye la Organización Mundial del Comercio (OMC), una expansión del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) establecido en 1947, como complemento de los Acuerdo de Bretton Woods. La OMC actúa sobre el principio de la adhesión a la totalidad de los Acuerdos, sin que los países puedan optar por una diferenciación según sus intereses y condiciones.
El ALCA debía entrar en vigencia en el 2004. Sin embargo, la resistencia de los pueblos y la presencia de gobiernos “progresistas” derrotaron el intento de neocolonización en la IV Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata en noviembre de 2005. Ante este revés, Estados Unidos dio un giro a la firma de TLCs bilaterales. La capacidad de negociación de los Estados nacionales se redujo y diversos países firmaron los Tratados; se abrió la puerta a un desembarco conquistador.
En nuestro país, la resistencia de los movimientos sociales y de los pueblos indígenas obligó al Gobierno de Alfredo Palacio a suspender la participación en las negociaciones del TLC Andino, emprendido por Colombia y Perú. Rafael Correa recibió este mandato y declaró en varias ocasiones que iba a respetarlo.
Después de la crisis del 2008, el capital financiero mundial se desplaza a formas rentistas de acumulación, con lo que se desata una ola alcista de los precios internacionales de las commodities, especialmente del petróleo. América Latina puede entrar en un período de bonanza y nuestro país tiene un crecimiento del PIB en torno al 5% anual. La crisis del eje Norte-Sur, liderado por la tríada USA-UE-Japón, y la emergencia del eje Este-Oeste, liderado por los BRICs, en particular, China, permiten un período corto de desconexión y de diversificación de las relaciones internacionales.
El cambio de las condiciones internacionales y el fracaso del proyecto de Alianza País por el desaprovechamiento del período de bonanza para un cambio del patrón de acumulación, llevan al Ecuador a un nuevo ciclo de crisis, que se presenta inicialmente como problema de iliquidez fiscal y que apunta a transformarse en una crisis económica. El estallido de la burbuja financiera de las commodities y la reapreciación de dólar, reducen los ingresos fiscales: el Presupuesto se calculó con un barril de 79 dólares, pero se ha movido en torno a los 40 dólares.
Ante la escasez, el régimen del Presidente Correa regresa a las viejas fórmulas fondomonetaristas y a la reinserción en los circuitos del Eje Norte-Sur. El FMI y el Banco Mundial regresan por la ventana. El oro de las reservas se empeña a Goldman Sachs. Se inicia una onda expansiva de endeudamiento externo.
Dentro de Alianza País se produce un debate entre las visiones que ponían el acento en la integración latinoamericana, sobre todo en el MERCOSUR, como alternativa a la crisis; y aquellas que propugnaban la integración en el Acuerdo Comercial con la Unión Europea. Se impuso la línea pragmática-empresarial. Para el segundo mandato Rafael Correa designa a Jorge Glass como candidato a la Vicepresidencia, relegando a los voceros de la línea ideológica de la Sierra. La política y el equipo económico inician un giro, para garantizar la firma del TLC con Europa.
Alianza País ha jugado la estrategia de borrar la memoria social para llenar el imaginario de nuevas visiones. La estrategia de desmonte de la memoria de la resistencia contra el TLC actúa gradual y solapadamente. Después de la firma del Tratado de Asociación Económica con la Unión Europea, el 17 de julio del 2014, se deja un tiempo hasta el 2016 para que entre en vigencia, después de la ratificación de los Parlamentos de los países integrantes de la UE y del Parlamento ecuatoriano.
En realidad, el plazo es para reajustar el marco normativo a las exigencias del Acuerdo. El primer escollo es la contradicción de los Acuerdos con la Constitución de Montecristi.
Más allá del tema de la reelección indefinida (enmienda del Art. 114), que actúa como cortina de humo para ocultar los temas de fondo, las enmiendas se concentran en cinco puntos clave: la eliminación del sindicalismo público (enmiendas de los Arts. 229 y 326), la eliminación de la capacidad de la ciudadanía “para solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto” (enmienda del Art.104), la definición de “la comunicación como un servicio público (que) se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios” (enmienda del Art. 384), la concentración de las competencias sobre educación y salud en el Ejecutivo, limitando las atribuciones de los gobiernos municipales (enmienda del Art. 264), y la “policiación” de las Fuerzas Armadas mediante la introducción de la misión complementaria de “apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley” (enmienda del Art. 158).
Estas enmiendas se articulan a otras normas, en particular las del Código Orgánico Integral sobre la criminalización de las luchas sociales, sobre todo en el Libro Primero, Capítulo Sexto, titulado “Delitos contra el Estado Constitucional. Mediante una extensión de la tipificación de los delitos de rebelión (Art. 336), sabotaje (Art. 345), paralización de un servicio público (Art. 346), incitación a la discordia entre ciudadanos (Art. 348), terrorismo (Art. 366), el objetivo es bloquear el derecho a la protesta y la movilización social. Por ejemplo, mediante una definición laxa e indiferenciada de la violencia; se incluyen dentro del “sabotaje” acciones que han sido características de las luchas de los movimientos sociales, como el cierre de vías o la toma pacífica de una dependencia pública. En las movilizaciones actuales, se ha detenido a ciudadanos por pegar afiches con el llamado a la Marcha y al Paro, acusados de “incitar a la discordia entre ciudadanos”.
El sentido profundo de las enmiendas y de diversas reformas a las normas legales es ajustar la Constitución y las leyes a las normativas del Tratado con la UE. La propaganda oficial ha mostrado el Acuerdo como diferente al proceso de los TLCs e incluso como beneficioso. Y hay que reconocer, autocríticamente, que ha logrado controlar a la opinión pública. La firma del 17 de julio pasó sin mayor resistencia social.
Pero en realidad se trata no sólo de un nuevo capítulo en la saga de los TLCs, sino de tratados de “tercera generación”, que envuelven un mayor riesgo para la soberanía y la economía de nuestro país. Se articula a la lógica del TISA (Acuerdo de Comercio en Servicios), en el que se diluye la soberanía de los Estados nacionales, y queda subordinada a las demandas de las transnacionales. Y un segundo giro fundamental es el interés ya no tanto en los “bienes”, sino en los “servicios”.
Cincuenta países, encabezados por los Estados Unidos, que representan el 68% del comercio mundial en servicios, están negociando en secreto el TISA, al margen de la OMC. Integra otros acuerdos regionales como el TTIP entre Estados Unidos y Europa (Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión), denominado también la OTAN económica; y el TPP entre Estados Unidos y varios países del Pacífico Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica), para contener la expansión del eje China-Rusia.
“El término “servicios” en este contexto abarca desde agua y alimentación, a salud, educación, investigación, comunicaciones, correos, transportes, telecomunicaciones, comercio electrónico, venta minorista y mayorista, servicios financieros, y mucho más, incluso los mal llamados “servicios ambientales” relacionados a bosques, sistemas hidrológicos y otras funciones de los ecosistemas. ¡Hasta los migrantes se incluyen en el tratado como supuestos ‘proveedores de servicios’!” (Ribeiro, 2015) No es mera coincidencia que las enmiendas se orienten a la declaración de la información pública como “servicio” y a la concentración de las atribuciones en el Ejecutivo respecto a los “servicios” de educación y salud.
Los pueblos entran desarmados a esta nueva batalla. La conciencia lograda en la resistencia a los TLCs en la década pasada, ha sido disuelta paradójicamente por las políticas y la propaganda de los llamados gobiernos “progresistas”. Las propuestas iniciales de integración regional con soberanía, como UNASUR, Banco del Sur, se han quedado en eso, en propuestas; y han dado paso al nuevo desembarco invisible de las transnacionales.
Nuevamente desde abajo hay que iniciar una marcha para detener esta nueva ofensiva colonial y colocar en el centro de nuestras demandas.
Ilustración: McGuirre, Triua.com
