MILITARIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN: DOS LÍNEAS DE LA INVOLUCIÓN CIUDADANA A PROPÓSITO DE LA MINERÍA EN ESMERALDAS
Edgar Isch L.
Importantes expertos reconocen que las primeras expresiones de la criminología junto con las estrategias de control social en relación a la llamada “desviación criminal” surgen en los orígenes del capitalismo y su necesidad de sometimiento de amplias masas a las necesidades de la producción y explotación de la fuerza de trabajo. De allí que, Massimo Pavarini en su obra “Control y dominación: teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico” (Siglo XXI Argentina editores, 2002) resaltara que:
“La criminología es también ciencia pedagógica y por lo tanto ciencia de la transformación. De tiempo en tiempo sus cultores hablarán lenguajes diversos, por ejemplo el médico y el psiquiátrico, así como, de tiempo en tiempo, la institución penitenciaria será definida como hospital, como manicomio; pero en el fondo, la preocupación de quien detenta este conocimiento parece ser una y sólo una: sugerir prácticas de manipulación, experimentar tratamientos, educar para el conformismo.” (Pág. 39-40).
Manipular y educar para el conformismo, a lo que abría que añadir amedrentar y colocar al poder social de la burguesía como una espada de Damocles siempre presente sobre los de abajo. “La Ley es para el de poncho”, se diría en lenguaje ecuatoriano, cuando uno mira las diferentes maneras de aplicar una nueva Ley según la cara, o mejor, según el bolsillo de quién se trate.
Esto lo miramos tras el accionar del gobierno respecto a la explotación minera en Esmeraldas. Justifica la militarización y violencia que supera las normas legales bajo el argumento de defender los Derechos de la Naturaleza, cuando actúan distinto allí donde los mineros artesanales le apoyan (un sector de Ponce Enríquez, en Azuay, por ejemplo) y se apresta a meter transnacionales mineras en la región amazónica, que traerán tanto y mayor destrucción ambiental pero poniendo la basura debajo de la alfombra. No se trata solo de cinismo, evidente a menos que no se quiera ver, sino de un acto más de amedrentamiento.
Igual es la diferencia según la ubicación. Una cosa es un barrio informal de gente pobre y otra es normar Zamborondón; uno es el comportamiento militar en provincias consideradas marginalizadas (y por tanto delincuenciales) como el oriente y Esmeraldas, y otra sería en Pichincha o Guayas. La ley es para el de poncho, para el pobre, para el marginal.
Si a esto sumamos los planteamientos de reforma penal impulsados por la extrema derecha durante años y hace poco apropiados por el gobierno en la consulta popular, los desalojos de barrios informales por militares en Guayaquil y otras partes, las normas represivas en la Ley de educación que bajo el amparo de la doctrina de seguridad nacional imponen la figura de “conmoción interna” en los establecimientos educativos y el colocar a los militares en las calles para vigilancia ciudadana, sin que sea todo lo sumable, el resultado es una estrategia de militarización.
Este proceso se relaciona fácilmente con la criminalización de la protesta social. La visión burguesa de seguridad ciudadana establece una conexión entre individuo delincuente con clases peligrosas y la determinación del enemigo interno, caso en el que, usarán a toda la fuerza militar “en defensa de la democracia”. El concepto de “defensa social” con el que se justifican los “excesos” o el afín de “interés superior del Estado”, solo buscan dar legitimidad y cobertura a los mecanismos de control social y de represión masiva.
Recurrir a la fuerza es también un reconocimiento del fracaso o, cuando menos, debilidades en los mecanismos de cohesión para lograr poner a los pueblos a la cola del poder gubernamental, incluyendo el fracaso del reformismo para resolver los problemas sociales. Pero lo que se está haciendo es priorizar la fuerza y la violencia ante la ausencia de una política integral y nacionalista de seguridad.
Pero el empleo excesivo de la fuerza solo puede traer más violencia. Está demostrado que las militarizaciones traen más conflictos. Según el Índice Global de la Paz (GPI) que publica anualmente el Instituto para la Economía y la Paz de Australia, por poner un ejemplo, Colombia es el de peores condiciones en América Latina precisamente por “su alto nivel de militarización”. Durante las actividades preparatorias de la XLI Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, se realizó el VIII Foro Hemisférico de la Sociedad Civil, instancia que propone “Evitar la militarización de la seguridad ciudadana como una medida permanente y hacer asignaciones presupuestarias para fortalecer cuerpos policiales orientados al servicio ciudadano con el objeto de combatir efectivamente el crimen y la violencia”. El hecho de que los militares estén preparados para la guerra y no para la seguridad ciudadana es un aspecto importante a considerar y una causa de violencia que tiene como víctimas a los más inocentes.
Con los recorridos diarios de militares en nuestras calles y su participación en muchos otros eventos, no solo van acostumbrando a la población a nuevas condiciones de represión, sino que van creando las condiciones de un “Estado de emergencia permanente”, no declarado, soportado en leyes menores, pero igualmente existente.
Un aspecto ideológico adicional al que los gobiernos suelen recurrir es a confundir la seguridad ciudadana con la seguridad del Estado, contando con el monopolio del uso de la fuerza en los organismos estatales y el principio de legitimidad del Estado para reprimir. Lo que se cuestiona es qué derechos se protegen y de quienes. La distancia entre derechos reconocidos en la Constitución y las leyes y los derechos realmente protegidos (y de que clase), es muy grande. En los hechos, el derecho que realmente está protegido es el de propiedad, mientras los derechos sociales, económicos y culturales están muy lejos de ser respetados. Solo compare los procedimientos, sanciones y organismos para resolver un robo, a diferencia de los que existen para reclamar por falta de escuelas y violación al derecho a la educación.
Los Derechos de la Naturaleza no se contraponen a los Derechos humanos
Una trampa en el caso de Esmeraldas es que los funcionarios gubernamentales pretenden contraponer los derechos de la Naturaleza y usarlos como pretexto para incluso desconocer los Derechos de las personas. El argumento sería solo un simplismo si no fuera peligroso. Con él, poblaciones entras podrían ser atacadas por realizar actividades en sus bosques tras firmar el contrato de Socio-bosque y o se podrían dinamitar los automóviles que contaminan.
Derechos de la Naturaleza y Derechos Humanos forman parte de un mismo cuerpo conceptual que habla de priorizar la vida por encima del al mercado, algo que no entiende el gobierno que pretende abrir la gran minería transnacional a cielo abierto. Se trata de poner la racionalidad en busca del Buen Vivir colectivo, que como se a dicho puede comprenderse como la “vida óptima” y el “buen compartir” de manera conjunta.
Cuando seres humanos conscientes impulsaron que nuestra Constitución reconozca los Derechos de la Naturaleza, no pudieron hacerlo sin aceptar que no somos ni separados y menos opuestos a la naturaleza, sino una parte de ella. Los derechos de la Naturaleza, entonces, son también nuestros y actúan a nuestro favor, estableciendo en el Estado la misma obligación de garantizarlos como lo hace con los demás derechos.
Al igual que la doctrina de derechos humanos sostiene como principio que todos los derechos son igualmente importantes y que por tanto la meta es lograr: “Todos los derechos para todos”, ahora sumamos esos nuevos derechos. No es respetable entonces afirmar que, en un desalojo violento a pretexto de los derechos de la naturaleza, ya no hay necesidad del debido proceso y que como los jueces fallan, entonces la justicia queda en manos de los militares. Eso solo es un justificativo para un acto de profundización de la militarización, la cual va tomando el carácter de permanente.
El otro sendero y el gobierno del Ecuador
Algo que los neoliberales pusieron en primer plano en su agenda, fue la regulación de las actividades económicas. Según el economista peruano Hernando del Soto, autor de “El otro sendero” y de “El misterio del capital”, la informalidad es un impedimento al desarrollo del capitalismo. Para el autor, solo importa la propiedad privada en manos individuales, por lo que cualquier otra forma de producción es culpable del retraso. Desde esa teoría, claro, es imposible comprender la crisis capitalista en países desarrollados y muy formalizados como los europeos.
Lo extraño para muchos es que el gobierno de la llamada “revolución ciudadana” comparte el criterio de que la “modernización” del país va atada a la formalización, a que todos sigamos las mismas reglas y comportamientos determinados desde mecanismos económicos capitalistas.
Veamos lo del desalojo a los mineros en Esmeraldas: la solución propuesta por el gobierno no es defender la naturaleza, sino que se formalicen dentro o fuera de la empresa estatal. Con las leyes mineras empresariales viene la concepción gubernamental de que el gran capital sabe realizar un uso racional de los recursos naturales y garantiza protección de la naturaleza, lo que se presenta como posible empleando el mito de la tecnología de punta. La historia reciente de las actividades extractivistas demuestra que ello no es así. ¿Tecnología de punta? ¿Y qué pasó en el derrame petrolero del Golfo de México o en la central nuclear de Fukushima, las dos en manos privadas? El gran capital es la causa de la acelerada destrucción del ambiente y no su solución.
Pero lo de Esmeraldas es solo un ejemplo. También la destrucción de viviendas marginales es para obligar a la fuerza a la formalización, igual que se quiere formalizar la tierra rural y, con la Ley de Economía Popular y Solidaria que desconoció a los pequeños comerciantes y formas campesinas de producción y financiamiento que ahora solo tendrían campo en formas cooperativas que beneficiarán a las grandes instancias financieras. Formalizar!!, formalizar!!, es la orden neoliberal que apoya a los grandes capitales y que el gobierno la va siguiendo especialmente cuando se trata de impulsar a la gran minera extranjera.
