Marzo 29 de 2017
Por principio, el Estado y el Derecho deben servir fundamentalmente de instrumento y garantía para los derechos de las naciones, los pueblos y los individuos. Sin embargo, en el país, durante la década del gobierno de Rafael Correa, este principio debe ser tomado únicamente como punto de partida para luego comprobar cuán perjudiciales resultan las leyes aprobadas por la actual Asamblea en relación con los intereses y necesidades de los pueblos ancestrales. La esperanza indígena de una defensa jurídica apropiada a sus intereses se ha desvanecido, las leyes aprobadas en la década correísta, desfiguran y anulan las posibilidades de la actual Constitución del Estado. Veámoslo brevemente:
? Ley Orgánica de Educación Intercultural. El 19 de febrero del 2009, mediante el Decreto ejecutivo 196, el presidente Correa termina con la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), traspasa su control al Estado, integrándola al único Sistema Nacional de Educación. Con esto contradice a la propia Constitución que declara al Estado ecuatoriano plurinacional y multiétnico. Un espacio autónomo era la alternativa de superar la dependencia de un poder ajeno pero la pequeña isla de autonomía fue asimilada a una instancia donde no hay identidades particulares, donde todos deben olvidar su origen. Como ya se ve, los avances esperados no han llegado, la Educación Intercultural Bilingüe tiende ahora a estereotiparse, a llenar los textos didácticos de clichés propagandísticos del gobierno, se producen materiales en serie e inadecuados, se designan profesores a dedo. La Educación Intercultural Bilingüe ha perdido su especificidad. La DINEIB, fue un gran aporte a la educación, significó un avance en la democracia, una iniciativa política renovadora, un impulso al movimiento indígena. Con el decreto, el rescate de lenguas y saberes teóricos y prácticos de los pueblos originales volvió al olvido, tornó a hundirse en la indiferencia.
– Ley de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del agua. Aprobada en lulio del 2014. El valor de las culturas de los pueblos originarios está determinado por su antigüedad, el hecho de que hayan existido durante milenios es la mejor garantía del buen manejo del agua. El cuidado que estos pueblos tienen por las vertientes, el regadío, la distribución del líquido, siempre ha estado de acuerdo a las leyes ecológicas y por lo tanto no es obsoleto sino de gran actualidad. Con resistencia a las adversidades del clima, a lo abrupto del terreno, a la falta de herramientas, los yacucamayuc (cuidadores del agua), han regulado su usufructo de forma impecable, pero ahora La Ley de Aguas y Recursos Hídricos la expone a la mercantilización, privatización y acaparamiento. Las organizaciones indígenas presentaron una propuesta viable, justa y democrática: establecer la Coordinadora Plurinacional del Agua en la que se plantearan y resolvieran los importantes problemas técnicos y sociales del manejo del agua desde diferentes necesidades e intereses. Pero no solo que no se aceptó el ofrecimiento, sino que la Ley obliga a los sistemas comunitarios del agua a subordinarse a las juntas administradoras, municipios, organismos superiores, empresas y otras instancias ajenas, con marcada insensibilidad social y cultural, encima de todo, los reclamos comunitarios son definidos desde el oficialismo como proselitismo político y no cómo responsabilidad social. La Ley de Aguas y Recursos Hídricos, que fomenta el manejo del agua se contradice en esencia con el modo tradicional de vida comunitaria y colectiva, tal desigualdad es comprobable con cifras: el 1% de beneficiarios de riego privado concentra el 64% del caudal de agua, mientras miles de sistemas comunitarios del líquido vital comparten el 13% restante.
?Ley de Tierras rurales y territorios ancestrales. Aprobada en 2016 y cuestionada duramente por las organizaciones indígenas que consideran que directamente beneficia al agronegocio y al latifundio y que tiende a sacrificar la tierra colectiva en nombre de la industrialización. Al plantear la alimentación no como un derecho sino como negocio, pone a la agricultura campesina colectiva en situación de dependencia de las empresas transnacionales puesto que se trata de una ley pensada únicamente desde el punto de vista económico, sin tomar en cuenta la base cultural que es la que cohesiona los espacios territoriales de las comunidades y pueblos indígenas que aún presentan modos de producción alternativos y que no están basados totalmente en leyes de mercado ya que tienen otra comprensión de la ventaja económica. Por cierto, una gran parte de economía del país, a modo de producción agrícola, depende todavía de la producción colectiva, pero el olvido del Estado, tierras en otro tiempo fértiles y cultivadas son abandonadas y se transforma en tierra desértica, se cubren de maleza y obligan a los comuneros a su abandono.
La ley de Cultura, aprobada en el 2016. Esta Ley prioriza únicamente los intereses de un grupo de personas que pretende poseer la prioridad intelectual y poca atención resta para ocuparse de problemas de cultura acumulados y no resueltos, como son los que presentan las culturas ancestrales. La Ley de cultura se basa en el principio de uniformidad de las expresiones culturales, suponiendo que todas son “cultura ecuatoriana”, así se genera una ruptura entre el texto escrito y los hechos reales. Expresiones de la cultura de profundo sentido religioso, histórico, aparecen fragmentadas y ofrecidas al turismo con claro enfoque utilitarista. Las culturas mantienen una oposición silenciosa al oficialismo; algunas formas, géneros y estilos consiguen mantenerse porque la tradición es muy fuerte y la falta de información desde el exterior las mantiene aisladas. La Ley de cultura es notoriamente tradicionalista y conservadora en su labor homogenizadora que no considera otros modos de vida, otros tiempos otros ritmos y cierra las posibilidades de expresión a lo axiológico y semántico de las culturas originarias.
Se ha legislado, como hemos visto, el racismo y la dominación, sintonizados los dos, con el mito del Progreso y el Mercado. No hay en las leyes mensajes racionales y éticos que defiendan la permanencia de los pueblos indígenas del Ecuador
