ACUERDO COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA: NO SE PUEDE ABANDONAR A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES CAMPESINOS E INDIGENAS* por Gerard Coffey

ACUERDO COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA: NO SE PUEDE ABANDONAR A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES CAMPESINOS E INDÍGENAS*

Gerard Coffey

Firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea, bajo cualquier nombre, es una opción. Y ya tomada la decisión de negociar, es ahora asunto de decidir si conviene firmar o no. Y esa decisión, a su vez, implica elegir entre intereses. Por un lado: los intereses de los empresarios, sobre todo los de las empresas exportadoras, y, por otro, los intereses de los pequeños productores agrícolas que abastecen el mercado nacional. Es una visión un tanto maniqueísta, pero matices más o matices menos, es así de claro.

¿QUÉ ES UN ACUERDO COMERCIAL?

“Los acuerdos comerciales no sólo se tratan de comercio, sino que implican cambiar las instituciones nacionales de los países socios de manera que puedan mejorar la seguridad de Estados Unidos.”[i]

La cita es de Stephen Krasner, profesor de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y ex director de planificación de políticas del Departamento de Estado entre 2005 y 2007. Sus palabras importan porque -si bien Krasner es estadounidense y en el contexto actual estamos a punto de negociar un acuerdo con la Unión Europea (UE) – dejan al desnudo los objetivos de las potencias económicas a la hora de negociar acuerdos comerciales con países de menos peso.

Los europeos, por lo general, no son tan directos. Pero respecto a sus objetivos el Comisionado Comercial de la Unión, Karel De Gucht, fue muy claro en su presentación frente al parlamento europeo, cuando presentó su informe de los acuerdos comerciales recientemente concluidos con Colombia y Perú.

“El comercio es una herramienta que estamos utilizando para ayudarnos a salir delas dificultades económicas en las que nos encontramos, y este acuerdo no es una excepción.”

Para equilibrar un poco su declaración añadió que los acuerdos subirían:

“… a ‘largo plazo ’el PIB de Colombia en 1.3% y de Perú en 0.7%.”… Sin definir lo que significa ‘el largo plazo’.

¿Por qué un acuerdo?

El interés de la Unión Europea en firmar acuerdos comerciales con los países de la región andina tiene relación directa con el fracaso de las negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC) lanzadas en el 2001. La resistencia de varios países del sur, en particular de Brasil y la India, frente a la intransigencia de la U.E. y Estados Unidos respecto a sus altamente subsidiados y protegidos sectores agrícolas, ha puesto la mirada de estos últimos en los acuerdos regionales o bilaterales.

Y en el 2003, cuando ya fue evidente la falta de oportunidades dentro de la OMC, se firmó el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Comunidad Andina de Naciones, CAN (que en ese entonces incluía a Venezuela), y la Unión Europea[ii]. Al final Colombia y Perú negociaron solos. Para el Ecuador y, sobre todo, Bolivia, resultaron inaceptables las exigencias de la propuesta europea que iban en contra de sus intenciones de crear economías más equitativas y menos dependientes de las exportaciones y la extracción de recursos naturales. Pero en marzo de este año, mientras se reanudaron las negociaciones con Ecuador[iii], el Consejo de la Unión Europea aprobó el Tratado de Libre Comercio, (TLC) con Colombia y Perú[iv]

Los motivos de la Unión Europea (y EEUU en su tiempo) son bastante claros.A pesar de la retórica del buen samaritano, en realidad buscan abrir mercados y fortalecer sus economías. El ejemplo de Perú con la predicción de un crecimiento de 0.7% ‘a largo plazo’ demuestra claramente que estos acuerdos no tienen nada que ver con el bienestar de los países ‘socios’.

Y vale detenernos un momento para examinar exactamente lo que significa este 0.7% y dejar en claro lo que significa la generosidad de la Unión Europea. Es decir, aunque fuera posible traducir el crecimiento económico en el incremento del bienestar de la población en su conjunto, o que los ‘beneficios se repartirían de manera igualitaria (algo muy poco probable debido a que América del Sur es la región económicamente más desigual del mundo) un crecimiento a largo plazo del 0.7% sería una broma si no fuera tan serio. Abrir el mercado peruano a la Unión Europea representará un incremento ‘a largo plazo’ de US$37,80[v] al año por cada habitante de ese país.

En el caso ecuatoriano no contamos con un pronunciamiento europeo respecto al crecimiento esperado, pero según un estudio preparado por investigadores de FLACSO – Ecuador y del CEDLAS/UNLP-Argentina[vi]el acuerdo entre Ecuador y la UE generaría, un crecimiento económico alrededor del 0,5% del PIB[vii]. Según el Banco Mundial el PIB per cápita del Ecuador fue US$4.008 en el 2010[viii], por tanto un crecimiento de 0,5% implica US$20,04 al año por cada ecuatoriano/a. O sea, US$1.67 al mes o 42 centavos (o media botella de cerveza) por semana.

¿Y SI YA CONOCEN LAS CONSECUENCIAS?

El misterio no radica en los motivos de la U.E., sino en el porqué de la decisión ecuatoriana de volver a la mesa después de haber interrumpido las negociaciones en el 2009. La decisión es aún más sorprendente si tomamos en cuenta las declaraciones pasadas de varios miembros del gobierno de Alianza País, incluyendo el presidente Rafael Correa (cuya oposición a los Tratados de Libre Comercio es bastante conocida) y del ex Canciller y actual directivo de la Secretaria Nacional de Planificación, SENPLADES, Fander Falconí.

Por ejemplo en el libro El Rostro Oculto del TLC el Presidente Correa escribió:

“Finalmente Branko Milanovic, investigador del Banco Mundial en asuntos de Pobreza concluye que el aperturismo comercial incrementa la desigualdad en países pobres pese a que el Banco Mundial por décadas sostuvo lo contrario…”. “El estudio concluye que solo los ricos se benefician del aperturismo en los países pobres perjudicando de esta forma los más pobres entre los más pobres.” (Milanovic 2002)

Y en la misma línea citó al economista Ha Joon Chang: “la promoción de la industria infantil ha sido la clave del desarrollo de la mayoría de naciones…” (Kicking Away the Ladder  Chang 2002:10)

En cuanto a Fander Falconí, Prensa Latina le cita así[ix]: “Ya el 2006 Ecuador rechazó un acuerdo de libre comercio,” dijo (Fander) Falconí, “cuando grupos tradicionales aliados a Washington quisieron imponernos un TLC con Estados Unidos.”“Se trata,” recalcó, “de estrategias de desarrollo completamente distintas a las que perseguimos en Ecuador, basadas en un desarrollo endógeno con acumulación propia de capital, con intentos de consolidar una producción local y un empleo nacional.”  “Creo,” afirmó, “que en Ecuador un TLC con la UE, sin beneficio de inventario como pretenden los voceros de las grandes Cámaras, vulneraría derechos constitucionales de amplios sectores de trabajadores en ámbitos que van desde lo agrícola hasta la salud.” “Asimismo”, agregó Falconí, “la opción de desarrollo delineada en la Constitución de la República y detallada en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 quedaría pospuesta en forma indefinida por las concesiones que pretende Bruselas.”

Se opusieron Rafael Correa y Fander Falconí, y muchos más, a la idea de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, porque las desventajas de esta clase de acuerdo (él tratado con la Unión Europea con toda probabilidad sería más perjudicial); ya fueron ampliamente investigadas, difundidas y reconocidas. Incluso discutidas en periódicos, universidades, foros públicos, y organizaciones sociales, campesinas e indígenas.

Y no hay que dudarlo, porque a pesar de la retórica del gobierno respecto a no firmar un TLC, o sus planteamientos de que va a proteger a tales o cuales sectores, la realidad, desde la perspectiva de la UE, es otra. El mismo Karel de Gutch ha sido enfático en sus declaraciones respecto a lo que los europeos están dispuestos a negociar: “No estamos dispuestos a tramitar con Ecuador ninguna forma de tratado comercial que no sea como  él rubricado con Colombia y Perú. Ese acuerdo está abierto a que los otros miembros de la CAN, como Ecuador y Bolivia, se sumen al pacto cuando estén preparados”[x]

UNA BREVE DISCUSIÓN DE LOS IMPACTOS

Varios sectores estarán en peligro si finalmente se suscribe un acuerdo con la UE La industria farmacéutica sería uno. Su capacidad de elaborar drogas genéricas se verá afectada, impactando el sistema de salud nacional y, por tanto, la gente más necesitada que tendría que pagar más, si es que puede pagar más, por las medicinas.

Es un ejemplo, y un ejemplo importante, pero no será el único sector afectado. Y es que si buscamos el sector productivo más susceptible a los impactos de un acuerdo, sería el de los pequeños productores agrícolas campesinos e indígenas. Es casi inevitable que la ola de importaciones agrícolas baratas que permitiría un acuerdo comercial con la UE, socavaría las posibilidades de vender sus productos, y de ahí provoque consecuencias graves para estas comunidades y el campo en general. El caso de las comunidades indígenas de la sierra es hasta peor, puesto que los impactos serán tanto culturales como económicos, dado que su forma de ser es fuertemente vinculada a la tierra.

Pronosticar el futuro es para videntes o economistas, pero sin ser Casandra es posible tener una idea de los probables resultados del escenario descrito arriba: mayor migración hacia las ciudades, venta de tierras a ‘inversionistas’ (sean nacionales o extranjeros) y, como secuela, más énfasis en las exportaciones o la producción de biocombustible, menos producción para el mercado nacional y, en el peor de los casos, más cooperación con el narcotráfico, como sucedió en México después de la firma del TLC con Estados Unidos.[xi]

Puede parecer un escenario apocalíptico, pero sabemos que según el acuerdo firmado por Perú y Colombia con la UE estos dos países han sido obligados a abrir sus mercados al altamente productivo sector agrícola de los europeos. Y se conoce que esta apertura va a traer problemas para los pequeños productores. Discutiendo los probables impactos de un TLC con Estados Unidos en el 2005, Manuel Chiriboga, ex sub secretario de agricultura aclaró:

“Productos donde hay un gran número de productores y donde se emplean miles de ecuatorianos, hombres y mujeres, como el arroz, la leche y la carne, los pollos, el maíz o la papa, para citar solo algunos, corren grave peligro. Estos se han beneficiado hasta ahora del sistema arancelario, de acuerdos de absorción de cosechas y de restricciones de diverso tipo a la importación. ¿Pueden estos productores competir en el contexto actual, si se eliminan tales sistemas? ¡La respuesta es decididamente No!…”[xii]

Pero el problema no radica solo en el hecho de que la producción europea (o estadounidense) sea más eficiente o tecnificada (que sí lo es), sino en que los grandes productores allá son altamente subsidiados. Estos subsidios han sido la manzana de la discordia dentro de las fallidas negociaciones de la OMC, antes mencionadas. Después de décadas de conversaciones, negociaciones y querellas, el problema no ha sido resuelto. No es de sorprender, por tanto, que países como Brasil, India o Argentina no estén dispuestos a firmar ningún acuerdo comercial con los dos bloques, puesto que su producción agrícola sería gravemente afectada.

Por su parte los europeos sí se mueven, pero a paso muy lento. Y a pesar de que la última propuesta de la Comisión Europea de reformar la Política Agrícola Común (PAC) y reducir los subsidios (desde el 2014 los grandes productores no podrán recibir más de 300.000  euros o US$409.000 al año), la UE seguirá gastando un total de 55.000 millones de euros o US$74.963 millones anuales, una cifra casi tres veces mayor que el presupuesto completo del Estado ecuatoriano[xiii]. Frente a ese diluvio de dinero será imposible competir.

Los impactos en sectores no agrícolas.

Un acuerdo comercial con la UE no solo generaría problemas con nuestros sectores productivos; los impactos van más allá. Una de las consecuencias más graves del tipo de acuerdo que los europeos pretenden firmar, es que este ofrecerá a sus empresas la posibilidad de competir en iguales condiciones con las ecuatorianas para los contratos estatales.

Sin enfatizar el punto, competir será complicado para los productores nacionales. Pero hay más. Las compras públicas representan una de las armas más efectivas y poderosas con la que cuenta el gobierno para estimular la producción nacional, y de ahí cambiar la estructura productiva del país. Y según el artículo 288 de la Constitución de Montecristi:

“Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.”

El uso de las compras públicas es una pieza clave y sin ello se profundizaría el ‘extractivismo’, es decir la dependencia de la producción y exportación de materias primas. De ahí cae el argumento esgrimido por el gobierno de que: “los recursos naturales no son, en sí mismos, un objetivo, sino un medio”[xiv]

No significa, sin embargo, que todo empresario tema la llegada de los europeos o sus inversiones, que incluso recibirían un trato preferencial bajo un TLC.

Como dice Luis Maldonado Lince, ex secretario de la producción del gobierno actual, y uno de los principales opositores del TLC con EEUU., muchos se están frotando las manos pensando en la posibilidad de vender sus negocios o agruparse para lograr mejores niveles de rentabilidad a través de la modernización e inyecciones de inversión.

¿QUÉ PASÓ?

A la luz de las consecuencias anunciadas, es legítimo preguntar: ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años para convencer al Presidente de que es necesario concluir un acuerdo con la Unión Europea? ¿Han cambiado algunos factores importantes? ¿Es el resultado de presión por parte de los europeos? ¿O quizás nada más que un capricho del primer mandatario?

No hay una sola respuesta, hay varios factores en juego.

Primero tenemos la presión ejercida por las industrias camaronera, florícola, atunera, cacaotera y brocolera. Sin un acuerdo todas serían afectas de cierta forma, porque a finales del 2013 se perderán las exenciones arancelarias otorgadas por el Sistema General de Preferencias (GSP+) de la Unión Europea.

Estas industrias son importantes, mucha gente depende de ellas, y no las podemos abandonar. No obstante, forman parte de una economía extractivista que se pretende dejar atrás. Por eso hay que buscar respuestas distintas a un TLC.  Y con mayor eficiencia productiva, el apoyo del gobierno (respetando las normas de la OMC), y un reconocimiento por parte de los dueños de esos negocios de que el concepto de la economía solidaria del que habla la Constitución se aplica también a ellos, los problemas de no firmar podrían minimizarse.

La industria bananera

Es la industria bananera, sin embargo, la más grande de todas[xv], la que más problemas tendrá. Y aquí se puede ver el lado flaco de la posición ecuatoriana, un punto débil que los europeos no han tenido empacho en explotar. Durante más de una década esta industria sufrió a manos de la Unión Europea, que buscó formas de favorecer a sus ex colonias y soslayar las reglas de la OMC. El Ecuador ganó juicos contra la UE en el seno de esa organización; pero a pesar de ello nunca fue capaz de imponer las sanciones autorizadas sobre los europeos, que tampoco se esforzaron en cumplir los fallos. Hasta hace poco impusieron un arancel que superó incluso el costo de producción de los bananeros ecuatorianos.[xvi]

Destrabar los problemas de la industria y llegar a un arreglo sobre la reducción de aranceles fue una de las principales razones para retirarse de las negociaciones entre la CAN y la Unión Europea en el 2009. Y dentro de poco el acuerdo se alcanzó. El inconveniente es que los grandes competidores de la industria nacional, es decir los productores colombianos, gozarán de una ventaja arancelaria dentro de muy pocos años a través del TLC que Colombia acaba de firmar con los europeos.

E inconveniencia sí lo es. La industria bananera ecuatoriana representa un 39%[xvii] de las exportaciones no petroleras hacia la UE, y es significativo tanto por las ganancias que trae (aun cuando el arancel es pagado por los importadores europeos) como por el número de productores y puestos de trabajo que dependen de ella. No es de sorprender entonces, que ejerce una tremenda presión sobre varias ramas del gobierno y de ahí la decisión de negociar. No quiere perder un porcentaje de su mercado más importante.

Pero vale destacar que los bananeros han tenido problemas con los aranceles europeos durante por lo menos diez años y de todos modos siguen exportando exitosamente. El mundo no ha colapsado a pesar de que la productividad de la industria es en muchos casos muy baja y podría fácilmente ser mejorada. Al mismo tiempo las grandes exportadoras se han beneficiado de los altos precios del mercado. Pero esto no implica que hayan trasladado los beneficios a los pequeños productores que –  muchas veces viviendo y trabajando en condiciones más que precarias – tienen que pelear para que les paguen el precio acordado para cada caja de la fruta. Es una historia sin fin.

Por otro lado es entendible que, a pesar de sus dificultades, los pequeños productores de banano (que en el 2009 representaban el 71% del total[xviii]) apoyen la firma de un acuerdo con la UE. En la práctica no existen opciones. Pero sí existen soluciones, existen caminos distintos, más equitativos. El primer paso sería conocer el margen de ganancia de las exportadores y compararlo con el pago a los pequeños productores, el segundo, determinar lo que significaría en términos gruesos la ventaja arancelaria de la que Colombia gozará, el tercero, buscar opciones para mejorar la productividad y competitividad de la industria sin regalar dinero a las grandes empresas exportadoras y, el cuarto, ayudar a organizar a los pequeños productores que ahora se encuentran en manos de esas grandes exportadoras.

La prensa, las industrias y la derecha adentro.

Las industrias presionan, pero no están solas. Tienen amigos que ha influido en el cambio de estrategia comercial.  Hablamos de la posición adoptada por la famosa “prensa corrupta”, que claramente apoya la firma de un TLC y está dispuesta a imprimir y publicar opiniones que, sin lugar a dudas, no tienen asidero en la realidad. Por ejemplo[xix]: ‘“con ellos se suman 29 mercados a los que el país dejaría de exportar si no se firma el acuerdo comercial”, indicó Camposano’ [xx], declaración evidentemente diseñada para asustar al lector o, en el caso de diario El Universo, quizás para confirmar la legitimidad de sus intereses creados.

El Universo y el resto de la prensa privada nacional pueden haber apoyado una marcha indígena en contra del gobierno, pero es poco probable que apoyen un esfuerzo para impedir un acuerdo comercial con la UE, y de ahí con Estados Unidos. Y no es difícil imaginar un escenario en el que todos los grandes medios–privados y estatales- se unan para promover las bondades de esta clase de acuerdo. Y ya tenemos evidencia de que esto es lo que está pasando. El día domingo 15 de abril se publicó en el diario El Telégrafo un artículo sobre el alentador panorama económico del país[xxi] según el cual:

“El desarrollo de la minería en el país, los cambios en los contratos petroleros que ahora le otorgan más recursos al Estado, así como la inminente firma de acuerdos comerciales que mejoren las exportaciones”

A lo cual hay que añadir la campaña mediática en contra de Kintto Lucas, ex Vice Canciller de la República, que se opuso a la firma de un TLC con los europeos, y lo que él mismo ha descrito como ‘la derecha que está dentro del gobierno’, es decir los funcionarios que presionan, en conjunto con los medios, y que se desesperan para firmar un acuerdo. Según Lucas[xxii]:

“ Claramente son los miembros del grupo negociador, el Viceministro de Comercio (Francisco Rivadeneira), la Embajadora en Estados Unidos (Nathalie Cely), el Ministro de la Producción (Santiago León) y alguna otra gente que está por detrás.” Añadiendo que: “Hay mucha información que ese grupo no entrega ni a otros ministros de Estado… ni al Secretario Nacional de Planificación. Él tiene que pedir de favor que le entreguen la información sobre las negociaciones con la UE.”

LA CONSTITUCION: ¿problemita para un TLC o muro contra una ola de importaciones europeas?

Los funcionarios, sin embargo, tendrán que respetar la Constitución. Y la Constitución  indudablemente está con los pequeños productores agrícolas, puesto que ningún acuerdo comercial  puede limitar o restringir los derechos establecidos en ella.

Ni siquiera el Ejecutivo puede firmar un TLC que no concuerde con una carta magna que especifica que cualquier acuerdo tiene que ser discutido y ratificado por la Asamblea Nacional. El artículo 419 es muy claro al respecto:

“Requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que (…) 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. 4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. 5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. 6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio.”

Son varias las cláusulas de la Constitución que regulan un posible acuerdo comercial: el artículo 304 relativo a la política comercial, o el artículo 306 que habla del control y fomento de exportaciones e importaciones con criterios ambientales, o el artículo 313 que se refiere a los sectores estratégicos que, según Alberto Acosta,‘tampoco estaría libre de estas amenazas, si recordamos que en los TLC se busca propiciar la privatización de las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el agua.’[xxiii]

El inconveniente, empero, es la posibilidad de una consulta. Según el constitucionalista Cesar Montaño Galarza[xxiv], el presidente tendrá la facultad de convocar un referéndum sobre la conveniencia o no de un acuerdo con la Unión Europea. En tal caso, sobre todo si el público es consultado al mismo tiempo que las elecciones presidenciales, se volvería más complicado convencer a la población de que las opciones planteadas por los movimientos sociales serían las que más convengan[xxv].

QUÉ HACER

A pesar de las maniobras políticas y legales la firma de un acuerdo, llamado inminente por El Telégrafo, tendrá impactos políticos para el gobierno, sobre todo en un año electoral. La ‘no firma de un TLC con la Unión Europea’, fue una de las exigencias de la marcha indígena del 22 de marzo, y sin duda esta demanda formará parte de la agenda de los movimientos sociales el 1 de mayo y en la reunión que han convocado para el 19 del mismo mes. Mientras tanto el gobierno está apretando el paso -quizás porque después de las elecciones del 2013 la Asamblea podría ser un lugar mucho más hostil– lo que deja poco tiempo para que se elaboren propuestas que concuerden con el concepto del buen vivir y una economía solidaria. Y opciones tendrán que haber. No vale un simple NO al TLC, no convencería.

No convencería porque, como se mencionó arriba, los grandes medios, además de varios medianos y pequeños, apoyarán o el TLC, o apoyarán al gobierno. Otro factor es la alta credibilidad del Presidente, que se ha visto poco afectada por la marcha del 22[xxvi]. Una cosa fue disputar con Lucio Gutiérrez y otra hacerlo con Rafael Correa.

Para algunas organizaciones campesinas el camino tampoco será llano, pues no solo representan a pequeños productores agrícolas que abastecen el mercado nacional, sino también a pequeños productores de banano que no pueden ser abandonados a su suerte. Es el caso de la FENOCIN, aliada del gobierno pero anteriormente dura opositora del TLC con Estados Unidos, que ahora se encuentra peleando por la reforma agraria y contra la inercia del régimen. Muchos de sus dirigentes tendrán recelos respecto a la firma de un tratado; incluso podrían ser personalmente afectados por ello.

Dice Miguel Cashabamba de la FENOCIN:

“No hemos tratado el tema como organización… hemos pasado más tiempo en la ley de tierras… sin embargo muchos de los compañeros saben de las implicaciones que tiene y seria asunto de discutir y hacer un pronunciamiento pero yo a título personal no estaría de acuerdo con un acuerdo TLC con la Unión Europea por las implicaciones que tendría para la gente, en especial del campo”

Al final, para un país como el Ecuador será difícil sobrevivir en un ambiente de competencia con grandes productores de cualquier clase, sean fabricantes de televisores, teléfonos móviles, computadoras, misiles nucleares o productos agrícolas a gran escala. Y si competir es complicado en la actualidad, en el futuro sus posibilidades dependerán de la promoción de ‘la industria infantil’ (no en el sentido peyorativo que recientemente ha asumido esta la palabra) de la que habló Ha Joon Chang, entre otros.

La dificultad es que esa industria infantil – y los pequeños productores agrícolas – requieren apoyo. Y no lo van a recibir a través de un acuerdo comercial cuyo mayor impacto sería condenar al país a un futuro extractivista[xxvii] donde la minería representaría una de las pocas posibilidades de altos ingresos. Se ha hablado de la posibilidad de entrar en el Mercosur, y si fuera una agrupación que promueva el comercio justo y equilibrado entre sus socios, constituiría una opción. Pero no lo es. Pues el Mercosur está dominado por un Brasil en pleno crecimiento económico cuya visión no es esa, sino la de promover sus intereses como la potencia sudamericana. A largo plazo el resultado podría ser igual.

Aquí la pregunta clave es si existe, o no, un verdadero interés en cambiar la estructura productiva (y exportadora) del país. ¿Existe un compromiso con un sistema más equitativo, que no abandone a su suerte a sectores importantes, pero vulnerables?  Y si en la práctica, antes que en la teoría, ese interés existe, lo que se requiere es, entre otras cosas: una estrategia industrial clara y eficaz, que no ponga en riesgo a gente y comunidades vulnerables, mecanismos para reducir la carga de los aranceles, apoyo técnico y económico para las pequeñas industrias, incentivos para mejorar la productividad de los pequeños productores agrícolas, un sistema nacional de exportación para los pequeños exportadores y una reforma agraria que ayuda a los pequeños producir para el mercado nacional de forma más eficiente y respetuoso hacia la naturaleza.

Todo esto se puede hacer. Por supuesto implica riesgos, pero sin arriesgarse el futuro ya está trazado. Y ese futuro, en el caso ecuatoriano, se llama extractivismo.