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Con el respaldo mayoritario de la ciudadanía al proceso de paz, siguen las conversaciones de La Habana entre el gobierno del Presidente Santos y las Farc, diálogos a los que se han sumado los guerrilleros del ELN.
Las gestiones de La Habana han dado pasos trascendentales en varios asuntos. En el momento se han acelerado los trabajos en dos comisiones que atienden los puntos de víctimas y fin del conflicto.
En el fin del conflicto se tratan temas de mucha envergadura como una reforma profunda de las instituciones estatales y gubernamentales, campo en el que seguramente se abordaran los cambios necesarios en el aparato militar del Estado. Problemática que fue eludida en la reforma constitucional de 1991, cuando la materia se dejó en el congelador por la presión de los militares y la debilidad del cuerpo constituyente.
El punto adquiere más relieve si consideramos los hechos recientes en los que bajo la nefasta influencia de Uribe Velez y sus oscurantistas ideas políticas de estirpe fascistoide, amplios núcleos militares y policiales se involucraron en el sabotaje de las negociaciones con las Farc para terminar la guerra civil interna. Generales, coroneles, oficiales, sub oficiales, soldados y policías participaron activamente en apoyo del candidato Oscar Ivan Zuluaga y sus propuestas de suspender la mesa de La Habana y desconocer los puntos ya acordados.
El aparato militar colombiano es una macro estructura estatal con 450 mil integrantes y con un presupuesto equivalente a los 13 mil millones de dólares. Su gestión y operación ocurre en el marco de doctrinas gringas de contrainsurgencia y vulneración de derechos humanos, que se justifican en deformaciones ideológicas anticomunistas.
Los militares y policías ven como normal la operación de grupos paramilitares, los que ayudan a organizar y a operar, porque los consideran parte orgánica y prolongación de su poder político. Los paramilitares son infraestructuras violentas de las mafias del narcotráfico y de potentes hacendados, banqueros e industriales, que son adiestrados por oficiales del Ejército. Sus actos violentos como masacres, falsos positivos, torturas y persecución a lideres populares y de izquierda, son acompañados normalmente por contingentes que salen de las guarniciones armadas. El caso del general Mario Montoya, como el de otros altos oficiales, ilustra muy bien la conducta delincuencial de estos jefes castrenses.
Los militares han mostrado en semanas recientes un inclinación política de ultraderecha usando toda la tecnología comunicacional a su disposición para sabotear el proceso de paz como lo hemos visto con el episodio del hacker Sepulveda, quien trabajaba para la campaña de Zuluaga y para la oficina de Uribe Velez. Hay 5 altos oficiales de la inteligencia policial involucrados hasta el cuello en las irregularidades detectadas por la Fiscalía, quienes deberán atender citaciones en dicho ente judicial el próximo jueves 19 de junio.
Es necesaria una depuración de las Fuerzas Armadas colombianas y para ello se requiere una profunda reforma de las mismas. Reforma que ya ha planteado el presidente Santos con la eliminación del servicio militar obligatorio y el otorgamiento de derechos políticos a los soldados para que puedan participar en procesos electorales. Son dos buenos puntos de arranque que deben abarcan con los días nuevos aspectos sustantivos de la organización y la operación de los cuerpos armados. Como la reducción de su abultado contingente y presupuesto y la reorientación de su función en la construcción del orden público.
fuente: http://www.desdeabajo.info/actualidad/colombia/item/24274-paz-y-fuerzas-armadas-i.html
