PENALIZACIÓN DEL ABORTO: LA GUERRA SANTA CONTRA LAS MUJERES EN UN PAÍS LAICO. Por Gerard Coffey

21 octubre 2013

El escándalo relacionado con las asambleístas que se opusieron al nuevo Código Penal por la prohibición al aborto en casos de violación, no tiene que ver con ‘lealtad’. Tiene que ver con el control.

Se trata del control en dos sentidos. Primero – y más importante porque es más grave y más generalizado – porque las mujeres no ejercen control sobre su propia vida. Y en una sociedad machista, salvo algunas excepciones, la falta es casi total. Las mujeres son obligadas, conscientemente o no, a cumplir unas normas societales que les obligan a ser funcionales a los deseos y opiniones de los hombres[i], y lo que es relevante para este caso, a tener los hijos que ellos crean adecuados. El mando de la iglesia católica, en caso de que nos hayamos olvidado, es exclusivamente de hombres.

Claro, las mujeres buscan una salida, y en casos de embarazo a veces procuran abortar. En la práctica, el aborto es una de las pocas opciones de control que tienen las mujeres en un mundo hostil. Muchas sufren el abandono y la violencia (hasta la muerte)[ii], tienen pocas opciones de trabajo, ingresos, o posibilidades de existir fuera de una casa dominada por el hombre, a menos que sea en una pobreza a veces extrema[iii]. Las que escapan, y no pretendo negar que sí las hay, son generalmente de clases más acomodadas.

Segundo, se trata del control porque el Presidente lo tiene, y no lo quiere perder. En cierta medida es entendible porque la disciplina partidaria, a la que no estamos tan acostumbrados en el país, es uno de los fundamentos de cualquier  parlamento funcional. Sin ella hay caos, corrupción y el carrusel de alianzas efímeras que sí conocemos muy bien. La agria experiencia de parlamentos anteriores queda grabada en la memoria política de la población y por eso, en parte, Alianza País ha gozado de un fuerte apoyo durante siete años.

Pero, y es un gran pero, hay aspectos de la vida que no deben ser sometidos al control de un parlamento o a un presidente, ningún presidente. Entre ellos, temas que tienen que ver con el derecho de vivir cada uno/a con dignidad, e incluso si se ocurre, envenenarse con cigarrillos o alcohol. Nadie sugiere que los fumadores sean llevados presos.  Las creencias religiosas o el derecho de no creer es otro tema muy personal que no debe ser sujeto al parlamento o al ejecutivo.

¿Estado laico?

Debo hacer constar que no creo en dios. Pese a haberme criado dentro de una familia católica, y quizás debido a haber asistido un colegio de Hermanos Cristianos, no creo en ningún dios, no el de los cristianos, ni el de los hindúes, ni el de los Incas. En ninguno.

Tampoco creo, como Dostoievski, que si dios está muerto cualquier cosa es posible. La falta de un dios no implica la falta de ética, y para mí el respeto hacia nuestros prójimos es la más alta consideración (claro está que existen otras importantes) que podemos tener como seres humanos. En verdad, no me molesta que cualquiera crea en su dios, siempre y cuando que no pretendan quitarme el derecho de vivir según mi propia ética.

El problema de dios o de dioses importa para el debate actual sobre el aborto, no porque la voluntad de cualquier dios tenga importancia para mí, sino porque este debate es claramente una discusión religiosa que se está realizando fuera de su debido ámbito, es decir en un país supuestamente laico. Pero en realidad el país no es laico, a pesar de lo que dice la Constitución actual e, irónicamente, pese a lo sucedido en el tiempo de Eloy Alfaro, ese viejo luchador y símbolo por excelencia de la Revolución Ciudadana, que peleaba por la separación del estado y la iglesia. Parecía haber ganado, pero lo sucedido en los últimos días a manos de uno de sus hinchas más apasionados, Rafael Correa, pone en duda su legado. 

Respecto a la falta de laicismo, vale citar un excelente artículo sobre la educación laica[iv], o falta de la misma, escrito por Farith Simón, articulista de El Comercio. Sostiene Simón, y estoy plenamente de acuerdo con él, que: “La defensa de la neutralidad estatal en esta materia (la educación) suele ser “denunciada” por algunos sectores como un ataque a ciertas religiones, en nuestro país incluso se llega a afirmar que es “cristianofobia” disfrazada, cuando debería mirarse a la defensa de un Estado laico como una garantía de largo plazo de la libertad de pensamiento, conciencia y religión de toda persona.”

Las obligaciones de un estado laico van más allá de la educación. Todos los aspectos de la vida de los ciudadanos sobre los que el estado tenga una influencia deben ser regidos por políticas libres de influencia religiosa, entre los cuales constan ciertos actos considerados ‘pecados’ por los fieles. El aborto es uno de ellos. Representa un caso ejemplar de la intromisión del actual en la vida de sus ciudadanas basado en una creencia cristiana,  con el resultado de que una mujer que aborta puede ser condenada a pasar años en la cárcel. Para Rafael Correa el asunto es muy claro. Su religión no lo permite y por tanto no va suceder durante su mandato que ni las mujeres violadas (sin hablar del aborto en general) tengan ese derecho. Seguirán siendo castigadas por hacerlo.

Si los cristianos creen que abortar es asesinar, están en su derecho, y los cristianos que lo hacen (porque a veces es con el consentimiento del marido) tendrán que pedir el perdón de su dios. Pero en un estado laico un ‘pecado’ no puede ser clasificado como un acto criminal. Y a menos que el presidente pretenda revertir la historia del país, el Ecuador es todavía un estado laico y Rafael Correa es el presidente de todos los ecuatorianos, no solo los católicos.

La historia nos dice que la vida no es sagrada

Hay aquellos que basan su oposición al aborto no solo en sus creencias religiosas sino también en el concepto de que ‘la vida es sagrada’. Los señores Arregui y  Laso son de esa banda. Pero una revisión de la historia humana nos enseña que hay mucho trecho entre el sermón y la práctica. Si bien saludamos todos la bandera de la vida, con motivos antes que nada humanitarios, hay casos en los que consideramos, (casi todos) que matar sea permitido: la guerra de 1994 contra Perú es un buen ejemplo. Sería difícil encontrar a una persona en el país que no esté de acuerdo con la necesidad defender el país, y la legitimidad de matar a soldados peruanos en la guerra de Cenepa. Y no veo ninguna condena por parte del clero católico contra los soldados que participaron en esa guerra y mataron: no los han acusado de ser asesinos ni haber cometido un pecado mortal.

No pretendo indicar que matar sea bueno, no lo es, sino señalar que prohibir y criminalizar el aborto bajo el argumento de que la vida es sagrada es nada más que una hipocresía burda.  Es otra más en la historia bastante sangrienta de la iglesia de Roma.

Y en cuanto al argumento de que un óvulo fecundado es un ser humano y que abortar es por tanto asesinar, llevando el argumento a su lógica conclusión se debe dictar prisión preventiva para toda mujer, junto con su pareja, cuyo embarazo se haya terminado antes de la hora estipulada por los médicos, bajo sospecha de haber cometido un crimen. Pero no lo vamos a hacer, porque es evidentemente absurdo.

¿Qué argumentos existen entonces para la criminalización del aborto en un país laico?  Desde mi punto de vista no los hay, y a pesar de que sea una imposibilidad lógica, menos que ninguna en el caso de una violación.

La guerra está perdida, pero las mujeres siguen sufriendo las consecuencias.

No vivimos en un mundo perfecto y a veces no existen soluciones perfectas para los problemas que nos traen la vida. Aceptar, por ejemplo, que la guerra contra las drogas está perdida – en realidad siempre estaba pérdida –  es aceptar una realidad lejos de lo ideal, pero mucho más humana que seguir  luchando contra la corrupción y la muerte que conlleva el flagelo del narcotráfico.  Fue la misma historia con el alcohol en EE.UU. Sin duda será difícil para un católico ferviente aceptar que el aborto es parte de la vida y que no va a desaparecer a pesar de lo duro que sea para las mujeres o las penas que algunos quieran imponer sobre ellas.

Las cifras son elocuentes. Demuestran con una meridiana claridad que a pesar de los riesgos físicos y las consecuencias emocionales las mujeres siguen abortando.  Se sabe que la primera causa de morbilidad entre las mujeres es el ‘aborto no especificado’ principalmente un aborto mal hecho, con consecuencias para la salud de la mujer. Por su parte la Organización Mundial de Salud, (OMS), estima que 125.000 mujeres abortan cada año en Ecuador (2010), siendo 342 mujeres que abortan a diario y aproximadamente una mujer cada 4 minutos.  No sabemos cuántas mueren por falta de condiciones adecuadas, pero aun cuando sea un número reducido, es inaceptable, sobre todo cuando se debe a la intromisión de la iglesia católica[v] en la política de un estado laico.  

Las asambleístas ‘desleales’ merecen nuestro apoyo

No ayuda demonizar a las mujeres asambleístas que tuvieron la valentía de expresar su desacuerdo con el Presidente. Claro está, retrocedieron de cara a sus amenazas, pero eso siempre fue previsible, hasta entendible. Ellas no son el problema. El problema es el machismo, la iglesia católica en la forma de Sr. Arregui, Rafael Correa, un laicismo sumamente débil, y la necesidad de crear una pantalla de humo para ocultar una situación que Alianza país no puede controlar.  

Las amenazas del Presidente contra ellas tampoco le ayudarán. No lograrán ocultar, remediar, ni resolver la realidad de una oposición importante dentro del partido (movimiento). Pedir cortarles la cabeza a ciertas asambleístas por ‘desleales’, por haber resistido algo que como mujeres no podían apoyar, no hace sino poner en manifiesto una debilidad, una contradicción ética que no va a desaparecer. Esas asambleístas merecen nuestro apoyo antes que nuestra condena. No se equivocaron.