PLAN TIERRAS: DE LA ALGARABIA AL DESENCANTO

La reforma agraria en el Ecuador

 PLAN TIERRAS: DE LA ALGARABIA AL DESENCANTO

Milton Yulan Moran

En la campaña presidencial, el candidato Econ. Refael Correa sostenía que la tierra “es para quien la trabaja”

 RETORNO A LA DEMOCRACIA: Con el retorno a la democracia en el  Ecuador, los grupos de poder se repartieron las funciones del Estado,  sus instituciones y organismos de control, imponiendo el modelo neoliberal más salvaje, profundizando los problemas del hambre y pobreza.  Para legitimar el modelo de libre mercado hicieron la Constitución  de 1998, quebraron el sistema financiero nacional a fines de los 90, cuyo salvataje costó a los ecuatorianos mas de 8 mil millones de dólares, crearon la AGD para proteger a los banqueros,  sobrevaloraron haciendas para garantizar enormes “créditos vinculados”, se beneficiaron de la dolarización.

 LEGISLACION NEOLIBERAL: Las políticas de ajuste impuestas a nuestros países, que promovieron achicamiento del tamaño del Estado, privatizaciones y de contra reforma agraria, no escaparon al Ecuador, los grupos de poder enquistados en el Congreso Nacional y el gobierno conservador del Presidente Arq. Sixto Durán Ballén terminaron imponiendo la Ley de Desarrollo Agrario el 14 de junio de 1994, sepultando la tibia reforma agraria aplicada por 30 años en Ecuador, liberó el mercado de tierras, privilegió la agroexportación, generando inseguridad alimentaria.

 PREDIOS USADOS EN LA ESPECULACION FINANCIERA: En el mismo año entró en vigencia la Ley de Instituciones Financieras que liberó el crédito y facultó a los accionistas de los bancos obtener créditos vinculados hasta el 60% del patrimonio técnico del banco; y, no habían transcurrido cinco años de vigencia  de estas leyes y antes de finalizar los años 90, muchas haciendas, muchas cultivadas por campesinos, fueron usadas en la especulación financiera, sobrevaloradas e hipotecadas a los bancos que finalmente quebraron, se crearon empresas y fideicomisos de papel, para los llamados “créditos vinculados”, se crea la Agencia de Garantía de Depósitos -A.G.D.- para proteger a los banqueros, cerrada junto a otros 34 bancos el 31 de diciembre de 2009 y 31  de marzo de 2010, pasando sus activos al Banco Central del Ecuador y  al Fideicomiso AGD/CFN No más Impunidad.

PLAN TIERRAS:   Precedido del Proyecto Piloto de Desarrollo Integral de Haciendas del Estado (Plan Haciendas, mayo de 2009) que involucraba 35 predios que suman 10.370 Has., en octubre de 2009 el gobierno nacional anuncia la ejecución del “Plan de Fomento del acceso de tierras a los productores familiares del Ecuador” PLAN TIERRAS, que reemplaza el Plan Hacienda, a ejecutarse en 4 años hasta el 31 de diciembre de 2013, teniendo como objeto intervenir dos millones y medio de hectáreas improductivas; la primera fase, al decir del entonces Ministro Ramón Espinel, iniciaría con tierras de propiedad del Estado y la banca cerrada, aunque desde su inicio las cifras oficiales no cuadran, varían desde 60 mil Has. hasta 200 Has., pero lo cierto es que el MAGAP aún desconoce cuánta tierra pública dispone para redistribuir, como desconoce cuantos predios privados improductivos sujetos a expropiación dispone, a pesar de ordenarlo el Decreto Ejecutivo No. 1852 Julio 2009.

Durante los últimos 25 años de vigencia del neoliberalismo en el campo, muchas organizaciones sociales sacaron de sus agendas el tema de la reforma agraria, aunque fueron creciendo los conflictos de tierra y territorios, especialmente en la costa, donde estuvieron al orden del día desalojos y violaciones de derechos humanos en contra familias campesinas, quedando la lucha por la tierra relegada solo a las organizaciones de base,  invisibilizada, estigmatizada y satanizada.

Entre el 1997-2000 decenas de haciendas, en su mayoría en la costa, sobrevaloradas, fueron usadas en la especulación financiera por banqueros y grupos de poder, crearon empresas y fideicomisos de papel, garantizando créditos vinculados, tierras que en su mayoría permanecían cultivadas por campesinos en calidad de jornaleros o arrendatarios.  En diciembre de 2008 se crea la Agencia de Garantía de Depósitos.

Ante la inminencia de desalojos propiciados por terratenientes, banqueros y organismos de control y otros, varios grupos de campesinos en la costa se organizan en asociaciones y éstas en la Unión “TIERRA Y VIDA” filial de la CEDOCUT, resisten y defienden el derecho  a la tierra que trabajan, demandan  al ex INDA y MAGAP  legalizar la tenencia de la tierra, logrando entre el 2003 al 2007 expropiar varios predios: LOS ANGELES, en Yaguachi, RIO MAR, en Samborondón, Productos Agrícolas Fluminenses en Vinces, entre otros,  fue causa para que desde el Congreso Nacional y organismos de control, bancos quebrados, AGD, Fiscalía, jueces de los penal, etc. orquestaran una verdadera persecución, una especie de “sicariato judicial” contra campesinos y funcionarios, los procesan por el delito de peculado.

CONSTITUCION DE MONTECRISTI:   La Constitución de la República, de octubre de 2008, recoge en buena medida garantías y derechos, como aquellos relacionados al Buen Vivir, introduce conceptos importantes como la Soberanía Alimentaria,  aunque en temas como la propiedad privada se queda en generalidades, evadiendo referirse a la reforma agraria.

La Constitución manda que el legislativo apruebe la Ley que desarrolle el Régimen de Soberanía Alimentaria, el “Congresillo” aprueba la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria e instituye la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria que genere un amplio proceso participativo de debate, con el objeto de elaborar la propuesta integral relacionada con la ley o leyes que regulen, entre otros temas: El uso y acceso a las tierras, Territorios.

Así la COPISA con limitados y tardíos recursos recibidos por el Estado, con cuenta regresiva, viene realizando talleres en provincias del país recabado propuestas para la construcción de la nueva ley de tierras y territorios, lentitud que levanta mayores  preocupaciones pasada la consulta del 7 de mayo de 2011, por la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional, ante el debilitamiento de la mayoría oficial, la evidente ausencia de decisión política, la dispersión y desmovilización de buena parte del movimiento campesino-indígena del país y la cercanía al proceso electoral  del 2013, no garantizan la aprobación de una ley que, según el discurso oficial, signifique una verdadera revolución agraria; todo apunta entonces a la imposición de una Ley de Fondo de Tierras, nada grata para países del continente donde se impuso a instancias del Banco Mundial, asistida por el mercado que, lejos de resolver la defectuosa e inequitativa estructura de la tenencia de la tierra,  solo garantizará jugosos negocios a grupos terratenientes y especuladores, convirtiéndose en un programa asistencialista y clientelar.

 INFORME: En este marco el Informe sobre “Políticas de Redistribución de Tierras del Estado y el Derecho a la Alimentación de Posesionarios” elaborado Fian Ecuador y la Unión “Tierra y Vida” es el resultado de una serie de reuniones, talleres, foros, recorridos, entrevistas, vivencias, sueños, que sintetizan un largo proceso de resistencias y lucha en defensa al derecho a la tierra y la alimentación de miles de familias campesinas de la costa ecuatoriana, debe significar un aporte para el debate, sobre la ejecución del Plan Tierras, uno de los programas emblemáticos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP.

El informe, de 77 páginas, está estructurado de las Secciones: 1) Justificación legal y Económica para una Política de Redistribución de Tierras en el Ecuador; 2)   Políticas públicas de redistribución de tierra en Ecuador: Plan Tierras y Territorio: La adjudicación de tierras estatales del Plan Tierras y Territorios: Tierras de la AGD? ¿tierras estatales? Tierra estatal: ¿quién da más?; 3)¿Institucionalidad, marco legal o decisión política?; 4) Casos de violaciones a campesinos/as y pequeños/as agricultores/as posesionarios/as: Caso 1: Las Mercedes, Caso 2: La Rufina ,Caso 3: María Caridad, Caso 4: Río Mar, Caso Leopoldina; 5) Conclusiones; 6) Recomendaciones, Bibliografía y, los Anexos: 1: conceptualización; y, 2: Recomendaciones del Informe de la misión de verificación consecuencias del anuncio del Plan Tierras y violaciones a los derechos de los campesinos y campesinas en haciendas y predios en las provincias de Guayas y Los Ríos, abril 2010, que se resume de la siguiente manera:.

Si bien en la campaña presidencial, el candidato Econ. Refael Correa sostenía que la tierra “es para quien la trabaja”, entre ella la “de los banqueros”, generó expectativa y respaldo campesino; sin embargo, a  un año siete meses de anunciado el Plan de Redistribución de Tierras, no despega por las crecientes trabas y leguleyadas provenientes de propias instituciones del Estado que tienen en sus manos las propiedades que deben pasar a  los campesinos, como es el caso del Fideicomiso AGD-CFN No mas Impunidad, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas y la CFN.

Las trabas puestas por las mencionadas instituciones no solo dilatan la transferencia de las propiedades a los campesinos sino que, además, permiten que estas instituciones sigan subastando y rematando esas propiedades al mismo tiempo que generan inseguridad y violencia en el campo. Detrás de esta política dilatoria se encuentran los intereses de los grupos económicos que perdieron esas propiedades por incumplir sus obligaciones financieras y que ahora tratan de recuperarlas a través de terceros  o testaferros.

VIOLACION DDHH. Derecho  a la Alimentación: El anuncio del Plan Tierras en octubre de 2009, que se entregarían “tierras del Estado y de la AGD”, generó falsas expectativas, violencia e inseguridad.  Grupos vinculados a sectores políticos y al tráfico de tierras, optaron por despojar a campesinos que durante muchos años han venido cultivando estos predios.

En ese marco, el 11 de noviembre de 2009 grupo de 80 invasores intentaron invadir predio BELGICA en posesión por 10 años de la Asociación “UNIDOS PARA VENCER”, resultando heridos Gabriel Tomalá Quijije falleciendo siete días después y, su progenitor Vicente Tomalá Galarza.

Los primeros días de enero de 2010, grupos de invasores dirigidos por Cristina Ponguillo, conocida en el medio por estar vinculada al tráfico de tierras en Guayaquil y al Partido Social Cristiano, despojan a campesinos de las Asociaciones de Ganaderos de Durán “Feliz Mora León”, ATARA y Victoria de las Mercedes, del predio Las Mercedes, quienes  además son víctimas de militares a cargo de su custodia de las tierras de destrozar sus cultivos ingresando ganado, impedirles el ingreso todo tipo de perturbaciones; por este predio pugnan alrededor de 20 grupos.

El 30 de enero de 2010, Guillermo Quiñonez, Presidente de Asociación Progreso del Río Tiwa, posesionaria por 7 años del predio María Caridad, del cantón Pedernales, provincia de Manabi, fue sacado de su domicilio y asesinado, cuando acababa de regresar de la capital de la república, realizando gestiones en instituciones del Estado; en diciembre 2009 recibió garantías junto a otras 10 organizaciones, del Ministro de Agricultura  en acto público, en el Timbre, Esmeraldas.

El 12 de septiembre de 2010, al terminar la asamblea ordinaria de socios, fue asesinado Alfonso Coral Baquerizo, presidente Asociación de Montubios UNION Y PROGRESO, de Puebloviejo, provincia de Los Ríos, ellos demandaba adquirir  el predio Fortuna y María.

De la algarabía que generó anunciar el Plan Tierra a, año siete meses, devienen en desencanto, reflejan por un lado, quemeimportismo de los mandos medios,  ausencia de un marco legal y falta de voluntad política para legalizar la tenencia de la tierra; si entregar las tierras del Estado, la banca cerrada y la ex AGD resulta una quimera, difícilmente se podrá intervenir tierras privadas que no cumplen con la función social y ambiental, mucho menos lograr la aprobación de una nueva legislación de tierras que concreta la “revolución agraria” si, consideramos que en los primeros días de agosto de 2010 circuló un Anteproyecto de Ley de Tierras preparado por el SIPAE proponiendo el límite máximo a la propiedad de la tierra rústica 500 Has. para nacionales y 300 Has. para extranjeros, despertó simultánea y furibunda reacción de los grupos de poder, dan la tónica de la magnitud de la oposición y resistencia ante un eventual debate de las normas de la nueva ley de tierras en el país.

Hasta la aprobación de la nueva ley de tierras, resulta impostergable la adopción de medidas urgentes encaminadas a destrabar la entrega y legalización de la tenencia de la tierra a favor de las organizaciones campesinas, creando las condiciones jurídicas necesarias para que avance efectivamente el proceso de redistribución de la tierra y radicalizarlo. En este marco, la Unión “TIERRA Y VIDA” ha construido una PROPUESTA DE DECRETO, en base a las normas de la Constitución y leyes, que contiene el procedimiento para transferir en forma inmediata a la Subsecretaria de Tierras/MAGAP los predios de propiedad del Estado y aquellas haciendas usadas en la especulación financiera y finalmente sean expropiadas y/o adjudicadas a favor de los/as campesinos/as pacíficamente en posesión o, sin tierra.

La propuesta contempla realizar un Catastro Nacional para constatar la real propiedad rural en el país. Se propone que en 6 meses concluyan los trámites de expropiación y ejecute las resoluciones expedidas por el INDA, se constituya un Consejo Técnico con la participación de Ministerios y entidades del sector público y organizaciones campesinas que garantice recursos productivos y servicios básicos a los adjudicatarios.

De no adoptarse medidas urgentes, el Plan de Redistribución del Tierras y Territorios habrá pasado de la algarabía al desencanto y fracaso.