“Me sacaron porque no tenía papeles y porque el Ministerio de Trabajo va ingresar y no quería que vieran niños ahí”, dice un trabajador de la Plantación Furukawa que fue desalojado de la empresa junto a sus cinco hijos, que también laboraban allí. El mayor de los niños tiene 12 años.
Ahora el hombre de más de 50 años, que por cuestiones de seguridad evita dar su nombre, vive en arriendo en la provincia de Esmeraldas. Denuncia que lo dejaron ahí con sus cosas, luego de trabajar durante 15 años en la empresa donde recibía $150.00 mensual. “Ganamos poco, solo sacábamos para comer”.
Este jueves, 15 de agosto de 2019, a las 09:00, el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más realizará una inspección a los campamentos de la Plantación Furakawa, ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas para verificar la situación de los trabajadores de la empresa que están siendo desalojados.
¿Qué pasaría si un día tienes que presenciar la destrucción absoluta de tu vivienda? #Furukawa no sólo borra evidencias, viola DDHH @mariapaularomo @abgmadero @cgomezdelacruz @shari_0 Invitamos a @AsambleaEcuador y @DEFENSORIAEC a verificar este jueves la situación en territorio pic.twitter.com/yJRtYzeS2a
— Furukawa Nunca Más (@AbacaleroLibre) August 12, 2019
Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), desde julio del 2019, la empresa Furukawa que opera en Ecuador desde hace 56 años y que mantiene a cientos de campesinos en condición de esclavitud moderna ha emprendido una serie de acciones que violentan más los derechos de las personas, como los desalojos con engaños, compensaciones económicas irrisorias y firma de documentos donde los trabajadores asegurarían que no laboraban en la empresa.
Pagos ilegales
El 9 de julio, la empresa Furukawa en presencia del notario 4 de Santo Domingo, Oswaldo Infante, entregó cheques con montos desde $250.00 hasta $2000.00 dólares por una década o más de trabajo a las y los campesinos. Luego, la empresa les habría obligado a firmar un documento que decía “no soy trabajador de Furukawa” y les decían que serían contratados y que el dinero era únicamente una “bonificación”. No obstante, el acuerdo no se cumplió denunció Cedhu.
Negociación con aval del Ministerio de Trabajo
El 16 de julio, el Ministerio de Trabajo propició una mediación de carácter reservado con otro grupo de trabajadores y la empresa en la que, sin ningún criterio técnico ni legal, se ofreció la entrega de una denominada “compensación” a campesinos, a quienes los empresarios siguen desconociendo como trabajadores directos de la empresa.
Por ejemplo, Patricia Carrión, abogada de Cedhu, dijo que un adulto mayor, que laboró en la empresa desde 1967 hasta 2012, recibiría una “compensación” ilegal por apenas un año de trabajo. Además, de la firma de la salida inmediata de los trabajadores de los campamentos.
La jurista señala que este caso no debe ser tomado como un hecho de explotación laboral, sino como una violación sistemática y reiterativa de derechos humanos, donde se violentó el derecho a la educación, a la vida digna y a la educación.
“Instamos a la ministra de Gobierno, María Paula Romo; y al Ministro de Trabajo, Andrés Madero, a no continuar avalando las acciones ilegales de Furukawa, a cesar la presión para que las y los trabajadores acepten las condiciones de la empresa y a no olvidar que en un caso como el denunciado públicamente a principios de año por esclavitud moderna lo que en derecho cabe es la reparación integral”, enfatiza Carrión.
*Redacción La Línea de Fuego
