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n Ibarra, un afro agrede a la autoridad y enrumba su camión por mitad de un parque para poder escapar. En un mensaje de audio filtrado a las redes sociales se escucha al camionero vanagloriarse de su hazaña. Imbabura es la provincia con mayor número de agresiones a policías y agentes de tránsito. ¿Por qué será?
En Mascarilla-Imbabura, un policía asesina a sangre fría a un afro y pese al video que documenta el crimen, abogados mañosos intentan endosar la responsabilidad a otra mujer afro que alza las manos del susto, pues el tiro del gendarme resuena a tres palmos de sus oídos. “Se mataron entre ellos mismo”, dicen estos abogados miopes. Los familiares del muerto dicen que es común el maltrato policial solo por el hecho de ser negros.
En Posorja, tres personas son linchadas por un pueblo enardecido. Se dice que las redes sociales presionaron al pueblo hasta convertirlo en asesino. El debate es acalorado, unos dicen que el pueblo actuó bien y en defensa propia, otros rechazan las acciones y consideran una barbarie. Ahora algunos han lanzado la teoría de que un ejército de trols aprovecharon la oportunidad y utilizaron las redes para alterar el orden y desestabilizar al gobierno.
En Guayaquil, un muchacho muere apuñalado por haber robado una bicicleta. Las redes sociales nada han dicho sobre la muerte del ladrón de la bicicleta y tampoco han aparecido los trols. Solo un testigo del barrio atinó a decir a un reportero de televisión que sí, que era un muchacho en malos pasos, pero no era para que lo maten de esa manera.
Los curas de una fundación guayaquileña que regenta colegios católicos llegan a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado para que los problemas que ocurran al interior de sus colegios se resuelvan mediante procesos de mediación; en otras palabras, logran que los trapos sucios se laven en casa. Algunos de mala fe, o sin fe, se preguntarán cuántos delitos sexuales se podrán ocultar con estos procedimientos.
Chevron – Texaco gana un juicio en el extranjero con árbitros vendidos y el gobierno busca la forma “legal” de cumplir con esta empresa mafiosa, dando la espalda a los indígenas y campesinos que siguen muriendo de cáncer en Sucumbíos. Desde la derecha sale en su auxilio un acucioso asambleísta que propone un ley de “revisión de sentencias” emitidas en los últimos 10 años. Los mafiosos de la Chevron – Texaco se frotan las manos.
El “viejo pillo” o “abuelo”, como llaman al ladrón de 75 años que ha sido detenido por más de diez veces en Guayaquil y siempre sale libre, es detenido de nuevo y lo ponen bajo arresto domiciliario por su edad; mientras tanto en Cañar, cuatro autoridades indígenas de similar edad ya llevan más de tres años presos por haber ejercido su derecho de administrar justicia acorde a sus prácticas ancestrales. Los acusadores son los coyotes sancionados por los indígenas y los jueces que los sentenciaron son parte de un complejo sistema de operadores de justicia blanco mestizos cargados de racismo.
En el Consejo de la Judicatura Transitorio vuelve el tráfico de influencias y los compadres no se ponen de acuerdo en la elección y evaluación de jueces; al contrario, casi le caen a puñetazos al que quedó fuera del compadrazgo y denunció los hechos. Mientras tanto jueces borrachos se creen por encima del bien y el mal y amenazan a los uniformados que buscan detenerlos.
El Consejo Transitorio de Participación y Control Social parece que no encuentra gente honesta y sin intereses para que participen en la reinstitucionalización del país y se vuelven a colar las mismas figuras cuestionadas del pasado, cargados de entusiasmo para representar los intereses de sus padrinos. El país sigue sin instituciones.
Carlos Polit, Ramiro González, Pedro Delgado, y algunos dicen que también Rafael Correa, son prófugos de la justicia que manejan un buen dinero y se mueren de la risa; mientras tanto el Caterva (Mauricio Ayora), periodista de crónica roja, es censurado y suspendido de un canal gubernamental por denunciar como banqueros y empresas de altos funcionarios de gobierno le meten la mano al bolsillo de sus clientes. Otra vez algunos dicen que lo de Caterva fue una jugada de Correa para desviar la atención pública, pero algo huele mal si se descubre que una empresa del secretario General de la Presidencia recibe en un año 32.7 millones de dólares sin tener siquiera una oficina física que atienda a sus clientes y paga 16.9 millones de dólares por comisiones a un banco del mismo gobierno por debitar las cuentas de los supuestos clientes de la empresa. Para colmo, en un programa radial, Santiago Cuesta, consejero de gobierno de Moreno, pide que Caterva salga definitivamente del canal. “No sé por qué sigue en el canal. Yo voy a solicitar el visto bueno de este señor por haber abusado de la pantalla”, dice Cuesta. Todo esto en medio de un gobierno que respeta la libertad de expresión.
La cereza del pastel la pone el Fernando Alvarado, ex secretario de Comunicación del gobierno de Correa, que se fuga en las narices de todos sus guardias, burlando la alta tecnología comprada por el gobierno para monitorear a la oposición, perdón, quise decir a la delincuencia. La única explicación que han dado es la misma que vienen dando: aún hay topos correistas carcomiendo las buenas intenciones del actual gobierno desde el interior de sus propias estructuras.
Mientras tanto el presidente Moreno, en una tibia cadena nacional solo acertó en asumir que hay corrupción por todas partes. “Daremos con los responsables” “No se nos seguirán riendo”, dijo el presidente. Otras palabras más que se las llevará el viento.
“Hay corrupción por todas partes y los corruptos se nos ríen” es el mensaje que se va construyendo en el imaginario social. Las redes sociales en Posorja no hicieron todo el trabajo para lograr que un pueblo de pescadores se convierta en asesino.
El país no tiene instituciones éticas, no tiene referentes honestos; entonces, no se rasguen las vestiduras esperando que la gente de a pie sea respetuosa de los derechos.
Es triste mirar una realidad sin visos de cambio a corto plazo, pero nada cuesta seguir soñando.
