PROPUESTA FINAL LEY ORGÁNICA DE TIERRAS Y TERRITORIOS*. por COPISA

PROPUESTA FINAL

LEY ORGÁNICA DE TIERRAS Y TERRITORIOS*

COPISA (Consejo Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria)

01 de diciembre de 2011

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sector agrícola en el Ecuador es el área económica más importante después de la exportación de petróleo. Para el año 2008, considerando también la agroindustria, esta contribuyó con un 13% del PIB total y generó más de 3 millones de empleos. El sector fue el segundo mayor exportador con 4, 343 millones de dólares en exportaciones y es un contribuyente neto de divisas con una balanza comercial sectorial positiva de USD 3,795 millones.

A pesar de la importancia de este sector, el agro es el sector que representa la mayor inequidad, pobreza y vulnerabilidad. La brecha en la distribución del ingreso es más amplia en la zona rural que en la zona urbana con un coeficiente de GINI de 0,48. De acuerdo al INEC, para el año 2006 el 61% de la población rural ecuatoriana vivía en la pobreza, el 21% en la pobreza extrema y el subempleo rural llega al 77%.

La distribución de las propiedades rurales en El Ecuador, muestra enormes desigualdades en su composición interna. Según el III Censo Nacional Agropecuario del año 2000, las unidades de producción agropecuaria (UPAS) menores de una Ha, representan el 29,47% del número de predios, pero ocupan apenas el 0,78% de la superficie total nacional, mientras en el otro extremo, las UPAS mayores de 200 Ha representan el 0.79 del número de predios pero ocupan el 29,08% de la superficie total nacional. En consecuencia, se puede deducir quelas políticas agrarias implementadas en el Ecuador desde 1964, no han logrado configurar una distribución equitativa de la propiedad agraria, y que tampoco han  modificado, de manera significativa, la contradicción latifundio – minifundio.

Según otros factores que son de interés consiste en el hecho de que el tema de acceso de la tierra está estrechamente vinculado con la pobreza y el hambre. “Según los datos oficiales del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) del año 2007 el 61,5% de la población rural vive en pobreza, pero “solo” 24,9% en las zonas urbanas. Según datos de la FAO el 18,1% vive en desnutrición crónica, en las áreas rurales sube al 26,1%, en la población indígena a 40,1%”.

En Ecuador, casi las tres cuartas partes (74%) de las personas productoras y dueñas de las unidades de producción son hombres (III Censo Agropecuario Nacional, 2000. INEC) aunque las mujeres constituyen el 42 % de la población activa agrícola. Las mujeres son responsables del cultivo de gran parte de los alimentos, aun sin tener un acceso real a los recursos productivos, ni participación en las decisiones que afectan sus vidas y las de sus familias.

El 18.6% de los hogares rurales está bajo responsabilidad económica exclusiva de mujeres. Las mujeres del campo tienden a unir sus tareas productivas en las fincas o negocios familiares con el cuidado de sus familias, y su contribución, además de no ser remunerada, es poco visible.

Por tanto, es imprescindible asegurar que las mujeres rurales, mujeres de los pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio, tengan el mismo acceso que los hombres a los recursos como la tierra, para mejorar la producción agropecuaria. Al garantizar la igualdad de acceso de las mujeres a los recursos y servicios agrícolas se mejorará la Soberanía Alimentaria, las familias podrán gozar de mejor salud, nutrición y educación y la sociedad en su conjunto ganará efectividad, no sólo en términos económicos, contribuyendo a conseguir el Objetivo 1 de Desarrollo del Milenio, sobre la reducción del hambre y la pobreza y el Objetivo 3 sobre igualdad entre géneros y autonomía de la mujer.

De acuerdo al censo agropecuario del año 2000, el coeficiente de GINI, de la propiedad de la tierra descendió de 0,86 en 1954 a 0,8 en el año 2000, lo cual por un lado significa un incremento de predios rurales medianos, pero por otra parte demuestra que en 46 años muy poco se ha hecho por disminuir los índices de inequidad en el acceso a la tierra rural.

En los últimos años en el Ecuador han existido políticas neoliberales, y de mercado que muy poco han hecho por tutelar e impulsar el nivel de vida rural, permitiendo la concentración de la tierra, y un uso anti técnico de la misma, sin pensar en la tierra como un elemento fundamental para la Soberanía Alimentaria.

La normativa existente actualmente no garantiza una tenencia equitativa de la tierra y menos aún concede seguridad jurídica; accesibilidad a la titularidad o dominio, ni procedimientos administrativos simplificados. Más bien establece  un marco legal e institucional que da grandes privilegios a los poderes económicos y a un uso ineficiente de la tierra.

Es necesario además contar con una normativa sobre los Territorios de los pueblos ancestrales del Ecuador, que garantice el uso, ocupación y sus formas de relacionamiento físico, cultural y espiritual con el territorio, con la finalidad de garantizar la subsistencia natural, la integridad cultural, sus condiciones de seguridad individual y de enlace del grupo colectivo;

En el Ecuador las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, han sido protagonistas de las luchas y movilizaciones por cambios verdaderos en la sociedad, la economía y la política del país, entre ellos en primera línea hombres y mujeres con poca tierra o sin ella, con poca agua o sin ella, que a su vez conforman la mayoría de la población rural.

El Art. 281 de la Constitución, establece la defensa y realización de los modos históricos y culturalmente determinados por los pueblos originarios y campesinos para la producción, distribución, elaboración y consumo de alimentos adecuados, lo cual implica el derecho a decidir y controlar estos procesos de forma autónoma y permanente, fortaleciendo los modelos alternativos que garanticen el Vivir Bien, y se establezca el equilibrio entre los conocimientos diversos;

Por el momento en el país existen 700 mil predios rústicos que carecen de títulos de propiedad a pesar de que en ellos habitan campesinos en posesión de las mismas, causando dificultades para acceder al crédito, y generando tierras o áreas rurales marginadas del desarrollo del país.

Actualmente la Constitución de la República del Ecuador determina como deber prioritario promover el acceso equitativo a los factores de producción, entre otros la tierra, evitando la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, la redistribución y supresión de desigualdades en el acceso a ellos, en un sistema económico de carácter social y solidario que reconoce al ser humano como sujeto y fin,, en armonía con la naturaleza teniendo por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales que posibiliten el buen vivir.

Con el objetivo de institucionalizar la Soberanía Alimentaria como un objetivo estratégico del Estado, planteado en la Constitución de Montecristi en el Art. 281, la Comisión de legislación aprobó la ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, LORSA, en la que establece un mandato de “Construir propuestas de leyes conexas de Soberanía Alimentaria entre otros temas: el uso y acceso a las tierras y territorios, Art. 34, literal b);

La Naturaleza establece un gran desafío sobre todo para el pensamiento del mundo occidental que siempre lo miraba como un simple recurso que permitía la oportunidad de generar mayor acumulación de poder económico. Se desafía a entender que las personas están ligados a la naturaleza, que es parte de la humanidad, que no son separados, sino complementarios personas – naturaleza, entender que cuando la naturaleza es agredida, es agredida la vida de todos los seres vivos. (Art. 71 – 74);

En un contexto de crisis financiera, calentamiento global, globalización de la economía, de cambios de políticas alimentarias, deterioro de los bosques en la región del Abya Yala, del agotamiento de la frontera agrícola que garantiza la soberanía alimentaria al interno del país y la expansión indiscriminada de los monocultivos para la agro exportación, y bajo la demanda urgente de cambiar el modelo desarrollo clásico que está matando a la madre tierra, y proponer un modelo alternativo que respete los derechos de todo lo diverso y posibilite el Sumak Kawsay, la promulgación de una ley que garantice el correcto uso y acceso de la tierra, el uso técnico y apropiado de la misma, el reconocimiento de derechos vinculados con el sector agrario, la cristalización de preceptos constitucionales como la democratización de la tierra, el buen vivir rural, la legalización de los territorios que han  sido ocupados ancestralmente por distintos pueblos y nacionalidades y otros grupos humanos, y procedimientos que amparen y tutelen la soberanía alimentaria en el régimen de la tierra y los territorios, es indispensable y necesario, como el conjunto de normativas y políticas que permitan el desarrollo rural en el Ecuador.

*Para conseguir el texto completo favor escribir a Flavio Lopez: f_candor@yahoo.com.mx