¿QUIÉN MATÓ A JOSÉ ISIDRO TENDETZA ANTÚN? Por CEDHU

12 diciembre 2017

En su memoria como defensor de derechos ambientales y territoriales.

El asesinato de José Isidro Tendetza Antún no es un caso aislado. En 2016 tres de cada cuatro asesinatos perpetrados contra defensores de derechos humanos ocurrieron en América Latina y el Caribe y, entre ellos, las y los defensores de la tierra, los territorios y el ambiente son los que más riesgo enfrentan en sus labores cotidianas y colectivas de resistencia.

En la parroquia rural amazónica de Tundayme, cantón el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, el Estado Ecuatoriano y la empresa EcuaCorriente S.A. (ECSA) disputan con las comunidades locales el control del territorio para imponer el proyecto Minero Mirador. Este pretende ser el primer proyecto de explotación industrial de minerales metálicos a gran escala y a cielo abierto, procesando diariamente 60.000 toneladas de roca con un consumo de más de 200 litros de agua por segundo, poniendo en riesgo a la Cordillera del Cóndor y a las comunidades que en ella habitan.

El gobierno ecuatoriano, a través de sus discursos, normativa y políticas públicas, ha promovido la consolidación de dicho proyecto. Sin embargo, tal como lo denuncia la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, éste no ha garantizado un entorno propicio y seguro para que las comunidades afectadas ejerzan libremente sus actividades en defensa del ambiente y sus territorios.

Una serie de graves violaciones a derechos humanos ocurridas en la última década dan cuenta de ello:

1) Entre 2006 y 2010, la empresa ECSA ejecutó un proceso irregular de compra/venta de tierras para acaparar territorios en la parroquia engañando a familias campesinas;

2) En agosto de 2014, la misma empresa destruyó la iglesia y escuela comunitarias del barrio San Marcos alegando que se encontraban dentro de su propiedad privada;

3) El 30 de septiembre y el 16 de diciembre de 2016, el Estado ejecutó dos violentos desalojos en el barrio de San Marcos y otras tierras aledañas para traspasar la propiedad comunitaria a manos de ECSA.

Durante todo este tiempo, el Estado y la empresa, en varias ocasiones, iniciaron procesos penales injustos e ilegítimos contra varias personas de la organización social indígena CASCOMI y del pueblo Shuar que habitan en la zona, incluidos algunos de sus dirigentes, entre ellos, José Isidro Tendetza Antún, indígena Shuar. Además, el Estado, a través de discursos políticos, difamó, estigmatizó y deslegitimó su labor como defensoras y defensores.

En ese contexto de inseguridad y violencia contra las comunidades afectadas por el proyecto Mirador, el 29 de noviembre de 2014 José Isidro Tendetza Antún desapareció a pocos kilómetros de llegar a su comunidad Yanúa Kim. Y el 2 de diciembre de ese año su cuerpo apareció flotando en el río Zamora en el sector de Chuchumbletza, zona de influencia del Proyecto Mirador. En el expediente de investigación y juzgamiento penal se confirmó que José fue interceptado el 29 de noviembre de 2014 en la vía entre Chuchumbletza y Yanúa Kim, fue maniatado y estrangulado hasta la muerte y, el 2 de diciembre, su cuerpo fue arrojado al río.

Pese a que el Ministerio de Interior informó que se realizaría una investigación oportuna y efectiva con los mejores investigadores, en la sentencia de primera instancia se declaró la inocencia de los dos únicos acusados en este caso, dos trabajadores de ECSA, y se ratificó que la Fiscalía General del Estado había realizado una investigación inicua que no contempló investigar sobre el contexto en que José Isidro Tendetza Antún realizaba sus actividades como defensor de derechos ambientales y territoriales, esto es, sus actividades de oposición a la empresa ECSA y otras pequeñas mineras asentadas en el territorio de Tundayme. El 6 de enero de 2017 la Corte Nacional de Justicia confirmó la sentencia de primera instancia y cerró el caso.

A tres años de estos hechos, y en ocasión del Día Internacional de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (8 de diciembre), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos recuerda al Estado que tiene la obligación de evitar que los territorios campesinos se vuelvan violentos e inseguros para las personas, familias y comunidades que los habitan como consecuencia de las actividades que las empresas mineras y otras extractivas realizan. Los hechos ocurridos no sólo en Tundayme, sino también en Nankints, Río Blanco e Íntag para imponer proyectos mineros a gran escala, dan cuenta de la sistematicidad en la violencia que se ejerce contra los territorios y contra las y los defensores ambientales y territoriales.

El Estado no puede permitir que otro hecho violento ocurra para adoptar medidas de prevención y protección. Exigimos la implementación de un sistema integral de monitoreo, prevención y protección para las personas y comunidades defensoras del ambiente y los territorios, mientras que la familia de José Isidro Tendetza Antún y la nacionalidad Shuar del Ecuador reclaman verdad, justicia y reparación. Ellos, el 6 de julio de 2017 demandaron al Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a la indignante impunidad en que quedó su caso.