INREDH
11 Diciembre 2013
Sobre la responsabilidad (1)
¿Alguien recuerda de los huevos lanzados a Emilio Palacio cuando compareció a un tribunal en Guayaquil por el juicio que se le seguía, junto a los dueños de Diario el Universo, por injurias al presidente Rafael Correa?
¿A quién se le adjudicó la responsabilidad de esta agresión? ¿A quién se le debía responsabilizar por ella?
Según la ruta de responsabilidades esgrimida por el Ministerio del Interior para el cierre de la Fundación Pachamama, la responsabilidad debería ser de quien convocó a manifestarse a favor del Presidente Correa. ¿Quién sería? ¿Alguien de Alianza País? Quizá sí.
Más aún, en esa agresión debería argumentarse que hubo premeditación, pues a alguien se le ocurrió llevar los huevos a dicha concentración de apoyo al Presidente Correa, pues no sería creíble que los huevos se los llevaba con el propósito de hacerse un desayuno.
Si alguien llevó los huevos es porque sabía para lo que había sido convocado, aunque, siguiendo la lógica del Ministerio del Interior, la lanzadera de huevos no sería responsabilidad de quienes los lanzaron, sino de quien convocó a la manifestación de respaldo al Presidente Correa, quizá sin saber, o quizá a sabiendas, que irían también los lanza huevos.
Entonces, en este orden de ideas, si la Fundación Pachamama es responsable del palazo dado al embajador chileno y de la correteadera de los empresarios bielorusos; la responsabilidad de los huevos debe ser de la agrupación que convocó a los lanza huevos, es decir, de Alianza País: ¿por qué no se ha cerrado a esta agrupación política.
Sobre la responsabilidad (2)
Estos son malos tiempos para el ex presidente Lucio Gutiérrez, pues le está cayendo encima el peso de sus errores políticos y el costo de las violaciones a los derechos consumados durante su gestión presidencial; lo que debe ser más duro es que el peso de estos errores ahora lo están pesando en términos monetarios.
Al parecer, Gutiérrez deberá responder con kullki, como suelen decir los que no han ido a las escuelas del milenio, y con harto kullki, pues son millones los dólares que el Estado debe pagar a los jueces y magistrados destituidos arbitrariamente durante la gestión gutierrista. Esto sin contar los otros casos que aún están en trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se refieren a violaciones de derechos ocurridos en este periodo, como la muerte del fotógrafo chileno Julio García, que también ya ha sido aceptado a trámite en la CIDH.
Los funcionarios gubernamentales actuales se congratulan ahora de que la Constitución establezca el Derecho de Repetición, mediante el cual el Estado puede cobrar a los funcionarios, o ex-funcionarios, los costos que debe pagar por violaciones a los derechos; pues así el Estado podrá recuperar los montos pagados para cumplir con las sentencias emitidas por la CIDH.
¿Estos mismos funcionarios que se alegran por la situación actual de Lucio Gutiérrez, no piensan que de aquí a 5, 10 o 15 años, no importa cuántos, deberán también responder por los derechos que ahora están siendo violados?
En 5, 10 o 15 años, no importa cuántos, los derechos de las personas afectadas por el cierre de la Fundación Pachamama serán resarcidos en la justicia internacional, y el gobierno de turno deberá indemnizar por los daños producidos. ¿A quienes les tocará responder cuando el Estado ejerza este mentado derecho de repetición?
Sobre los llamados “tirapiedras” y los manuales de resistencia
Flaco favor le hacen a las luchas sociales aquellos grupos que creen que enfrentándose a la policía o agrediendo a los responsables de las políticas públicas aceleran las condiciones para conseguir los objetivos propuestos por estas luchas.
Tan flaco favor hacen que terminan dando argumentos a los órganos de represión y al gobierno para emprender políticas de control de la protesta social y de sus dirigencias. Una organización como Pachamama, fundamental en el fortalecimiento de organizaciones que defienden los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos, debe ahora pagar el precio de las acciones de quienes tienen esta forma arcaica de pensar.
Incluso los jóvenes, y no tan jóvenes, de la Juventud Comunista del Ecuador, que ahora hacen parte del gobierno, aseguran que “todas las formas de lucha son válidas” y que en el momento actual la forma de lucha efectiva es desde el interior del propio gobierno. Esta forma de pensar, equivocada o no, es interesante porque nos permite plantearnos la existencia de escenarios y de varias opciones para lograr una transformación social; desde la lucha armada, que en algunos países se consideró legítima y viable; hasta las acciones directas enmarcadas en los principios de la no violencia activa.
¿Existen matices entre estas dos formas de lucha? Personalmente considero que no; o se opta por lo uno, o se opta por lo otro. Acorde a los escenarios nacionales, las dos formas de lucha pueden ser legítimas, pero no pueden ser complementarias, aún cuando en algunos procesos sociales puedan haber coexistido de forma paralela.
Quienes creen que el generar situaciones de violencia en manifestaciones convocadas con carácter pacífico es una forma de lucha, realmente están equivocados; y quienes creen que la agresión y el vandalismo son parte de las acciones enmarcadas en la no violencia activa, o derivadas de la respuesta gubernamental frente a estas acciones, también están equivocados.
Con los jóvenes, y los no tan jóvenes, de Diabluma, debatimos largamente sobre estos temas, pues solían decir, no sé si seguirán diciendo, que no renunciaban a la violencia como una forma de lucha; y definían como violencia a varios actos que no lo eran, por ejemplo, al grafiti, considerado por muchos como una agresión a la ciudad; también consideraban como acciones violentas al boicot o a la toma de espacios públicos.
Producto de estos debates, con Diabluma se produjo un manual titulado “Reflexión y Acción”, en donde se definen algunas acciones directas, como el boicot, los plantones, la toma de espacios públicos, las intervenciones en eventos públicos (es recordada la intervención durante la elección de reina de Quito), entre otras. En este manual se definen también las consecuencias legales de algunas de estas acciones que, siendo legítimas, están reñidas con las leyes encaminadas a controlar la sociedad y, fundamentalmente, a sus formas de protesta. Pero lo más interesante de esto es que se define qué es la no violencia activa y cuáles son las acciones que empatan con esta concepto de lucha, en las que no encuadran acciones como las protagonizadas el 28 de noviembre que, afortunadamente, son generadas por un minúsculo grupo, a los que el Presidente Correa si podría tildarlos de “4 pelagatos”
Las acciones no violentas buscan forzar a los órganos armados a modificar su conducta, y buscan forzar a los decisores políticos a modificar las políticas; para ello se expone el cuerpo y se juega con la legalidad, precisamente para demostrar lo ignominioso de esa legalidad: el sentarse en una calle y dejarse arrestar, y arrastrar, por ello, genera mucho mayor impacto y mayor cohesión organizativa, que el dar un palazo a un accionista petrolero.
Sobre la ronda petrolera suroriental y el control de la protesta
La medida adoptada contra la Fundación Pachamama, que no cuadra con cualquier análisis jurídico que desee justificarla, parece ser una retaliación desesperada o un llamado al silencio por lo que se avecina.
Podríamos pensar que la retaliación es porque el esfuerzo jurídico de Pachamama y la resistencia de Sarayaku llevó al gobierno a pagar una indemnización, consecuencia de una sentencia dada en la CIDH, a este pueblo amazónico que se resiste a las actividades petroleras en su territorio. Podríamos pensar que la retaliación es por la cercanía de Pachamama a comunidades indígenas que no desean ver sus territorios contaminados con petróleo.
Puede haber algo de lo anotado, pero puede haber un motivo aún mayor, pues los agredidos son inversionistas petroleros de dos de las cuatro empresas interesadas en invertir en actividades petroleras en la amazonía sur.
Recordemos que la Ronda Petrolera Sur Oriental ofertaba 17 bloques petroleros, y solo hubo ofertas para cuatro de ellos; y a dos de los cuatro les agreden unos seudo activistas. Tener 4 ofertas de 17 significa un fracaso, y esta inexistencia de ofertas se debe a que los inversionistas extranjeros atisban que los bloques ofertados se ubican en una zona de alta conflictividad social por la resistencia indígena consolidada en ella; y este preocupación que tienen los inversionistas se acrecentó con las agresiones que se dieron a dos de los cuatro ofertantes, y más aún, se dieron en las narices de los órganos de seguridad del Estado.
El gobierno debía reaccionar de manera muy fuerte ante este hecho, pues es fuerte el riesgo de que los cuatro únicos ofertantes decidan también abandonar el negocio por las inseguridades generadas. El mensaje del gobierno debía ser una garantía de partida doble: por un lado, neutralizar a la principal organización técnico – jurídica y así destruir el soporte de las organizaciones indígenas de base; y por otra, establecer los parámetros de acción de otras ONGs que estén adscritas al tema y piensan en apoyar la resistencia antipetrolera. Generar miedo sigue siendo la mejor arma gubernamental.
Esto explica el por qué no se ha procedido judicialmente contra los agresores, individualizando la acción, y se ha preferido cerrar una organización; el cierre de Pachamama causa conmoción entre las ONGs y satisfacción en los inversionistas, aunque esto es no es garantía de que regresen a las negociaciones.
Sobre el silencio y el olvido
Debe ser agobiante para un ministro del interior la permanencia en el tiempo de la institución que lo acogió en sus primeros pasos de formación jurídica y litigio internacional. Cerrar la organización no ayuda a consolidar el olvido.
Debe ser agobiante para el ministro del interior el saber que ahora todos saben de su procedencia y de la traición a los principios que esgrimía cuando era militante de la defensa de los derechos humanos y de los derechos colectivos.
Pero también debe ser agobiante para los antiguos militantes de derechos humanos y derechos colectivos el no decir nada al ver cerrar una organización con la que trabajaron y a la que respetaron. ¿Qué dirán en la Defensoría del Pueblo y en la Corte Constitucional? ¿Qué dirán en el Ministerio de Defensa y en el MIES? ¿Qué dirán en el Consejo de Participación Ciudadana?
Sería interesante saber los comentarios al interior de las organizaciones que aún tienen empatía con el gobierno.
Por lo que sabemos, hay tensiones en los propios estamentos gubernamentales en lo que se refiere a la vigencia y aplicación del Decreto 16.
¿Será esta la hora de hablar?
¿O será preferible callar para quedarse ahí… para permanecer ahí?
