Ecuador es víctima de una repetición de atentados suscitados en la frontera norte. A decir de los voceros oficiales, todo ello constituye una reacción de grupos delincuenciales afectados por el eficaz combate gubernamental al narcotráfico.
Esos atentados, el secuestro y asesinato de los tres comunicadores causan pánico en el país por el potencial riesgo que proliferen acciones semejantes en otras provincias, pues no se trata tan sólo de un asunto de armas y milicias, sino su connotación tiene también dimensiones geopolíticas y socioeconómicas.
Es necesario señalar que las vulnerabilidades de los organismos de inteligencia son de responsabilidad exclusiva del correísmo que prefirió perseguir y reprimir a la oposición, antes que precautelar la seguridad y defensa pública. Basta con recordar que la recién extinta Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) estuvo involucrada en corruptos gastos reservados, compra de equipos para el espionaje político y coacción a los objetores del oficialismo.
Mientras que la respuesta del morenismo, frente a los lamentables acontecimientos, demuestra su naturaleza burguesa y su debilidad política; pues más allá de las confusas declaraciones públicas de sus ministros, en la práctica solicitó colaboración –léase auxilio- al Departamento de Estado Norteamericano que opera en el Ecuador a través del Comando Sur, la CIA (Agencia Central de Inteligencia), la DEA (Drug Enforcement Administration), etc., en condición dirigente y de absoluta cesión de la soberanía nacional.
Por otro lado, los sectores oligárquicos, los grandes grupos económicos de poder, honran su condición pro yanqui al exigir el retorno de los militares norteamericanos a la Base de Manta justificando que es la única alternativa para detener la criminalidad creciente, incluso a riesgo de hipotecar la soberanía nacional.
Si existiera una relación condicional que ligue la instalación de bases militares norteamericanas con la reducción de producción y tráfico de drogas, Colombia que tiene 7 bases extranjeras en su territorio (Cartagena, Malambo, Palanquero, Apiay, Telemaida, Bahía Malanga, Tres Esquinas) hubiera derrotado al negocio de las drogas y el paramilitarismo hace décadas atrás.
Incluso la propia experiencia ecuatoriana, a partir de la instalación en Manta del Puesto de Operaciones Avanzadas de los Estados Unidos, como parte de la estrategia del Plan Colombia, señala una serie de violaciones a los derechos humanos, el hundimiento de barcos pesqueros artesanales dentro del mar territorial, las desapariciones forzadas de activistas, el bombardeo de Angostura, la explotación sexual y trata de blancas, la impunidad judicial legalizada para el personal norteamericano que operaba en la Base Militar, etc.
La verdad es que detrás de la exigencia del retorno de los norteamericanos a la Base de Manta, están poderosos intereses que pretenden recuperar la hegemonía yanqui en Latinoamérica, pues está amenazado su poderío por la disputa interimperialista de China y Europa.
El efectivo combate a las drogas y a la criminalidad derivada, no sólo depende de impedir la producción y tráfico internacional, pues debe fundamentalmente romper la cadena de comercialización en el consumo; en términos estrictamente mercantiles sin demanda no hay oferta. Por ello, es que los Estados Unidos de Norteamérica, dentro de sus fronteras nacionales, deben ganar la batalla contra las mafias dueñas del negocio de los estupefacientes, que sólo en el año 2008 recibieron capitales por USD.500.000 millones, equivalente a 5 veces la economía del Ecuador, a cambio de extender las adicciones narcóticas.
Finalmente, el Ecuador es un país libre de cultivos ilícitos,pero progresivamente se está constituyendo en un territorio usado por la exportación de estupefacientes (el historial de las incautaciones de drogas del 2013 al 2017 superan las 400 toneladas), para la legalización de dinero sucio e incluso para un creciente consumo que compromete la salud pública de niños, adolescentes y de la población en general, pero ello no justifica la enajenación de la soberanía con la presencia de los gringos en la Base de Manta.
La alternativa para vencer la amenaza del terrorismo exige del gobierno de Moreno respuestas concretas vinculadas a recuperar los cuerpos de los tres periodistas; negociar la libertad de las dos nuevas personas secuestradas; corregir los objetivos de las tareas de los órganos de inteligencia, seguridad y defensa, pero sobre todo a atender las demandas sociales-productivas y de desarrollo de los pueblos asentados en las provincias limítrofes con Colombia que históricamente son los más pobres y menos atendidos por el Estado.
Lcdo. Francisco Escandón Guevara
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