Armar a la población civil es fácil, puede hacerse acudiendo a una segunda enmienda (a la que tanto hacen referencia los grupos de ultraderecha en Latinoamérica) o emitiendo un decreto irresponsable. Lo difícil, casi imposible, es desarmar a la población civil armada. Que lo digan los mismos estadounidenses, o decenas de países en todo el mundo que han intentado el desarme, después de experimentar la tragedia de la guerra civil y otras formas de violencia extrema.
El presidente Guillermo Lasso anunció la modificación del decreto sobre la tenencia y porte de armas, liberalizándolo para que la población civil haga uso de estas. Dicha acción es la respuesta que el gobierno nacional ofrece a la ciudadanía como política de seguridad. Una medida que, en ningún momento, parece haber considerado una amplia gama de estudios que muestran cómo esta política tiene como resultado el aumento de la violencia, femicidios, homicidios, delitos y la pérdida de la productividad.
