Despensas vacías. Llamadas de los bancos solicitando el pago de las cuentas pendientes y ofreciendo convenios y reprogramaciones para la cancelación de las deudas contraídas. Mandiles blancos colgados a las afueras de los hospitales públicos. Docentes en huelga que decidieron, previa explicación a sus estudiantes, suspender las clases. Servidores públicos de toda índole impagos y, pese a ello, laborando – salvo excepciones y “vivarachos” – más que antes, bajo los alicientes morales de que “al menos tienen trabajo” o “hay que ponerse la camiseta”, aunque el derecho a recibir puntualmente sus sueldos ha sido violentado.
La política que ha implementado el gobierno de Lenín Moreno nos devuelve al pasado mientras otras naciones del mundo han desestimado la agenda neoliberal. Según el consultor y estratega político, Decio Machado, el Ecuador está cerca de convertirse en un “Estado Fallido”, en quiebra económicamente y sin futuro social. La visión es pesimista.
Hemos pasado de una época en la que se intentó transformar a los funcionarios estatales en militantes del partido de gobierno, a otra caracterizada por el desprecio de los ciudadanos –exteriorizado en redes sociales con insultos y generalidades canallescas– que los asocia como los únicos causantes del descalabro económico de la república.
La década perdida dejó un andamiaje –hasta la fecha– difícil de desmontar: el tráfico de influencias, el manejo clientelar de la institucionalidad del Estado y el derroche faraónico de recursos para disfrazar la crisis con bonanza a pretexto de cualquier mejora o compra técnica, tecnológica y de infraestructura; pero también, el deseo perverso de convertir a los funcionarios públicos en trabajadores particulares y mercenarios al servicio irrestricto de las autoridades de turno cuyos intereses no siempre son los mismos que los del país.
