TIERRA: SOBERANIA ALIMENTARIA Y BUEN VIVIR. por Francisco Hidalgo

TIERRA: SOBERANIA ALIMENTARIA Y BUEN VIVIR

Por: Francisco Hidalgo Flor[i]

“La integración o exclusión de los campesinos que ocurre en cada fase productiva, no deriva solo del funcionamiento mecánico del sistema, ni del determinismo económico, sino también de la situación política que impera en el ascenso de un nuevo modelo de desarrollo, el cual genera mecanismos estructurales de inclusión o exclusión de los productores”

 Blanca Rubio[ii]

 “… la moderna cuestión de la tierra considera las implicaciones de la elección social entre: la alianza de la propiedad de la tierra con el capital; o,  la alianza de la propiedad de la tierra con el trabajo”

Maria Baudel[iii]

A  los hombres y mujeres demócratas, que hemos construido, en un  proceso social complejo y a la par realmente participativo, en Ecuador y Bolivia, los paradigmas del Buen Vivir y de la Soberanía Alimentaria, como ejes de un  nuevo texto constitucional[iv], se plantea el desafío de releer, reinterpretar,  problemáticas estructurales agrarias, lo que algunos autores también llaman “deudas históricas”[v], como el acceso, la propiedad, la distribución de los recursos naturales, entre ellos, la tierra, incorporando los aportes de estos conceptos para definir nuevas propuestas de cambio para la ruralidad.

Es un desafío no solo teórico, también de la coherencia de la estrategia de desarrollo y del  compromiso político, de y con, los movimientos campesinos e indígenas, e incluso más allá, con el conjunto de la sociedad para dar respuesta a problemáticas muy antiguas, como el hambre, la desigualdad, la concentración de la riqueza,  la destrucción de la naturaleza, debajo de las cuales se encuentran estructuras terriblemente poderosas, que mantienen intactos estos problemas sociales.

En el primer lustro de la década inicial del presente siglo, se va configurando en nuestros países las condiciones políticas para abrir una etapa  posneoliberal, que deja atrás los postulados básicos que guiaron casi 25 años de gobiernos marcados por la reducción del estado y la total apertura de mercados, sin embargo esta nueva fase no puede quedar reducida  a una modernización capitalista con presencia estatal, en una reedición del desarrollismo de los años sesenta.

El reto es avanzar hacia transformaciones profundas, precisamente asumiendo  perspectivas innovadoras como la soberanía alimentaria,  el buen vivir y otros temas claves como plurinacionalidad e interculturalidad.

Los acontecimientos de esta primera década también demuestran que las evoluciones que  se demandan, no van a tranquilamente  “desde arriba”, sino que implican movilización social unida, y presión “desde abajo”; por lo que bien vale recuperar el lema histórico de que “ninguna conquista es dádiva del poder, sino resultado de la lucha popular”.

SOBERANIA ALIMENTARIA Y TIERRA

Una de las marcas del maldesarrollo del Ecuador, desde la época colonial hasta la presente fase, es la persistencia estructural de una problemática ligada al hambre, la presencia de desnutrición crónica en un país caracterizado por la diversidad de pisos climáticos y fertilidad de suelos.

La desnutrición crónica, según datos oficiales, en el 2010: “El 60% de los niños con desnutrición crónica y el 71 % de los niños con desnutrición crónica grave, habitan en las áreas rurales; también se da una concentración muy elevada en las áreas de la Sierra, que tiene el 60 % de los niños con desnutrición crónica y el 63 % con desnutrición crónica extrema. El 71 % de los niños con desnutrición crónica provienen de hogares clasificados como pobres, lo cual se aplica también al 81% de los niños con desnutrición crónica extrema”[vi].

El problema alimentario en el Ecuador no es asunto de teoría, o  amenaza de un futuro incierto, es una lacerante realidad consecuencia de un patrón de acumulación primario exportador que desde el primer auge cacaotero, fines del siglo XIX, pasando por las fases bananera y petrolera, incluso ahora en el siglo XXI, ha ido concentrando a su favor  la tierra,  apropiándose  de los suelos con mayor potencialidad agrícola, destinando su producción a los mercado externos.

Una resolución profunda del problema del hambre atraviesa por enfrentar al patrón de acumulación primario exportador, que organiza el desarrollo de agricultura en el sentido de la renta del gran capital, en lugar de orientar las evoluciones de la agricultura en el sentido de satisfacer las necesidades básicas del conjunto de la población, tanto urbana como rural.

El concepto de soberanía alimentaria puede dar nuevas guías para diseñar y emprender en políticas públicas con un nuevo sentido, más amplio que los clásicos de productividad o desarrollo rural.

La virtud del concepto de soberanía alimentaria[vii], que nace de la lucha de los movimientos sociales del campo contra los tratados de libre comercio y las imposiciones de la OMC, es colocar al centro el derecho de cada uno de los estados de decir con soberanía  cuáles  políticas alimentarias adoptar,   garantizando el derecho a la alimentación del conjunto de la población, y que estos alimentos deben provenir de la producción de los campesinos y agricultores familiares.

En ese sentido tiene un horizonte más integral que el concepto de la seguridad alimentaria, cuyo foco es la provisión de alimentos para la población, pero no la sustentabilidad de la población campesina y familiar, de sus territorios, y su rol para garantizar alimentación sana del conjunto de una región y país.

De hecho este concepto enriquece la visión sobre la temática de la tierra, al promover políticas que garanticen el acceso a la tierra a los campesinos para sostener y expandir la producción de alimentos, recuperando los valores culturales y de identidad.

Ahora bien el  procesos constituyente[viii] en Ecuador, reinterpreta el concepto de la soberanía alimentaria, al colocarlo inserto en la visión de derechos y  régimen de desarrollo, como eje para reconstruir un nuevo modelo de agricultura dentro de una propuesta de nuevo  modelo de desarrollo, orientado hacia los seres humanos y no al mercado.

El derecho a la alimentación, “las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas culturas”, es parte sustancial de los derechos del buen vivir[ix].

La soberanía alimentaria es una responsabilidad del estado que implica “impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria”[x]

El propio texto constitucional articula la realización de la soberanía alimentaria con la necesidad de “promover políticas redistributivas de la tierra, que permitan su acceso al campesinado”[xi], y expone un mandato al Estado: “el estado normará el uso y acceso a la tierra, que deberá cumplir la función social y ambiental… se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra”.

Los sentidos que nos plantea Soberanía Alimentaria también modifican las comprensiones sobre la tierra, que dejaría de ser vista meramente como un objeto, un recurso natural cuyo uso tiene el propósito de garantizar la tasa de ganancia de quien es dueño e invierte en ella. En su lugar tenemos la visión de la tierra como sustento para la reproducción de la vida y un uso social respecto de la riqueza que genera, así como un rol para la reproducción de los ecosistemas en los cuales se encuentra.

Dentro de las funciones económicas y sociales de la tierra, un lugar prioritario tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades humanas, individuales y colectivas, entre ellas la alimentación, mas también la generación de empleo para todos/as quienes habitan y trabajan el campo. Para ello es necesario mirar la necesidad de acceso a la tierra junto con el acceso al agua y con mecanismos de financiamiento, que permitan reproducción la economía y sociedad campesina, en un sentido amplio que incorpora tanto a indígenas,  afrodescendientes y agricultores familiares.

Esta visión cobra mayor trascendencia cuando se enfrenta al debate de políticas públicas ante el fenómeno de crisis alimentaria, esto lo veremos más adelante.

BUEN VIVIR Y TIERRA

Las comprensiones económicas y políticas del discurso dominange sobre la tierra, están siendo modificadas, desde otras propuestas  respecto de desarrollo y evoluciones económicas, entre ellas las concepciones  del Buen Vivir, que recuperan las Constituciones de Ecuador y Bolivia.

De ahí la trascendencia incorporar en el debate sobre políticas públicas de la tierra, las nociones del buen vivir, para desde ahí definir nuevos objetivos y estrategias para las políticas en el agro.

En primer lugar, las comprensiones del buen vivir provienen de las culturas y cosmovisiones de los pueblos originarios del abya yala, han sido el sustento para la resistencia ante los embates de la Colonia,  de los terratenientes y luego la expansión del modelo primario exportador, permitiendo la pervivencia de la comunidad, los sentidos de vida de pueblos ancestrales, y en ciertas regiones, cuando las condiciones lo han permitido, de los territorios indígenas.

En el caso ecuatoriano los primeros rescates de estas comprensiones y visiones del Buen Vivir, por parte del discurso crítico, se dan alrededor de las comunidades quechuas de la amazonía, y desde allí se destacaba, a fines del siglo XX, los siguientes elementos:  “en la cosmovisión de las sociedades indígenas, en la comprensión del sentido que tiene y debe tener la vida de las personas, no existe el concepto de desarrollo, existe una visión holística acerca de lo que debe ser el objetivo o la misión de todo esfuerzo humano, que consiste en buscar y crear  las condiciones materiales  y espirituales para construir y mantener el “buen vivir”, que se define como “vida armónica”, que en idiomas como el quichua se expresa como “Allí Kausai” o “Sumak Kausai”[xii].

En el caso boliviano se despliega un proceso similar, donde es traducido como Vivir Bien, y tomado del concepto Suma Qamaña: “Qamaña es vivir, morar, descansar, cobijarse y cuidar a otros,  en un segundo uso insinúa la convivencia con la naturaleza, con la madre tierra o pacha mama… por su parte  Suma  describe un sentido de plenitud, que no se da en el castellano, mas pudiera traducirse como agradable, amable, acabado”[xiii].

Incluso algunos estudiosos del tema precisan que quizás una mejor traducción sería “convivir bien”[xiv], o “convivir en armonía”.

He aquí uno de los desafíos: la articulación de la tierra y la propuesta de convivir mutuamente en armonía, los propios pueblos originarios dieron ya algunas de las respuestas, la tierra concebida como base de la vida y de su reproducción, la madre tierra o pacha mama, individual, familiar y colectiva, integrando estos tres niveles de sociabilidad, siendo uno solo con la naturaleza; la tierra no es un objeto inerte a ser depredado, es un sujeto con vida y que sustenta la reproducción de los seres humanos y la naturaleza, no como entes separados, sino como una unidad en diversidad.

Adicionalmente, y no menos importante, es que en los casos de Ecuador y Bolivia, no solo se trata de una recuperación de las concepciones de los pueblos y naciones indígenas, sino que el buen vivir ingresa a las etapas constituyentes y es enriquecido, complejizado, desde otras lecturas y experiencias, como las tendencias post – desarrollistas, y de ese proceso tenemos, lo que podríamos llamar  “el buen vivir constituyente”.

De allí rescatamos el debate del buen vivir con las concepciones clásicas del desarrollo, que adoptan como horizonte el capitalismo central y sus instituciones, el crecimiento material sin límites,  el mercado como realizador del interés general, la economía reducida a una racionalidad de fines y medios.

Como lo ha sistematizado quién fuera el presidente de la constituyente ecuatoriana: “el planteamiento del Buen Vivir colocado en la Constitución se plantea como una oportunidad para construir otra sociedad, sustentada en una convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la Naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en el país y el mundo”[xv] .

El Buen Vivir resulta convertido en un proyecto de futuro para el conjunto de la sociedad, interactuando, enriqueciéndose en la misión común con las otras tendencias del pensamiento crítico y humanista, hacia un horizonte emancipatorio.

En esa construcción de buen vivir como proyecto de nueva sociedad, sus debates contemporáneos se confrontan tanto con las tendencias neoliberales, que van en retirada, y también las tendencias neodesarrollistas, que van ingresando a una fase de expansión, pretendiendo copar el escenario abierto por los procesos políticos de fines de los 90 e inicios del 2000.

Volviendo a la temática central de este artículo, se puede decir que el buen vivir constituyente interroga al debate sobre la tierra desde proyectos de sociedades distintas, construidas con horizontes de  equidad, democracia, economía social y solidaria, plurinacionalidad,  derechos de la naturaleza.

Un Ecuador distinto donde el acceso a la tierra sea la base para la equidad, que este repartida con equilibrio, sin los abismos actuales, para que todos quienes habitan la sociedad rural puedan sustentar su vida, en especial quienes no tienen tierra, o tan poca, que torna imposible vivir de lo que produce la tierra. Pero no solo equidad también democracia, que esos campesinos, indígenas, afrodescendientes,   sean actores sociales y políticos de ese nuevo modelo de la tierra en la agricultura y el desarrollo, que tengan voz y voto, peso real en las instancias que gobiernan la tierra a nivel local, regional y nacional, afirmando sus organizaciones de reivindicación social y política.  Donde haya espacio para la reproducción y crecimiento de las economías populares,  que requieren la redistribución de la tierra para afirmar las agriculturas campesinas y familiares, en contextos de procesos de acumulación descentralizada y desconcentrada. Un Ecuador distinto que en la temática de la tierra, asume esa diversidad que fue negada por el colonialismo, esto significa empatar el acceso a la tierra con las demandas respecto de Plurinacionalidad e Interculturalidad, lo cual nos va llevando hacia las relaciones entre tierra y territorios, no solo étnicos, sino también sociales, esto es que los campesinos e indígenas acceden a tierra y a la par promueven su capacidad de participar en el gobierno, en la cultura, en el acceso a otros recursos.

Como intento de síntesis, va el siguiente grafico:

ESPACIOS DE DISPUTA Y MODO DE ACUMULACION

Colocado el debate sobre la tierra en los nuevos parámetros de la soberanía alimentaria y del buen vivir, la posibilidad de su concreción real se topa, al menos, con dos espacios de disputa, cuando no de confrontación, por un lado con la estructura de una modalidad de acumulación primario exportadora, y el andamiaje ideológico de las políticas dominantes, cuyo eje es la productividad del capital; y, por otro lado,  con la estructura de la burocracia nacional e internacional, cuyo eje es el discurso del desarrollo rural y el combate a la pobreza.

Esto no es ninguna novedad, los propios ideólogos y planificadores del estado ecuatoriano lo reconocen,  el Plan Nacional de Desarrollo 2009 – 2013 propone, para acercar  una visión de Buen Vivir, dos transformaciones fundamentales: superar el patrón de acumulación primario – exportador  y superar el discurso del desarrollo.

El mencionado Plan propone una “estrategia de desarrollo nacional endógeno, con una inserción estratégica y soberana en el mundo para satisfacer necesidades básicas”[xvi], para lo cual se requiere una  primera fase de transición cuyo contenido es un “proceso de redistribución considerado como el centro del cambio”[xvii]; esta estrategia implica políticas públicas que modifiquen los esquemas de acumulación, distribución, re – distribución y  un enfoque  que permita reducir las inequidades”

A la par establecer  una “moratoria al discurso del desarrollo”, que genere condiciones para nuevas miradas y propuestas, pues “se puede afirmar que el discurso de desarrollo ha mutado y ha sido inmune a sus críticas; ha resistido a críticas feministas, ambientales, culturales, comunitarias, políticas”[xviii].

Sin embargo se puede reconocer una situación de incoherencia entre el proceso político real que vive el Ecuador y el compromiso constitucional con la soberanía alimentaria y el buen vivir, al no cumplirse ninguna de las condiciones básicas. En verdad se puede constatar ciertas reformas, que corrigen determinados excesos, pero la esencia del patrón de acumulación primario exportador está allí,  con más fuerza en las estrategias rurales; y por otro lado el discurso del desarrollo nuevamente muta en ciertos elementos, pero su esencia esta vigente.

¿Cómo afecta esto al debate sobre tierra?

Es necesario abrir un debate público y nacional sobre la tierra, es decir respecto de las condiciones estructurales que le rodean, de tremenda y constante inequidad, de uso intensivo por monocultivo, crecimiento de la concentración, pérdida de las tierras colectivas, sean cooperativas o comunales, agudizamiento del minifundio, pobreza y marginalidad que rodea a los pequeños campesinos y agricultores familiares.

Por un lado, los representantes del patrón primario exportador niegan rotundamente esa posibilidad, pues  para ellos “no hay problema de la tierra”[xix] e incluso cualquier propuesta de limitación de la tenencia de la tierra “implica acabar con el sistema jurídico, económico y productivo del país”[xx].

Esta es una gran dificultad pues la apelación a su poder va de la mano de un discurso pobre en contenidos y a veces lastimero, como por ejemplo que los grandes ganaderos del litoral declaren que necesitan que el estado “les ayude a respirar” y  no les cobre el impuesto a las tierras rurales porque “se están hundiendo”[xxi].

Por otro lado, quienes han manejado el discurso del desarrollo rural, ahora presentan una lectura  donde separa a territorios “ganadores”, de otros  territorios, que serían los “perdedores”, donde el fiel de la balanza es la incorporación a los mercados.

También en este discurso está ausente la problemática de la tierra, es una situación dada imposible de ser asumida, sino es  a condición de resquebrajar la gobernabilidad, amenazando a los territorios ganadores.

Ni a uno, los primario exportadores, ni a otros, los desarrollistas, interesa abrir el indispensable debate sobre la estructura de la tenencia de la tierra, solo la presión  desde los movimientos campesinos e indígenas,  puede aperturar un debata público y nacional, para alterar el status quo sobre  la tierra.

¿EXCLUSION O INTEGRACION DE LOS CAMPESINOS?: LA AGRICULTURA EN EL MODELO DE DESARROLLO

A nivel internacional y regional, estamos ante la caducidad de un modelo de desarrollo, el neoliberal sustentado en la concentración de los capitales financieros en las esferas especulativas y  un orden mundial unipolar, y el ascenso de un nuevo modelo de desarrollo, donde los capitales retornan al control directo sobre los recursos naturales, en el marco de un orden mundial multipolar, en ciertas regiones, como Sudamérica, la recuperación del desarrollismo.

En el ámbito  nacional también está claro que se van abandonando elementos del neoliberalismo, como la liberalización financiera, la tercerización laboral y la ausencia del estado, y vamos hacia un modelo de desarrollo basado en el retorno del estado y con un eje económico afirmado en la explotación primaria de los recursos naturales, cierto reajuste industrial, por ejemplo en la rama automotriz,  y una nueva estructura de relaciones internacionales.

¿Hasta qué punto esto abre una fase de integración o exclusión de los campesinos en el nuevo modelo de desarrollo?, entendiendo por integración que el conjunto de la producción campesina está incorporada en la dinámica económica, y por exclusión que solo un sector de los campesinos, aquellos que están subordinados a las grandes empresas, están inmersos en la dinámica económica, y todos los demás quedan marginados.

Para avanzar en el análisis retomamos la cita que abre este artículo, allí Blanca Rubio nos plantea que el carácter de integración o de exclusión de los campesinos en una fase productiva, no depende exclusivamente, o no deriva solo, del funcionamiento mecánico del sistema, sino también un rol importante corresponde a la situación política imperante en la fase de ascenso de la nueva etapa productiva.

Esto es, la situación de correlaciones de fuerza en el momento de ascenso de un nuevo modelo de desarrollo es decisiva para imprimir una orientación estratégica que incluye o excluye a los campesinos, con un rol importante en la racionalidad misma de la nueva fase productiva.

Pero también la afirmación de la nueva fase productiva trae consigo una reducción o una agudización de la conflictividad social en las zonas rurales y a nivel nacional, incidiendo y determinando la orientación del mismo.

Al encontrarse el Ecuador en el momento de afirmación de una nueva fase productiva, posneoliberal, y que si bien se va delineando este recambio como neodesarrollista, con un fuerte acento en el extractivismo, sin embargo no se puede perder de vista que la situación política reciente, el proceso constituyente, dejo expresada con claridad una estrategia de soberanía alimentaria y buen vivir, por lo que la posibilidad de una presencia fuerte o no del movimiento social del campo, incluido el indígena, exigiendo con su acción directa e incidencia política la recuperación de una perspectiva de inclusión y de transformaciones profundas en el agro, puede ser decisiva para el rumbo presente y futuro.

Y en ese camino de demanda por  el cumplimiento de  un compromiso constitucional de construir soberanía alimentaria y buen vivir, la demanda por la redistribución de la tierra, y de los recursos naturales, es fundamental.

AGROCOMBUSTIBLES Y ACAPARAMIENTO DE TIERRAS, SALIDA CAPITALISTA A LA CRISIS

El debate sobre modelo de agricultura y tierra, está siendo afectado por las respuestas que desde el capitalismo central se está dando a la crisis que atraviesa el sistema desde el 2007 y que está en pleno desenvolvimiento.

El enfrentamiento de la crisis por parte del capitalismo se da sobre la base de reconstruir procesos productivos a través de los cuales recuperar las tasas de ganancia pérdida, incluso a condición de destruir fuentes que generan trabajo y reproducen la vida de conglomerados humanos y la naturaleza.

En la presente etapa están en desenvolvimiento a nivel mundial diversas estrategias orientando capitales hacia el  control de la producción y los mercados de alimentos y materias primas de origen agrícola, como es el caso de los agrocombustibles, especialmente los provenientes de caña de azúcar y  palma,  mas también hacia una nueva fase de apropiación directa de tierras, que se va denominando “acaparamiento de tierras”.

Las estrategias de grandes empresas transnacionales están hacia la inversión directa en la expansión de cultivos de caña  y palma, y la presión para que gobiernos destinen recursos en obras de riego y vialidad que faciliten su expansión, y a la par este tipo de empresas e incluso estados, están comprando o rentando tierras para garantizar cultivos de alimentos destinados, no a las poblaciones y mercados de los países de origen, sino en su  beneficio particular.

En el Ecuador empiezan a vivirse ya  fenómenos ligados a estas nuevas estrategias de reconcentración de tierra y agua, y ese es un argumento clave para demandar políticas públicas que controlen el acceso a la tierra.

¿Por qué UNA REFORMA AGRARIA HOY?

Un primer esbozo de un debate sobre los sentidos de una política de redistribución de tierras se dio de alguna manera durante los meses de agosto y septiembre del 2011, cuando se conocieron de manera pública contenidos claves de un anteproyecto de ley de tierras que SIPAE[xxii] entregó a la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional y a la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria[xxiii].

Del conjunto de opiniones que allí se dieron, y que están reseñadas en el artículo “Debate sobre tierra en medios de comunicación”, que se lo encuentra en el  portal de internet del SIPAE[xxiv], destaco como positivos, en el sentido de que establecen un real espacio de discusión, los contenidos de un editorial de prensa de Manuel Chiriboga, titulado  “Reforma Agraria”[xxv].

De dicho texto, recupero los  siguientes puntos de debate: i) las reformas agrarias de los años 60 y 70 en Sudamérica se dieron para acabar con la forma latifundista atrasada y asegurar la incorporación al mercado de los pequeños productores,  “¿se dan esas condiciones hoy, es necesaria una reforma agraria?”; ii)  De qué tipo de concentración de la tierra se trata la presente, “¿se trata de una concentración latifundista o se trata mas bien de una concentración vinculada al desarrollo capitalista?”; iii) ¿ no sería mejor una ley redistributiva, más cercana a una ley anti monopolio? “que impida que empresas con grandes cantidades de tierra abusen de su posición dominante en el mercado”; iv)  existe una sobre expectativa respecto de los resultados de una reforma agraria, pues “no existe una relación estrecha entre distribución del ingreso y distribución de la tierra”; v) ¿tiene sentido una política de redistribución de tierras para  impulsar la economía rural territorial, o se tornaría un obstáculo?.

¿Cuáles serian los sentidos de una reforma agraria (o revolución agraria, para quienes deseen llamarla así) en el Ecuador de hoy?, pienso que precisamente los motivos del presente artículo, empezar a enriquecer el debate sobre la tierra desde las nuevas concepciones de soberanía alimentaria y buen vivir, nos van presentando esos contenidos. De los pocos avances que tenemos en esa línea podemos decir que una modificación sustancial en la estructura de la tenencia de la tierra, que permita el acceso de tierra a los campesinos actuales con poca tierra o sin tierra, a la par que incentive la afirmación de unidades productivas con tenencia de tierra y agua en condiciones básicas, y siempre y cuando este acompañada de una estrategia de estado que apuntale  un desarrollo rural, descentralizado y desconcentrado, con base campesina, puede garantizar una alimentación suficiente y culturalmente adecuada, impulsar mercados locales y regionales, afirmar un modelo de agricultura que asegure empleo familiar y comunitario, preserve los ecosistemas y pueda mitigar los efectos del cambio climático.

¿Cuál es el tipo de concentración de la tierra que se presentan en los modelos dominantes de agricultura?, existen varios líneas en la respuesta, en primer lugar que el Ecuador presenta una situación grave de concentración de la tierra, eso el SIPAE  lo ha demostrado fehacientemente, sobre bases oficiales de datos, en la publicación “Atlas de la tenencia de la tierra en el Ecuador”, reiteremos apenas una de las cifras: solo 1 de cada 1000 propietarios privados de la tierra tiene unidades productivas mayores a 640 hectáreas; de los 999 restantes, el 50% de ellos no superan las 2 hectáreas en sus  unidades productivas. Otro de los datos indica que todavía es fuerte  el latifundio ligado a la ganadería extensiva en varias regiones de la costa (en Guayas y Santa Elena, el índice Gini está en 0,86) y la sierra. Pero si, lo fundamental del proceso de reconcentración de la tierra se da alrededor de los holdings del agronegocio ligado a los grupos económicos poderosos del país, y que giran en torno a la producción de banano, palma africana, caña de azúcar, ganadería extensiva. Y su expansión está ligada a procesos de desplazamiento de poblaciones campesinas e indígenas, como lo demuestra el estudio que SIPAE realizó en el cantón Barbones de la provincia de El Oro[xxvi].

La concentración de la tierra por agroempresas del gran capital es igual o más perversa que la concentración del viejo latifundio; por ello es  fundamental  políticas públicas, incluida Ley de Tierras, que controle y limite la tenencia de la tierra en el Ecuador, más aún cuando las tendencias internacionales presionan al agudizamiento de la concentración de la tierra (acaparamiento de tierras y expansión de agrocombustibles), y cuando los procesos de reconcentración están ligados al aprovechamiento privado de la obra pública de riego y vialidad, como es el caso de lo acontecido con las antiguas tierras comunales en la península Santa Elena que pasaron a muy pocas manos privadas, como se puede ver en el estudio “…”[xxvii]

¿Ley Anti – monopolios o Ley de Tierras?, la respuesta sería que una moderna Ley de Tierras debe contener elementos de antimonopolio en la agricultura, pues el  monopolio no se da solo en el mercado, sino también en la tenencia y acceso a los recursos naturales, están íntimamente ligados en la lógica del agronegocio[xxviii], pongamos un ejemplo simple: 3 ingenios (Valdez, San Carlos, Ecudos) controlan el 70% de la superficie cultivada de caña, y a la vez controlan el 86% de la producción de azúcar en el Ecuador[xxix].

Mas una Ley de Tierras, es mas integral que una ley antimonopolios de los mercados, en el marco de un conjunto de políticas públicas orientadas hacia la soberanía alimentaria y el buen vivir, puede trazar una estrategia nacional que abra las puertas a un acceso equitativo y democrático de la tierra a favor de los pequeños campesinos, agricultores familiares, en especial aquellos con poca tierra, o sin ella, los cuales en gran medida son jóvenes, y bajo esquemas de asociación y cooperación entre productores y estado, afirmar un nuevo modelo de agricultura.

¿Redistribuir la tierra tendrá incidencia  en mejorar el ingreso rural? Es muy importante que las políticas públicas vuelvan a poner el acento en la estructura agraria, sin dejar de pensar en el tema del incremento o descenso de los ingresos, pero no convirtiéndolo en el centro.  O sea, revertir la tendencia de las políticas del desarrollo rural que desde los años ochenta enfilaron sus estrategias hacia el denominado “combate a la pobreza”, pero sin afectar sustancialmente la estructura agraria.

Si en algo nos pueden aportar las concepciones del buen vivir, que retoma la resistencia de los pueblos y nacionalidades indígenas, es precisamente a poner en cuestión el tema del ingreso como la clave para superar los problemas arraigados en el campo de explotación y exclusión

La aplicación de esas políticas, enfiladas hacia el ingreso rural, inicialmente con la dotación de  servicios, como riego o  microcrédito, luego por la vía de bonos, a la pobreza o solidarios, si bien permitieron enfrentar fenómenos como la pobreza extrema, no han resuelto las tendencias que imprime el modelo agroexportador, de explotación y exclusión.

Una política de redistribución de tierras da cuenta de las raíces que provocan la desigualdad e injusticia en el campo, por supuesto que requiere de una  visión mas integral, y probablemente una de las alternativas es la articulación entre la problemática de la tierra y la disputa por territorios y territorialidad, más allá de la lógica del agronegocio.

El impulso a la economía rural territorial atraviesa por reconocer el valor económico, cultural, de los territorios campesinos, indígenas y montubios, sus potencialidades para la soberanía alimentaria, el enfrentamiento al cambio climático y a favor de una sustentabilidad,  y generar procesos de concientización, en el campo y la ciudad, que torne visibles las demandas para que desde el estado se asuman políticas que afirmen y afiancen estos territorios, y eso atraviesa por una redistribución de la tierra y controles frente a la expansión de los agrocombustibles, e impidan un nuevo acaparamiento de tierras.

CONCLUSIONES

La etapa social y política abierta entre  2005 – 2006, que se extiende hasta la actualidad, 2011 – 2012, consecuencia de un proceso mas largo que al menos alcanza a inicios de los años 90, que deja atrás las versiones mas ortodoxas del neoliberalismo, y por contraste, de manera  audaz,  esboza, en el marco de procesos constituyentes, una propuesta de sociedad auténticamente diferente, con concepciones como soberanía alimentaria y buen vivir,  vive en la hora presente la encrucijada entre ese pasado derrotado y un futuro que demanda transformaciones profundas.

La cuestión de la tierra está también presente en la encrucijada, por ser una problemática no solo irresuelta, las reformas agrarias previas fueron parciales e incompletas, sino presente ante un reacomodo de los grandes capitales internacionales, que vuelven a mirar en los recursos naturales la fuente para recuperarse de la crisis financiera.

La tierra vuelve a ser importante y a la par las propuestas políticas que giran en torno a ella, por un lado quienes promueven la reconcentración y acaparamiento, incluso a manos directas de transnacionales y potencias imperiales, y por otro quienes demandan equidad y democracia en el acceso a la tierra y las instancias que lo gobiernan.

Y retorna el dilema, que lo esboza Maria Baudel, en la cita mencionada al inicio del presente artículo, la elección social entre dos vías: por un lado, la alianza entre el acceso a la tierra y los intereses del gran capital; o, por un lado diferente, a  alianza entre el acceso a la tierra y el trabajo.

Aquí irrumpe con fuerza la necesidad social e intelectual de incorporar en las visiones y debates sobre la tierra las nuevas concepciones de soberanía alimentaria y buen vivir, y pone en aprietos a los círculos modernizadores y neodesarrollistas, que ven así delatadas la cortedad de miras de sus propuestas de sus políticas focalizadas de subsidios carentes de las transformaciones profundas planteadas.

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