11 de Agosto 2015
En estos días el presidente de la república ha vuelto a referirse a los 10 de Luluncoto vulnerando una vez más y en los mismos términos que hace tres años nuestros derechos consagrados en la constitución y en instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano tales como: Art. 66 numeral 18, art 86 numeral 3 (presentación de la acción de casación) y en cuanto a los artículos 424 y 425 que ratifican las disposiciones sobre derechos y libertades fundamentales contenidas en instrumentos internacionales.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 12 establece: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966, artículo 17.1, dispone: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación” 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o esos ataques”, así también encontramos disposiciones al respecto en La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 en el art. 11.-Protección de la honra y de la dignidad.- “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataque ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos abusos”.
Sin embargo, una vez más hemos sido pronunciados y relacionados con hechos en los que nada tenemos que ver. Se pretende demonizarnos como hace 4 años cuando, de manera arbitraria, fuimos privados de nuestra libertad bajo la falsa acusación de cometer actos terrorista. Obviamente, esta acusación fue el resultado de un plan maquiavélico cuyo objetivo principal era el de desprestigiar y desacreditar la gran Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos, la misma que contaría con la participación de los pueblos y nacionalidades indígenas y los movimientos sociales afectados por las políticas extractivistas del actual gobierno. Fue en ese escenario que los 10 jóvenes decidimos, haciendo uso de nuestros derechos constitucionales (Art. 66.6, 13 y 27), participar de una reunión en la que se debatirían temas trascendentales como el Sumak Kawsay, el documento del gobierno “Defiende la Democracia” y lógicamente la participación en la gran marcha de marzo del 2012.
No obstante, pisoteando la ley como ha sido costumbre de este régimen, fuimos detenidos y después de casi tres meses de estar encarcelados nos señalaron como responsables de los estallidos de tres bombas panfletarias ocurridas de manera simultánea en Quito, Guayaquil y Cuenca. Durante la audiencia preliminar se nos atribuyó otros hechos como la toma de radios.
En definitiva la acusación de la entonces Fiscal fue la contenida en el Art. 160 del Código Penal: Actos de Terrorismo, pero todo el montaje judicial hecho en nuestras narices no les sirvió por falta de pruebas tal acusación y, al final, después de un dilatado e irregular proceso fuimos sentenciados por el Tercer Tribunal de “Garantías Penales” del Pichincha por Tentativa de Organización Terrorista contenida en el mismo cuerpo legal en el art. 160.1, y cuya condena fue la de un año de prisión.
Hasta el momento el proceso se encuentra abierto pues la infundada sentencia aún no se ejecutoría y pese a las continuas exigencias y reclamos para que se nos fije día y hora para que se desarrolle la audiencia de casación en la que se busca declarar nuestra inocencia, no hay una mínima intención de dar término a nuestro proceso. Esta situación ha sido uno de los motivos por el cual en un Informe del Human Rights Watch, con fecha 21 de julio del 2015, se manifiesta que en Ecuador los tribunales retrasan indebidamente apelaciones en casos en los que se han recibido penas de prisión por participar en protestas contra el gobierno y sobre la cual existe una base legal que permite apelar dichas resoluciones judiciales.
En su informe también se señala que “las condenas se dictaron sobre la base de definiciones de delitos excesivamente amplios que ya no resultan aplicables a estos casos, y la justicia ha postergado las audiencia en procesos en los cuales altos funcionarios habían manifestado su acuerdo con las condenas”. Estos delitos a los que se refieren son los contenidos en el libro II título I Capítulo III de los delitos contra la seguridad interior del Estado.
Esta no ha sido la primera vez en que el Estado ecuatoriano bajo el régimen correista es señalado por vulnerar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Tenemos el Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Carta enviada por Amnistía Internacional dirigida al Dr. Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado, con fecha 27 de Noviembre del 2012, y en este mismo sentido se han presentado informes sobre nuestro caso por instituciones en nuestro país como: El informe psicosocial interinstitucional (INREDH, CEDHU, Clínica Ambiental), Informe sobre Derechos Humanos-Ecuador 2012 de la Universidad Andina Simón Bolívar dentro del programa Andino de Derechos Humanos.
En la espera de obtener respuesta por parte de los operadores de “Justicia”, se continúan vulnerando nuestros derechos y libertades fundamentales y en un escenario con características un tanto similares a las ocurridas en el 2012. Se está desarrollando en todos los rincones de nuestra patria expresiones de descontento y rechazo a las políticas y leyes antipopulares. Es por eso que, ante la convocatoria a una nueva Marcha por la vida y la dignidad, el Estado nuevamente presenta a quienes disienten como enemigos de la patria, y a través de todo su aparataje institucional una vez más criminaliza la lucha social utilizando tipos penales como Terrorismo y Sabotaje, esta figura que empezó a ser utilizada desde Dayuma y a lo largo de estos 8 años de gobierno ha sido el delito más utilizado para judicializar a los luchadores sociales, defensores de los derechos humanos y de la naturaleza.
La lista es extensa: Dayuma, Mary Zamora, Rosaura Bastidas, Tres de Cotopaxi, Estudiantes del Mejía, Estudiantes del Central Técnico, Carlos Pérez, Klever Jiménez, y muchos más. Todos estos casos constituyen en el gobierno Correísta precedentes de pre-penalización social con el mismo modus operandi que pretende producir montajes. Las últimas declaraciones, refiriéndose a los estallidos de bombas panfletarias en el Diario el Telégrafo, en El Comercio, y en la sede de Alianza País en la ciudad de Guayaquil, relacionan estos hechos con los 10 de Luluncoto. Rechazamos estas declaraciones que no son más que un evidente temor frente a la unidad de todos los sectores sociales y populares y del movimiento indígena que, siendo los más golpeados por este gobierno, han demostrado que de manera organizada y unitaria se puede vencer las tiranías. La verdad nos asiste y el derecho a la resistencia es nuestra salida ante la prepotencia.
Los 10 de Luluncoto somos parte de ese pueblo reprimido por pensar diferente, por defender nuestros derechos y los de nuestra madre naturaleza. Estamos onscientes de que sólo la lucha organizada del movimiento social nos llevará a mejores días de igualdad y justicia social para nuestro pueblo, seguimos en este camino de lucha.
Con dignidad y firmeza,
