“…no queremos estar dentro del selecto grupo de Estados que están dispuestos a juzgar como enemigos a los propios ciudadanos.”
El Telegrafo. www.telegrafo.com.ec
06 Diciembre 2013
Hay mucho peligro en abordar la disidencia política desde un tema de seguridad nacional. Es un peligro que brota de convertir al ciudadano en el enemigo. Es un peligro del cual no somos ajenos. Y es una retórica que se ha vuelto reiterativa. Desde nuestra construcción histórica, la revolución debe venir de un cambio de forma, como manifestación del cambio de fondo. No podemos buscar la reivindicación de los derechos ciudadanos convirtiendo la simplicidad del legalismo en un arma para aplacar aquello que incomoda o se sale del libreto. Por más que exista esta motivación, no hay nada más peligroso que un proceso sin oposición.
El cierre de la fundación Pachamama parece responder a esa intensidad con la que últimamente el Gobierno ha buscado agarrarse de tecnicismos para controlar las críticas. Nadie defiende las agresiones al embajador chileno ni al empresario bielorruso en el marco de las rondas petroleras. Esas son, precisamente, las manifestaciones ciudadanas que han deslegitimado el valor de la protesta social en el país. Esa agresividad vehemente de la violencia gratuita, si es que existiera otro tipo de violencia, conducida por la irracionalidad y no las ideas. Esas expresiones no son un derecho.
Pero sí existe un derecho al debido proceso. Y no el ‘expedito-cuando-me-conviene’ proceso que deja en indefensión al acusado, que no permite responder efectivamente a la fundación sobre lo que se la acusa. Porque una manifestación descarriada no constituye un modus operandi ni un cambio en los objetivos. Así como habrá que ver en qué calidad se puede juzgar a un colectivo frente a la acción de uno o algunos de sus miembros.
Esta no es una apología por la fundación Pachamama. Es por el doble precedente que se crea: el ultralegalismo expedito a conveniencia y el retorno a la ‘securitización’ de la seguridad interna. Esta última como recurso para justificar cualquier acción del Estado. Y no queremos estar dentro del selecto grupo de Estados que están dispuestos a juzgar como enemigos a los propios ciudadanos (en especial cuando son Estados a los que tanto hemos criticado).
Al final, lo que se muestra es una especie de patriarcado castigador y ejemplificador. Una especie de bestia suprema, aleccionándonos sobre el comportamiento bajo el paso de lo ‘legal’. Una actitud que condena la ridícula violencia ciudadana con la violencia desde el poder; que termina por caer en lo mismo que critica.
Uno está acostumbrado a ver estas manifestaciones desde el paleolítico político que es la Alcaldía de Guayaquil. Esperamos más del Gobierno central.
En palabras del sabio Lennon: “Listen to the pretty sound of music as she flies”.
Una gota de agua en un océano. La voz de Sebastián Vallejo en El Telégrafo es eso. Pero es bastante para sentir que no estamos solos en la batalla por la justicia. La Asociación Ecuatoriana de Libre Pensamiento expresó su rechazo a la medida expedita, expresó también -como Sebastián- su rechazo a la violencia y la agresión al embajador chileno y al empresario bielorruso. Añadimos la demanda de derogar el decreto ejecutivo 016, coartador de la libertad de asociación y en cuyo texto se inspiró la arbitraria clausura. Tal reclamo fue enviado a El Telégrafo solicitando su publicación. No fue publicado.