Por Alberto Acosta y John Cajas-Guijarro*
Al inicio de la pandemia del coronavirus se llegó a pensar – hasta ingenuamente – que la cruel pedagogía de covid-19 dejaría enseñanzas a la humanidad que motivarían al surgimiento de cambios significativos, sobre todo en las lógicas de la economía mundial (responsables de transformar la pandemia en una sindemia[1]). Incluso se dijo en algún momento que, con la pandemia, la Naturaleza podría tomarse “un respiro”. Pero no. Con o sin pandemia, la reproducción del capital continúa ampliando la mercantilización de toda dimensión de la vida. Uno de los ejemplos más explícitos al respecto es el inicio de la cotización del agua en los mercados de futuros de Wall Street, tal como ocurre con el petróleo, los minerales, el trigo u otros productos primarios.
Un Wall Street líquido
Desde octubre de 2018, Nasdaq junto con empresas financieras y consultoras especializadas en la valoración del agua (Veles Water y WestWater Research) lanzaron el índice Nasdaq Veles California Water Index (NQH20). En su formulación original, el NQH20 se enfocaba en brindar un índice que estime semanalmente el precio spot (precio por pago inmediato) de los derechos (de uso) de agua negociados en los cinco principales mercados del estado de California (siendo los mercados de agua más grandes de la costa oeste de Estados Unidos). Dichos derechos de agua permiten a sus propietarios desviar o bombear el líquido vital de ríos, arroyos y cuencas de aguas subterráneas. Entre los principales participantes de dichos mercados de agua están las municipalidades, las empresas con fines agrícolas e industriales y compradores ambientales. Cabe indicar que en California existe un problema de escasez de agua por varias sequías desde 2016.
La novedad se hizo noticia mundial el 7 de diciembre de 2020 cuando en la bolsa de valores de Nueva York oficialmente se empezaron a cotizar contratos futuros de agua basados en el índice NQH20, arrancando con una cotización en bolsa de 486,53 dólares por 1.233 metros cúbicos (alrededor de 1,4 millones de litros) (cuando el índice se presentó en octubre de 2018, tuvo una cotización de 371,11 dólares; es decir, el precio sufrió un aumento de 131%). Si bien en estricto rigor las cotizaciones de los futuros de agua rigen sobre todo en las transacciones agrícolas, industriales y de municipalidades en el estado de California, el índice NQH20 puede convertirse en un referente para la estimación del precio del agua en varios rincones del mundo, de forma similar a los indicadores empleados en otras materias primas[2].
Varias son las lecturas posibles sobre esta nueva “innovación financiera” propia de un Wall Street líquido. Empecemos por destacar que hasta en Wall Street, es decir en el mundo de las grandes finanzas globales, se constata los problemas existentes con la escasez de agua. Se habla abiertamente de un problema de iliquidez que debe abordarse con urgencia, e incluso han surgido análisis para los cuales la cotización del líquido vital en bolsa puede llevar a un uso “más eficiente”. (además que supuestamente se transparentarían los precios del agua, permitiendo que los participantes de estos mercados puedan cubrir mejor sus riesgos).
Sin embargo, tales lecturas optimistas dejan de lado cuán grave puede llegar a ser la dinámica especulativa del capitalismo contemporáneo aplicada al caso del líquido vital. En particular, no se puede olvidar que varias de las más grandes crisis de la economía mundial nacieron justamente de procesos especulativos (el ejemplo más claro es la crisis financiera internacional de 2007-2009). Dichas dinámicas probablemente empujarán a que, en el futuro, se extiendan los mercados de futuros de agua, aumente su volatilidad, surjan múltiples agentes económicos que busquen ganancias especulativas (incluyendo quienes junten los futuros de agua con otros contratos de futuros creando complejos derivados financieros) y hasta emerjan burbujas financieras asociadas a un recurso vital y estratégico (como sucede en varias ocasiones con el petróleo, por ejemplo). Y que, por supuesto, cuando suban los precios, como es lo normal en los mercados capitalistas, muchas personas se queden marginadas del acceso al líquido vital… Por cierto, algunas de estas tendencias, en especial sobre burbujas especulativas alrededor del agua, han sido denunciadas incluso desde Naciones Unidas, a través de Pedro Arrojo, relator especial de este organismo internacional.
La situación del acceso al liquido vital es dramática en varias partes del planeta. Según la FAO, el agua dulce disponible por persona ha caído en más del 20% en las últimas dos décadas; más de 3.000 millones de personas viven en áreas agrícolas con severas limitaciones de agua; en América Latina, el agua por persona ha disminuido un 22%, en el sur de Asia un 27% y en África Subsahariana un 41%; el 41% del riego mundial se produce afectando los ecosistemas; los biocombustibles para alimentar automóviles requieren de 70 a 400 veces más agua que los combustibles fósiles que reemplazan. Según Naciones Unidas, “en el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable salubre, dos de cada cinco personas no disponen de una instalación básica para lavarse las manos con agua y jabón, y más de 673 millones de personas aún defecan al aire libre”. En medio de la pandemia del coronavirus es cada vez más importante el saneamiento, la higiene y el acceso a agua limpia para salvar vidas.
Definitivamente es un despropósito dejar a merced de la vorágine especulativa un bien tan sensible para la vida en el planeta y, alrededor del cual, han surgido hasta graves conflictos socioambientales (incluyendo las llamadas “guerras por el agua” que, a futuro, pueden devenir en auténticos conflictos bélicos). Asimismo, recordemos que la especulación puede generar problemas serios en la provisión de productos esenciales para los pueblos, como es el caso tan conocido de las crisis alimentarias estrechamente vinculadas con la especulación financiera de alimentos.
A más de la especulación, la cotización del agua en un mercado financiero como Wall Street puede exacerbar aún más su privatización alrededor del mundo. El simple hecho de asignar un precio al agua en la principal bolsa de valores del planeta puede debilitar las múltiples luchas que buscan el reconocimiento del acceso al agua como Derecho Humano fundamental. Hasta podrían surgir dinámicas perversas donde los Estados otorguen gratuitamente a capitales privados los derechos de uso del agua y luego esos derechos puedan venderse en los mercados financieros. Por cierto, un punto de indudable gravedad que puede emerger por normalizar al líquido vital como una mercancía cualquiera es la afectación de las funciones ecosistémicas al menospreciar el papel del agua en la Naturaleza; es decir podrían afectarse las funciones que son vitales para la vida, los cuales no propiamente representan derechos de las personas, sino Derechos de la Naturaleza.
Pese a los múltiples riesgos, en diversas partes del planeta el agua ya es manejada bajo la óptica de oferta y demanda. Aún en países donde el agua es asumida como un bien común o bien público, hay mecanismos que posibilitan su manejo privado vía concesiones, por ejemplo. Allí, los derechos de uso se otorgan a cambio de compensaciones que, de una u otra forma, permiten el enriquecimiento privado a partir del aprovechamiento del uso del agua. Un caso extremo y perverso se da en Chile que, a través de la Constitución de 1980 (la Constitución de Pinochet), abiertamente privatizó el agua transformándola en mercancía. En otros países, como Ecuador, pese a existir una legislación que recupera al agua como Derecho Humano fundamental, la ausencia de voluntad política y la sumisión a los intereses de grandes capitales transnacionales (en particular mineros), ponen en riesgo la garantía de ese derecho. Sobre ambos casos deseamos reflexionar un poco más a detalle.
“El acceso al agua potable es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás Derechos Humanos”.
–Papa Francisco. Encíclica Laudato Si.
Chile, el fracaso de la especulación con agua
Chile es un ejemplo paradigmático del manejo privatizador del agua. Aunque el agua se considera un bien nacional de uso público, en la práctica se asume como mercancía. En el artículo 24 de la Constitución chilena se dice que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constitucios en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Y esta disposición se complementó en el Código de Aguas. [1]
Así, se separó al agua de la propiedad de la tierra y se le transformó en mera mercancía, sujeta a la oferta y la demanda; en realidad funciona una lógica que favorece a pequeños grupos de poder con sobreprecios de hasta 600%. Al margen quedaron especialmente los derechos de las comunidades víctimas del despojo del agua en sus territorios. Es más, el propietario de los derechos sobre el agua no paga costos por su mantenimiento, tenencia o uso y no se le exige proteger el cauce ni compensaciones por potenciales efectos negativos sobre la cantidad y calidad del agua, que podría afectar a otros usuarios. En la reforma al Código de Aguas en 2005 se estableció una suerte de multa por el “no uso” de los derechos de agua, para intentar desincentivar la acumulación ociosa de derechos concedidos; todo esto generó una multiplicación de proyectos y una aceleración de transacciones en el mercado del agua.[2] Esta lógica mercantilista ha llegado a aberraciones extremas cuando, por ejemplo, en el valle de Copiapó, en el norte de Chile, se negociaron más derechos de uso que el agua efectivamente disponible en la cuenca.
La demanda por agua creció en un 400% los últimos 30 años y la demanda por derechos de agua subterránea (por agotamiento de agua superficial) en un 60%. De 101 cuencas hidrográficas que tiene el país, la mayoría están agotadas con los derechos de agua severamente sobre-otorgados. Sin embargo, el tema no es solo de cambio climático o de sequía, Chile, un país rico en recursos hídricos, se encuentra en pleno proceso de desertificación con casi todas sus aguas privatizadas; una situación que se agrava cuando ya no hay aguas superficiales disponibles y se rematan las aguas subterráneas. Cabe destacar que los extractivismos son los principales responsables de esta situación. Afectadas están las zonas del Norte y de “la zona central” dónde se concentra la mayor parte de la población. Más de las tres cuartas partes del agua dulce se ocupan en la agroindustria, es decir, se exportan. En “la segunda región”, muy seca, la megaminería es la que ocupa más agua.
Además, de conformidad con la información otorgada por Ingrid Wehr, quien fuera directora de la Fundación Heinrich Böll por muchos años en Chile, sabemos que las leyes chilenas no limitan estos derechos de aprovechamiento del agua en el tiempo ni establecen prioridades de uso. Es decir, no se prioriza el uso humano del agua. Una vez que el Estado entregó gratuitamente los derechos de agua y perpetúa su propiedad en personas individuales, estos derechos se pueden vender y comprar en un mercado según dictaminen demanda y oferta. Así surgen problemas graves en medio de un contexto de creciente escasez, sin prioridades de uso y con nula regulación del Estado.
Como saldo de esta realidad, hay más de un millón de personas a lo largo de Chile sin acceso a agua potable. Cerca de un millón de personas en el sector rural aún no cuentan con infraestructura que les permita abastecerse de este elemento en forma estable, lo que equivale a casi un 50% de este sector. Y de esta manera, el costo del acceso al agua vía tanqueros representa un egreso muy oneroso para muchos sectores populares y también los presupuestos de los municipios que se hacen cargo de los costos, aunque legalmente los gobiernos provinciales son los responsables de proveer el agua.
No hay duda, como demuestra la experiencia chilena (o en Australia, apenas para mencionar otro ejemplo), que reducir el agua a nivel de una mercancía puede generar consecuencias nefastas. Es más, semejante manejo privatizador del agua, junto con otros legados del neoliberalismo chileno, han exacerbado la disconformidad y la protesta de una sociedad movilizada que está sacudiendo las estructuras del país.
“Chile, un país rico en recursos hídricos, se encuentra en pleno proceso de desertificación con casi todas sus aguas privatizadas, una situación que se agrava cuando ya no hay aguas superficiales disponibles y se rematan las aguas subterráneas”.
Ecuador, el país del agua… maltratada!
Ecuador es el país del agua: cuenta con cuatro veces más agua superficial que el promedio per cápita mundial. Aquí existen comunidades que han luchado por el acceso a la tierra desde hace décadas y han comprendido la importancia del agua. Por eso son cada vez más conscientes de la importancia del líquido vital. Eso explica que se haya elaborado una Constitución que explícitamente se preocupe de la protección y manejo del agua y, en términos más amplios, hasta reconozca a la Naturaleza como sujeto de derechos. Pero, aún con toda esa fuerza social y esa normativa vigente, hay graves problemas.
Empecemos por recordar que en la Asamblea Constituyente de Montecristi (2007-2008) la cuestión del agua fue un punto fundamental, pero difícil de tratar, pues varios actores – dentro y fuera de Montecristi – defendían claros beneficios particulares. Esos intereses fueron sostenidos en la Asamblea Constituyente incluso por un par de asambleístas oficialistas y algún alto funcionario del gobierno del entonces presidente Rafael Correa (de supuesta corriente “progresista”). Para vencer las posiciones privatizadoras se contó con gran participación y movilización de la sociedad y de varias organizaciones sociales. A la postre, la Constitución estableció que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable, además que el agua es un bien nacional estratégico de uso público, un patrimonio de la sociedad y un componente fundamental de la Naturaleza, la misma que tiene derechos propios a existir y mantener sus ciclos vitales.
Sin embargo, pese a que la mayoría del pueblo ecuatoriano aprobó en las urnas la Constitución, el gobierno de Correa no ejecutó los mandatos constitucionales. Incluso se legalizó el uso privatizado del agua que se venía haciendo de conformidad con leyes anteriores. Para mencionar los tantos incumplimientos, Interagua, la empresa que privatizó el servicio de agua en Guayaquil en tiempos neoliberales, mantuvo inalterada la concesión en contra del mandato constitucional (gracias a sus padrinos en la cúpula gubernamental del correísmo, que ya actuaron en la Asamblea Constituyente). Y luego, la largamente esperada Ley de Recursos Hídricos no cumplió el mandato constituyente de desprivatización y redistribución del agua.
De todas formas, cabe destacar que los mandatos constituyentes ecuatorianos, alineados con otros procesos internacionales, alentaron que incluso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en julio de 2010, se haya declarado el acceso al agua potable como un derecho humano.
Así, pese a que en Ecuador existe un mandato constitucional que prohíbe acaparar y privatizar el agua, el líquido vital sigue privatizado y muy mal distribuido. La contaminación del agua crece. Las fuentes de agua se destruyen cada vez más.
El consumo de agua en el país – y su contaminación – ha crecido por el aumento de la población en las últimas décadas y también por el incremento de actividades productivas excesivamente demandantes del líquido vital. En el ámbito agropecuario se concentra el uso del agua cada vez más en monocultivos orientados al mercado externo; así, crecientes volúmenes de agua convergen en unidades productivas sobre todo agroexportadoras, mientras que la producción de alimentos para consumo nacional se ha debilitado. La población campesina, indígena y no indígena, muchas veces con sistemas comunales de riego, tienen un acceso limitado al agua. A lo anterior se suma la concentración de la tierra, que también debía revertirse por mandato constitucional. Y el problema es aún mayor si constatamos que los extractivismos minero y petrolero cobran cada vez más fuerza.
Sobre la contaminación del agua, más de 70 cuencas hidrográficas del país se encuentran afectadas. Para nada se han resuelto los graves problemas de contaminación del agua provocados no solo por los mencionados extractivismos sino también por la urbanización desbocada, por diversas actividades industriales contaminantes y descontroladas, entre muchas otras razones, de las que cabe incluir también la desaparición de las “nieves eternas” por efecto del calentamiento climático global. Asimismo, la pérdida de los páramos y la deforestación creciente explican esta compleja realidad. Igualmente, preocupa el azolvamiento de los ríos en la Costa sobre todo por la erosión permanente en la Sierra y sus estribaciones; aquí tenemos otra explicación de las reiteradas inundaciones en el litoral ecuatoriano.
Este es precisamente el efecto esperado para el resto de los proyectos megamineros del país: las empresas mineras no pagan por el agua que consumen para sus actividades, agua que en gran medida queda altamente contaminada y cuyo tratamiento tampoco será realizado por las mineras (recordemos que las tareas redediación a la postre se las deja a cargo del Estado bajo un sinfín de estrategias, incluyendo la declaratoria de quiebra de dichas empresas mineras poco antes de concluir el plazo de su concesión).
“Cabe destacar que los mandatos constituyentes ecuatorianos, alineados con otros procesos internacionales, alentaron que incluso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en julio de 2010, se haya declarado el acceso al agua potable como un derecho humano”.
La bolsa o la vida
Las lógicas del capital se extienden hacia cada vez más dimensiones de la vida. Como resultado de esa dinámica, se consolida la transformación del agua en una mercancía, sometida al mundo del negocio y la especulación como cualquier otro commoditie (más allá de que se usen etiquetas de marketing como la “economía verde” o similares, para suavizar y maquillar el proceso de acumulación del capital). Si bien esta tendencia es indignante, francamente no debería sorprendernos: en el capitalismo, tarde o temprano, prácticamente todo termina por volverse una mercancía…
Para colmo, también vivimos una crisis global del agua que emerge de problemas de sustentabilidad, de accesibilidad y de equidad en su uso y disfrute. Los ecosistemas acuáticos son arrasados por grandes obras hidráulicas, la minería, la actividad petrolera, la agroexportación, la deforestación y la contaminación de ríos, lagos y acuíferos, así como la urbanización descontrolada.
En síntesis, el agua en el mundo está amenazada por procesos violentos de expropiación y privatización, en función de las demandas del capital transnacional, con la complicidad de casi todos los gobiernos del planeta. Son estas demandas del capital las que provocan endiablados ritmos de explotación económica y las que explican la creciente contaminación y hasta la destrucción de las fuentes de agua. Bajo semejantes circunstancias, el surgimiento de un Wall Street líquido donde se le pone precio a los contratos futuros de agua no otorga ningún buen augurio.
Pensando en términos más amplios, incluso los tiempos de pandemia nos recuerdan que en el capitalismo solo tiene valor aquello que puede convertirse en mercancía, mientras que todo aquello que no se compra ni se vende simplemente no vale nada… en los mercados. Por ello, para el capital (más aún, para los grandes grupos de capitales transnacionales), no tienen valor ni siquiera los más elementales principios éticos, no tiene importancia frenar la degradación ecológica, ni es relevante reducir las brechas de riqueza ni garantizar a los más pobres derechos fundamentales (como el propio acceso al agua), si tales acciones no generan alguna rentabilidad.
Es evidente que las respuestas basadas en privatizar los servicios básicos de agua y saneamiento agudizan los problemas en vez de resolverlos. Y las soluciones estatizantes son insuficientes y hasta contraproducentes pues los Estados – a veces hasta en coalición con las manos visibles e invisibles de los mercados – terminan profundizando las tendencias depredadoras y esquilmadoras del capital. Por lo tanto, es fundamental dar paso al control y manejo del agua por parte de las comunidades de regantes y de las juntas de agua potable, es decir de las propias comunidades rurales y urbanas.
Si queremos romper esas lógicas que priorizan el negocio a la vida y transitar hacia otras formas de organizar la economía, la superación del capitalismo es crucial. Tal superación requiere diferenciar claramente entre sociedad y comunidad, resaltando las tensiones existentes entre estos dos conceptos, tal como lo anotó en su momento el propio Karl Marx. Esto implica reconocer que lo societario – en tanto simple sumatoria de individuos – junto con los esfuerzos de homogenización por parte del Estado y del mercado pueden impedir construir las bases comunitarias que posibiliten procesos autonómicos y autosuficientes, indispensables para asegurar el manejo y preservación del agua. De hecho, hay casos en donde el manejo del agua a nivel comunitario ha tenido resultados notables, como lo que se vive en muchísimas comunidades indígenas y campesinas en todo el planeta.
Mientras se piensa y se construyen las estrategias para la superación del capitalismo, también es necesario responder a las luchas en muchos otros niveles de acción, desde lo local a lo global. Aun reconociendo que no se puede esperar mucho del Estado, hay que intentar incidir incluso en ellos, aunque sea para arrebatarle al Estado algunas conquistas que permitan mejorar la vida actual de los pueblos. Sin embargo, el campo principal de acción recae en propiciar la organización que lleve a construir vidas mancomunadas, en espacios comunes cohabitados por lo plural y la diversidad, con igualdad y justicia, con horizontes colectivos y creciente interdependencia comunitaria, y en donde todas las alternativas al capitalismo se empiecen a volver posibles.
En consecuencia, a la par que se expande la mercantilización de la vida, aumentan también las protestas populares para recuperar el agua como un Derecho Humano y asegurar el ciclo vital del agua como un Derecho de la Naturaleza. Esta lucha por evitar la total mercantilización de la Naturaleza es un frente más en la gran tarea de nuestros tiempos: rescatar a la vida de las garras del capital[1].
“Todo lo que facilita el negocio, facilita la especulación, los dos en muchos casos están tan interrelacionados, que es difícil decir, dónde termina el negocio y empieza la especulación”.
–Karl Marx. El Capital, tomo III, citando a un banquero inglés
Los autores:
Alberto Acosta, economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi (2007-2008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador (2012-2013). Autor de varios libros. Compañero de luchas de los movimientos sociales.
John Cajas-Guijarro, economista ecuatoriano. Profesor, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Central del Ecuador. Candidato a doctor en economía del desarrollo, Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio, FLACSO-Ecuador.
Referencias:
[1] Una sindemia sería la suma de dos o más enfermedades concurrentes o secuenciales en, que complican el diagnóstico. Ver Laura Plitt (9.12.2020); “El covid-19 no es una pandemia´: los científicos que creen que el coronavirus es una sindemia” (y qué significa esto para su tratamiento) Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-54386816
[2] Cuando se privatizó el agua, fue de conocimiento de un pequeño grupo de familias de élite, amigas del régimen. Y esos primeros derechos en la práctica se regalaron.
[3] Para el 2019, según Chile Sostenible, se registraron 5.232 derechos de agua los que deberán pagar una patente y que equivalían a un caudal de 22.946 metros cúbicos por segundo. Esto se traduce en un monto a pagar de $72.154 millones.
[4] Así como el agua debe ser desmercantilizada, el clima no puede ser objeto de control mercantil como sucede con los mercados de carbono, entre otras herramientas de la “economía verde”, una de las tantas falsas soluciones en marcha. Ver Larry Lohman (2012); Mercados de carbono – La neoliberalización del clima, Serie Debate Constituyente (Editores Alberto Acosta, Esperanza Martínez), Abya–Yala, Quito. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/266673110_MERCADOS_DE_CARBONO_La_neoliberalizacion_del_clima/link/5436ac670cf2dc341db42966/download
