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09 Diciembre 2013
Sabemos que la cualidad principal de un médico es su capacidad de diagnosticar; si se yerra en eso, luego, el tratamiento aplicado resultará inútil, o incluso perjudicial. ¿Cómo les parece, ciudadanos, el diagnóstico, que ha demorado más de nueve meses, del señor Fiscal General, junto al Ministerio de Justicia, para el caso de los Waorani muertos a primeros de marzo y la posterior matanza de pueblos ocultos? Creo que es bueno que muchos reflexionen sobre todo esto, porque no es asunto menor.
Esos crímenes y secuestros en las selvas del nororiente no son un mero “caso policial”, ni tampoco una “guerra entre clanes”, como algunos despistados o interesados han repetido. Sino el síntoma de una vieja enfermedad. Algo huele a enfermo y podrido. Algo supura en injusticias históricas, en ocultos intereses actuales, en falta de transparencia, por esas selvas. Seguimos teniendo ahí una dolencia que hay que calificar con precisión para poderla sanar. Varias veces hemos convocado a estudiosos, interesados y ciudadanía en torno a ese complejo asunto. Interesa al país resolverlo bien. Incluso el señor Presidente se ha pronunciado recientemente, en público y en privado, sobre el caso.
El mandatario se ha quejado de la tardanza de la Fiscalía en el diagnóstico. Apoyamos esa evidencia. ¡Nueve meses negando, contra todo y contra todos, algo obvio! Si ahora secundan el tratamiento aplicado, debieran reconocer, por coherencia, todos los errores cometidos hasta el momento. Dijeron que no había pruebas, pero resulta que ahora las hay; aseguraron que las niñas estaban muy bien con los captores, y les hicieron casa entre ellos, cosa que ahora les repugna y por eso la sacaron de allí; afirmaron que era una pelea “cultural” entre clanes, funcionarios de la Fiscalía aseguraron repetidamente a los agresores que nada les pasaría, ahora les engañaron y tomaron presos… Y así por el estilo. Si en este largo tiempo no ocurrió ningún descubrimiento notable en torno al tema, ni siquiera bajaron al lugar de los hechos, ¿por qué han tardado nueve meses en reconocer lo evidente? No hay espacio acá para aportar más detalles contradictorios, pero existen en abundancia. Cualquiera puede comprender la deficiencia de ese manejo. ¿Nadie se responsabilizará por análisis tan extraviados e incoherentes?
Pero es que ese diagnóstico, con su tratamiento consiguiente (una niña recuperada, siete Waorani en la cárcel de Lago Agrio, ocho prófugos, otra niña a la que no se sabe qué receta se aplicará), que ahora parecen aceptarse como buenos, resultan, de nuevo, obviamente insuficientes. Por no decir más.
Ante todo, nada de estos sucesos Waorani puede entenderse bien si no se sitúa en su contexto histórico, cultural y también actual. Aunque no haya espacio para explicarlo con detalle, los Waorani, más los grupos ocultos, no son los únicos protagonistas del problema. El Estado, Gobierno y Fiscalía, han tenido un papel preponderante en el suceso, ¿quién diagnostica su actuación y aplica el tratamiento correctivo necesario?
El Presidente ha dicho que la Fiscalía se ha demorado demasiado. Se refiere, por tanto, al “cuándo”, pero ¿qué decir de “cómo” lo ha hecho?
Para ellos hay unos culpables Waorani (15), incluso acusados de un delito que no pueden comprender (Genocidio), ¿nadie más? El señor Fiscal General adelantó, en su momento, que tenían noticias de que los Taromenani habían sido envenenados por lanzamientos desde el aire… De eso no se sabe nada.
¿Y los diferentes Ministerios implicados, comenzando por el de Justicia? El Fiscal encargado dijo en la Audiencia celebrada en Coca que el Ministerio de Justicia entregó las fotos del suceso, capitales para testificar el hecho, en septiembre, ¡cinco meses después! ¿Y qué decir de la inexplicable inoperancia de los funcionarios estatales durante los 25 días que transcurrieron entre la muerte de los esposos y la venganza de sus familiares? ¿No hay culpabilidad ninguna? Hemos repetido, desde su inicio, que este no es un caso primordialmente fiscal o policial, sino político. Es decir, de ejecución de políticas apropiadas a los Waorani y los grupos ocultos. ¿Qué medidas específicas se han tomado en estos nueves meses respecto al caso? Por el Ministerio de Justicia, encargado del PMC, han desfilado tres funcionarios hasta el momento; el actual se dice provisional o encargado. No parece que sea lo más beneficioso.
En mayo pasado, en sendas cartas dirigidas al Fiscal General y a la entonces Ministra de Justicia, pedíamos una serie de medidas relativas a los Waorani del área en cuestión, así como un “arreglo amistoso” con los agresores. Que debía incluir su confesión de culpa, pero también la responsabilidad del Estado en el ordenamiento de la zona y en su ineficacia con el PMC, la ayuda que necesitan para comprender lo qué es ser ciudadano, la indemnización por las agresiones recibidas de los Taromenani, etc.
Esos Waorani no son genocidas, son ecuatorianos aún sin ciudadanía, sin información conveniente, sin amparo suficiente del Estado. La solución no es convertirlos en presos, sino en ciudadanos.
