Hacer el balance político del año transcurrido es un ejercicio que puede oscilar entre la rutina más convencional, la catarsis más angustiosa y la expectativa más audaz.
Del listado de hechos que suelen ser reiterados a pesar de sus particularidades, podemos saltar a verdaderos acontecimientos históricos. Entre los primeros encontramos los típicos episodios que involucran a los actores habituales: gobierno, partidos, Asamblea Nacional, organismos estatales; entre los segundos, 2019 nos deja dos hechos que alteran de raíz la vieja dinámica política del país, por su novedad y por su impacto.
El primero es la consulta popular del cantón Girón, que rechazó la minería a gran escala en los páramos del Azuay. Iniciativa inédita y también desafiante frente al poder y al sistema. No se trata, como tendenciosamente se la ha querido descalificar, de una novelería irrealizable, sino de una apuesta por concebir a la democracia desde otros parámetros. La consulta lleva implícita la capacidad autónoma de la sociedad para ejercer el poder y definir prioridades.
El segundo hecho es el levantamiento de octubre porque sacudió un modelo político incapaz de procesar democráticamente los conflictos sociales. El movimiento indígena ecuatoriano, al que muchos habían administrado los santos óleos, no solo reapareció con mayor fuerza, sino que demostró que el lugar esencial de la política es y será la sociedad, el espacio público, la esfera de la cotidianidad. Las calles terminaron desbordando la formalidad institucional.
En ambos casos, la clave de la modificación de los escenarios radica en el agotamiento de un modelo de control que cada vez tiene menos posibilidades de remendarse. El sistema político ecuatoriano está en soletas y no se avizora una respuesta viable –a no ser la violencia represiva del Estado– desde los círculos del poder.
Las élites del país ya no encuentran mecanismos para mantener esa dosis de simulación que durante dos siglos les ha permitido prolongar un esquema de dominación voluble, pero eficaz. El racismo que afloró en octubre es la respuesta más primaria e irracional a un problema histórico y estructural.
La crisis va para largo, porque las dificultades económicas son únicamente un epifenómeno de las desigualdades del poder. El intento por incrementar el precio de los combustibles fue el detonante, no la carga, aunque los altos funcionarios del gobierno lo hayan entendido al revés. Por eso continúan atendiendo a la fiebre con dádivas, brigadas médicas y programas asistencialistas, mientras tanto, los problemas de fondo no se tocan, porque implican reconocer el fracaso sucesivo de gobiernos, partidos y élites.
El próximo año empiezan las celebraciones por los 200 años de independencia del país. Resulta amargo reconocer que luego de tanto tiempo no contamos ni siquiera con las instituciones básicas de una simple República como una justicia confiable y un sistema electoral imparcial. Y continuamos empeñados en diseñar y aplicar soluciones al margen de la ciudadanía. Ni el eventual juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral ni la accidentada renovación de los jueces compensan el profundo deterioro de la imagen de esas y de otras instituciones a ojos del pueblo.
*Máster en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum – Cuenca. Ex dirigente de Alfaro Vive Carajo.
