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24 julio 2013
¿A quiénes representan los medios públicos?
La gran pregunta para los medios públicos de América latina es ¿a quiénes representan? Respondida esta pregunta, las otras respuestas vienen por añadidura.
Tal representación no es un dato menor por cuanto desde su identificación se puede construir todo el edificio de su sostenibilidad política, social, institucional y económica. Siendo además vital para generar expectativas que se traducirán o no en sostener los grandes valores de autonomía, pluralidad y universalidad, condición sine qua non para que un medio “público” sea público.
Sabemos que los medios comerciales representan a sus empresas, las que promueven con mayor o menor calidad (lealtad y honestidad) el ejercicio del periodismo con una lógica y un fin comercial. Sabemos que los medios comunitarios representan un objetivo o postulado de determinada comunidad en relación con determinada causa.
Sin embargo, los medios públicos no son comerciales ni comunitarios y mucho menos una mezcla de ambos.
Los medios públicos representan a la globalidad de la ciudadanía y aún va más allá de las personas, para representar también los intereses ciudadanos, el marco jurídico que los ampara, los valores que promueven su convivencia y su felicidad, sus culturas y diversidad. Por lo tanto no existe medio más complejo que un medio público, en la gravedad de su misión.
El aterrizaje de la televisión pública en América latina es bien complejo no sólo por el desvío frecuente de su carta de ajuste conceptual, sino por el propio contexto histórico. No se debe olvidar que la televisión pública europea fue una nave insignia del propio proceso de construcción democrática, y aun más, en la propia reconstrucción de la Europa post Guerra Mundial.
En América latina, el nacimiento de los medios estatales tuvo que atravesar las cenagosas aguas de diversos procesos dictatoriales hasta los ’80. Si bien es cierto, se está reimpulsando un proceso en un contexto bastante distinto, la tentación del oficialismo sigue siendo su lado más crítico en un contexto de por sí confrontante con la propiedad privada de los medios (que a su vez ejercen una suerte de oposición real en muchos de nuestros países).
Ello, sin embargo, no hace sino afirmar la necesidad de un debate conceptual que aparte a los medios públicos de su rol de “contestadores automáticos” de los gobiernos, porque definitivamente ese no es su rol y posterga el proceso de definición identitaria como representación ciudadana.
Por todo esto, es muy importante construir en la ciudadanía un proceso de apropiación de los medios públicos, insertos desde la jurisdicción de su propiedad. ¿Pero cómo lo haríamos en sociedades donde “lo público” es un ente en gran medida exótico, ya por la ausencia de formación política y cívica, ya por el clientelismo político histórico que ha reemplazado el “sujeto de derecho” por el “beneficiario” o ya por la fuerte oposición a lo público que se plantea como un formidable firewall desde el statu quo político-económico?
Es por esto que los gobiernos que recurren a los medios públicos como herramientas (transformándolos en medios de gobierno) producen un enorme daño al cimiento conceptual de este proyecto que llevará muchos años recuperar. Peor aun cuando se hace a cuenta de ganar una batalla que debería librarse en el ámbito de la política y de la gestión. Los medios públicos no defienden gobiernos. Los medios públicos defienden ciudadanía, pluralidad, institucionalidad, cultura y derechos.
Es por esto que una nación, una clase política, instituciones o colectivos que se planteen la idea de crear un medio público deben tener en claro que la base fundacional donde se instalará el piso de esta obra debe estar, indefectiblemente, rellenada de respuestas a la gran pregunta: ¿a quién representa el medio público? Una respuesta correcta, asumida como política pública de comunicación, será la más roca firme donde se lo puede erigir.
*Augusto dos Santos es comunicador social. Ex ministro de Comunicación para el Desarrollo durante el gobierno de Fernando Lugo.
