Quito, 14 de septiembre de 2020.- Hoy, extrabajadores de los medios públicos ECTV, Radio Pública del Ecuador y El Telégrafo, presentarán una propuesta periodística denominada Periodismo Público Ecuador. 

Liberados de las presiones políticas gubernamentales y luego de hacer un ejercicio de autocrítica de estos años de trabajo, buscan llevar a la ciudadanía una información fresca, plural y respetuosa.

El colectivo Periodismo Público Ecuador lo conforman más 40 extrabajadores de los medios públicos, que este día vuelven a escena teniendo como casa a las redes sociales y como motor su ímpetu periodístico.

Conversamos sobre lo que ha implicado este trabajo cooperativo, sus propuestas y reflexiones con Fabricio Cevallos, ex jefe de noticias de ECTV y ahora integrante del colectivo.

Por Ela Zambrano

El 29 de noviembre de 2007, el canal público del Ecuador, ECTV hizo su primera transmisión al aire. Era el día la inauguración de la Asamblea Constituyente en Ciudad Alfaro (Montecristi-Manabí). Ese día marcó el inició de lo que sería el gran proyecto de los medios públicos: Telégrafo, Radio Pública del Ecuador, Agencia Andes y Ecuador TV o ECTV. Proyecto que a día de hoy languidece y sobre el cual los analistas reconocen que son necesarios para la democracia.

El viernes 17 de julio, a través del decreto 1059, el gobierno nacional extendió la agonía de la Empresa de Medios Públicos. Hoy, su gerente, Edison Toro, anunció, mediante rueda de prensa, que “los medios públicos no desaparecerán”. Ésta que podría ser una buena noticia, vino acompañada de una segunda información: la optimización del personal de El Telégrafo, Pública FM y Ecuador TV. Entiéndase “optimización” como nuevo sinónimo de despidos. 

El ex presidente Rafael Correa Delgado, como buen neoliberal tapiñado, embaucó a los ecuatorianos argumentando la crisis económica por la caída de los precios del petróleo a nivel mundial, el terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas, el arranque del neoliberalismo con la venta, fusión y liquidación de 16 empresas entre incautadas y públicas, incluyendo sectores estratégicos (minas, petróleo) y centrales hidroeléctricas, con el subterfugio de optimizar el sector público.