Las organizaciones que conforman la Alianza Contra Las Prisiones expresaron, mediante un comunicado, su consternación frente a la pérdida masiva de vidas humanas en el centro carcelario conocido como Penitenciaría del Litoral y cuestionan el accionar y el discurso del gobierno nacional.
COMUNICADO:
Nos preocupa cómo la narrativa estatal oscurece la verdad y mantiene a la ciudadanía en un estado de confusión y perplejidad frente a la repetición sucesiva de hechos violentos. Denunciamos el reduccionismo del discurso oficial cuando presenta un cuadro de “Estado Vs. Crimen Organizado”, dicotomía simplista que esconde el papel del propio gobierno y sus agencias en la producción y agravamiento de la violencia. Al mismo tiempo, este encuadre contribuye a la deshumanización de las personas encarceladas y su etiquetamiento como enemigas de la comunidad.
En este contexto, cuestionamos con vehemencia al Estado y a los medios masivos, poniendo sobre la mesa varios puntos cruciales que hemos identificado colectivamente desde nuestras experiencias profesionales, activistas, académicas y comunitarias:
- El modelo de las megacárceles ha exacerbado la violencia a través del excesivo aislamiento de las personas prisionizadas respecto de sus familias y comunidades.
- Este modelo también ha encarecido el mantenimiento de los centros penitenciarios, pues ha hecho más difícil acceder a bienes y servicios básicos, desmovilizando las economías locales de los centros más pequeños. Estas circunstancias han sido caldo de cultivo para la instauración de una corrupción generalizada en el abastecimiento de las prisiones. Los trabajos y pequeñas ventas antes antes realizadas por las personas encarceladas han sido eliminadas y reemplazadas por circuitos de criminalidad formados no solo por internos sino por funcionarios penitenciarios. Al mismo tiempo, los costos de la vida en la cárcel son asumidos en gran parte por las familias de las personas prisionizadas, familias generalmente empobrecidas que no tienen ingresos estables ni suficientes.
- El discurso de “Mafias VS. Estado” invisibiliza la precarización de las vidas de las personas encarceladas y su falta de acceso a medios básicos de subsistencia, como una adecuada alimentación e higiene. Además, llama la atención la coincidencia de esta masacre en las cárceles y la presentación de propuestas de gobierno antipopulares (como la llamada “ley de creación de oportunidades”, que dificultarán aún más el acceso a estos medios básicos, tanto para la población penitenciaria como para sus familiares.
- Cada vez se invisibiliza más la situación de las mujeres privadas de libertad. Acabamos de vivir una temporada de privación de servicios básicos e implementos de higiene, incluyendo insuficiencia de agua limpia, falta de recolección de basura y falta de acceso a toallas sanitarias en el centro carcelario de Latacunga, posterior a la masacre carcelaria del 22 de julio de 2021. Sabemos que las mujeres en prisión no pueden acceder a servicios dignos de salud sexual y reproductiva. Aunque la discusión sobre la legalización del aborto ha avanzado fuera de las prisiones, la despenalización en caso de violación no es suficiente para garantizar los derechos de las mujeres que no pueden denunciar la violencia sexual porque estarían poniendo en riesgo su vida al visibilizar la corrupción del personal penitenciario.
- El Estado produce hacinamiento al recurrir al aparato penal como primera línea de acción. La fiscalía solicita prisión preventiva casi como regla general y utiliza este mecanismo para mejorar sus “números” y exhibir su “eficacia”. El Estado puede y debe hacer algo para cambiar el paradigma de actuación de la fiscalía.
- La manera cómo opera la inteligencia estatal penitenciaria es cuestionable por decir lo menos. Las negociaciones de la policía con los grupos que operan dentro de las cárceles (que a su vez oprimen a gran parte de la población carcelaria no relacionada con las redes de criminalidad), han incluido acuerdos que, a cambio de la obtención de información, han redistribuido a la población penitenciaria de una forma que ha propiciado la planificación de las masacres.
- El Estado no ha sido transparente en cuanto al origen de los armamentos que han sido utilizados en prisión durante las masacres. No se ha explicado cómo, luego de operativos y requisas policiales, estallan amotinamientos con armas cada vez de mayor calibre. De hecho, hemos observado un patrón por el cual las requisas han ocurrido siempre unos días antes de cada uno de los eventos de violencia.
- Nuestros contactos con familiares y personas privadas de la libertad nos muestran que en todas las ocasiones de las masacres, se conocía que estallaría la violencia. Incluso habían advertido sobre esto a las autoridades. ¿Cómo es que el Estado ignora todo lo que ocurre?
- Finalmente, expresamos nuestra indignación frente al trato, por parte del gobierno, hacia las familias y seres queridos de las víctimas de la masacre. No existe información transparente y, aunque el Ejecutivo convocó a las personas a dos coliseos en la provincia del Guayas para informar sobre las listas de personas fallecidas, no se les dio ninguna certeza luego de horas de espera. Por el contrario, se realizaron entrevistas revictimizantes para tratar de identificar a las víctimas.
Como colectivo, seguiremos interrogando a las narrativas reduccionistas que sólo conciben como “solución” al endurecimiento del control y a la adopción de medidas de corte militar. Rechazamos la deshumanización de las personas prisionizadas y de sus familias. Rechazamos la ceguera estatal frente a la criminalización de la pobreza, la racialización de la criminalidad y la misoginia en la política criminal.
El comunicado fue publicado originalmente en: https://inredh.org/pronunciamiento-frente-a-la-masacre-del-miercoles-29-de-septiembre-de-2021-en-la-penitenciaria-del-litoral/
Fotografía: Radio La Calle
