A partir de que Lenin Moreno anunció que adoptaría un estilo diferente de gobierno se iniciaron las pugnas con su antecesor. La progresiva distancia adoptada, con respecto al proyecto político de la pasada década, obedece a la urgencia de mejorar su credibilidad mellada en la segunda vuelta electoral.
Esa metamorfosis tiene como resultado una relación inversamente proporcional, de un lado los números del actual presidente mejoran y por otro se profundiza el distanciamiento con el correísmo a las actuales dimensiones de una ruptura del partido de gobierno.
La quiebra de Alianza País es paralela a la crisis política del Ecuador, y esta es consecuencia de una cooptación de las instituciones del Estado burgués bajo la dirección de un populismo tecnocrático.
Y es que el correísmo fue un régimen construido sobre concepciones populistas que negó la existencia de clases sociales, de las contradicciones de intereses entre ellas, cuando homogenizaron a ricos y pobres con el membrete de ciudadanía. En el fondo esta teoría pretende aplastar la disidencia de opinión y priorizar la relación del caudillo con una muchedumbre amorfa (sin filiación alguna) o mediante sindicatos fundados para ovacionar al líder al momento de su discurso enajenante.
Así Correa cosificó a las masas, ellas no son actoras de los cambios, sino simples objetos (cosas) dirigidas por su razón utilitarista. Esa concepción también se encarnizó en Alianza País, que a esta altura demuestra su esencia aristocrática y bonapartista[1], representada en un jefe supremo rodeado de sumisos encargados de asuntos corrientes.
La pretendida destitución (sanción disciplinaria) de la presidencia partidaria de Moreno es una muestra de que el viejo correísmo no está dispuesto a ceder pacíficamente el poder político del Ecuador, es una reacción desesperada frente a los golpes atinados por el morenismo que no deja en pie los más propagandizados mitos de una revolución no iniciada.
Amenazada la egolatría del caudillo populista que reclama su papel decisivo en la historia, el megalómano Rafael que antes reivindicó su jerarquía sobre los órganos del Estado y su acción de sometimiento a la sociedad, ahora ondea su condición de presidente vitalicio –por poco plenipotenciario– de Alianza País para doblegar bajo sus designios al otrora compañero de fórmula.
Estas acciones y conspiraciones dividen aguas en el oficialismo; el reparto de influencia en las instituciones es evidente, principalmente en el bloque parlamentario que actúa en la Asamblea Nacional.
Al lado de Correa, están los mismos defensores de la inocencia de Glas, se sitúan aquellos que pretenden institucionalizar la impunidad de una autocracia (gobierno de uno) corrompida, allí están alineados y reducidos cada vez menos de sus antiguos colaboradores.
En la orilla de Moreno se sitúa la mayoría de la disidencia correísta: están personajes que fueron desplazados en los primeros años de la anterior década, se suman importantes contingentes de oportunistas que alquilan su conciencia a cambio de cargos burocráticos de alto nivel o de contratos millonarios con el Estado, existen precandidatos pancistas que pretenden llegar al poder a la sombra de las preferencias electorales de Carondelet y también hay unos tantos que le apuestan al tráfico de influencias para desmarcarse de sus actividades delictivas.
Una tercera falange parlamentaria no toma aún posición. Se trata de más de una docena de asambleístas del oficialismo que especularán su postura y negociarán su voto hasta que sea evidente qué sector gana la disputa.
Pero aún con estos alineamientos no termina las vendettas. El siguiente movimiento de este tragicómico ajedrez puede ser la destitución y encarcelamiento en firme de Glas, el llamamiento a juicios políticos y penales de otros personajes de ingrata recordación, nuevas traiciones, falsas lealtades, etc.
Esta implosión del correísmo, se hunde y rompe hacia dentro, no es generada únicamente por las disputas interburguesas de las facciones oficialistas, lo determinante de la crisis es el cambio cualitativo en el imaginario social que ahora relaciona al decenio anterior con persecución a sus opositores, fracaso económico y corrupción.
La autocracia de una década está agonizante, no ha muerto, aunque en desventaja aún disputa el poder político del Estado, pero su futuro se prevé catastrófico en caso de que el pueblo en la Consulta Popular vote por el sí para: impedir la reelección indefinida, sancionar a los corruptos, cesar de sus cargos a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y, reorganizar la institucionalidad estatal.
El golpe de gracia para superar a la primera versión de la Revolución Ciudadana lo dará el pueblo, pero los de abajo tienen además la obligación de superar el maniqueísmo burgués que pretende obligar al escogimiento entre dos opciones: ser correístas o morenistas.
El verdadero futuro del pueblo es independiente de cualquier proyecto político que beneficie a los monopolios nacionales y extranjeros, hay que superar las ilusiones apostadas en falsos profetas y consolidar la unidad política-social de las clases trabajadoras con la juventud para transformar la sociedad.
Al fin y al cabo, sólo el pueblo salva al pueblo.
[1] Un régimen es bonapartista cuando existe una subordinación de todo el poder bajo las órdenes del ejecutivo que es gobernado por una personalidad que se instituye como gran líder, monarca o dictador; aunque ese desprecio del bonapartismo con respecto a los bloques parlamentarios burgueses es una falacia porque la política impulsada por el gobierno coincide con los intereses económicos de esa clase social dominante.
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