Arturo Wallace. BBC Mundo, Bogotá
<www.bbc.co.uk/mundo>
Domingo, 19 de mayo de 2013
Ese quebradero de cabeza mundial que es qué hacer con el tráfico y consumo de drogas vuelve a la palestra este lunes en América Latina. Y esta vez ninguna opción -incluida la legalización- está descartada. Si acaso aparece más viable.
Es una de las opciones mencionadas en un estudio comisionado por los 34 jefes de Estado y de gobierno del continente americano, lo que hizo que el viernes pasado la atención del mundo se volcara en él.
El reporte “El problema de las drogas en la Américas” fue elaborado baja la supervisión de la Organización de Estados Americanos y será discutido en el comienzo de la semana por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA.
Lo que allí se debata servirá luego de insumo a la discusión que sobre el tema también tendrán los mandatarios de la región a inicios de junio en Guatemala.
La mera inclusión de la legalización del cannabis en los escenarios considerados para estas discusiones es prueba de que, en este tema, las cosas definitivamente están cambiando. Pero, ¿puede este estudio realmente marcar el principio del fin de la guerra a las drogas tal y como la conocemos actualmente? ¿Qué dice y cuál es su verdadero alcance?
Para averiguarlo, BBC Mundo conversó con Lisa Sánchez, coordinadora del Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas y miembro del equipo de expertos que participó en la elaboración de los escenarios.
¿Qué tan importante es en realidad este reporte?
Mucho. Por un lado, es un reporte que surge de un sentimiento compartido de 34 jefes de Estado y de gobierno, que reunidos justo aquí en Colombia el año pasado, pidieron que se armara un estudio de dónde estábamos en materia de drogas y hacia dónde íbamos. Y en ese sentido, es el primer informe que se hace bajo la solicitud de jefes de Estado que piden expresamente buscar alternativas a las políticas antidrogas que tenemos en el continente.
Y un segundo elemento es que se hace bajo la tutela de un organismo internacional gubernamental –donde se sientan esos mismos 34 países, incluido Estados Unidos – que tuvo el mandato de coordinarlo de una manera objetiva, de una manera no ideologizada y contando con la participación de todos los actores involucrados.
Pero ahí no se hace ninguna recomendación. Básicamente dice dónde estamos, y luego hace un ejercicio de escenarios, sin comprometerse explícitamente con ninguno…
Efectivamente, los escenarios no son recomendaciones. Pero sí se presentan como el inicio de un debate serio sobre el tema a nivel regional, y además se van a utilizar en un montón de foros que ya están preparados tanto a nivel hemisférico como internacional. Es un insumo que los gobiernos no pueden descalificar. De ahí su relevancia.
¿Y qué tan real puede ser ese debate? ¿Qué tan dispuestos están realmente países como EE.UU. a revisar sus políticas antidrogas? En la Cumbre de las Américas de Cartagena, donde nació la idea del reporte, Barack Obama fue muy firme en su oposición a la legalización…
Bueno, pero lo interesante de EE.UU. es que si bien no hemos visto mucha voluntad política de cambiar las cosas a nivel federal, lentamente se está cambiando todo a nivel local. Tenemos 18 estados con cannabis medicinal, varios estados también con despenalización de la portación drogas para consumo personal y dos jurisdicciones con legalización y regulación de cannabis para uso recreativo.
Y sí ha habido cambios (a nivel federal): la estrategia de drogas 2013 de la Casa Blanca ya maneja un cambio de enfoque mucho más orientado a la prevención, ya permite hablar de despenalización de posesión para el consumo personal, ya permite volver a hablar de reducción de daños a nivel federal, y no es tan cerrado con respecto a lo que otras naciones puedan hacer.
¿Pero se puede avanzar en el tema, a nivel hemisférico, si el gobierno de los EE.UU. no está convencido? ¿No es acaso un actor decisivo?
Puede ser decisivo, pero la otra cosa que hemos estado viendo – y que es muy evidente en materia de política de drogas – es que América Latina empieza a actuar cada vez más como bloque. Me parece que no podemos subestimar la influencia de los países latinoamericanos en el debate sobre políticas antidrogas a nivel mundial. Y las relaciones de poder entre América Latina y EE.UU. también se están modificando. En México, por ejemplo, estamos viendo como el nuevo presidente (Enrique Peña Nieto) está intentando equilibrar muchísimo más esa relación, específicamente en materia de seguridad y drogas. Hay ciertas aperturas que hace cinco años eran impensables.
Pero si América Latina rema toda en una misma dirección, y Estados Unidos no, ¿puede en realidad haber cambios importantes?
Yo creo que sí, por una sencilla razón: porque la opinión pública en EE.UU. es de las opiniones públicas más favorables a la reforma de las políticas de drogas. Hace mucho tiempo que pasamos la mayoría necesaria para la aceptación de una reforma, porque sabemos que los niveles de violencia, encarcelamiento y costos son inaceptables, pero ya también pasamos la mayoría para la regulación legal de ciertos mercados de drogas, que insisto hace cinco años era algo impensable. Lo cierto es que las reformas a las políticas de drogas que ya se han hecho en EE.UU. y en América del Sur son el resultado de esfuerzos democráticos.
Ahora, el reporte contempla cuatro escenarios y dice claramente que son nada más insumos para el debate. Pero da la impresión que, implícitamente, favorece el escenario llamado “Caminos”, que contempla la regulación de ciertas drogas. ¿Es una apreciación correcta?
A mí me gustaría pensarlo, pero no creo que el reporte favorezca específicamente esa narrativa. Todos (los escenarios) tienen en común que parten de no dejar las cosas iguales, como están. Todos implican un cierto nivel de cambio, y “Caminos” efectivamente es el que va más lejos porque plantea la regulación legal del cannabis y hacia el 2025 planeta incluso la regulación legal de otras drogas, incluidas sustancias que no están sometidas a control internacional actualmente.
Ahora, el informe de escenarios, complementado con el informe que salió de la oficina del Secretario General (de la OEA), a lo que sí apuntan es a la despenalización de la portación y el consumo de drogas en nuestra región – que ya ocurre en 12 países – y justamente hacia la flexibilización del sistema internacional de control de sustancias, que implica que América Latina quiere llegar a un nuevo consenso en donde la legalización se permita.
Lo que está claro, en cualquier caso, es que la evidencia que tenemos indica que las políticas punitivas actuales que aplicamos no están consiguiendo los objetivos para las que fueron diseñados. No están restringiendo ni la producción ni la demanda de drogas, y encima están creando un montón de consecuencias negativas. Parecería entonces que la regulación de drogas, si bien no va a resolver todos los problemas asociados a la inseguridad – que es lo que más nos aqueja en América Latina – sí va a resolver el problema de la prohibición, y al resolver el problema de la prohibición creas condiciones más adecuadas para atacar otros problemas de criminalidad organizada que poco a nada tienen que ver con las drogas…
Pero el escenario contempla fundamentalmente la regulación de la marihuana. ¿Qué tanto cambio puede hacer sobre la realidad del continente, y sobre los problemas asociados al tráfico y consumo de drogas, la regulación del cannabis?
Se escoge empezar con la marihuana por razones pragmáticas. Porque esas son las experiencias de regulación que tenemos, no sólo en el continente – con el tema de EE.UU. y la discusión que ahora se da en Uruguay – sino también en otras jurisdicciones en el mundo. Lo que significa que las lecciones aprendidas de cómo se ha desarrollarlo y ha funcionado, y cuáles son los problemas que nos hemos encontrado en el camino, ya existen. Qué es algo que no podemos decir sobre la regulación legal de la cocaína como estupefaciente.
Ahora, la regulación legal de la marihuana seguramente no terminará con todos los problemas de violencia asociados al narcotráfico en la región, pero no deja de ser la droga ilegal más consumida: casi ocho de cada diez consumidores de drogas ilegales en el mundo, y eso se mantiene en la región, lo que consumen es cannabis. Y uno necesita aplicar las políticas que tengan más uso para la mayor cantidad de gente, y por lo menos en materia de salud y derechos humanos eso aplica para la marihuana.
¿Qué temas sí resolvería la regulación legal de la marihuana? La encarcelación masiva de usuarios, que le pone mucha presión a nuestros sistemas penitenciario y de justicia. Entonces ahí se liberarían recursos, los que se podría aplicar de mejor manera para combatir el tráfico de personas, para combatir la extorsión, para combatir el homicidio, fortalecer la capacidad investigativa de la policía, etc.
¿Y qué pasa con la cocaína, cuyo tráfico ilegal es especialmente problemático para la región, especialmente Colombia, México y Centro América? ¿Qué tan factible es, a mediano plazo, su regulación?
Yo creo que sí es factible en el horizonte 2013-2025, pero con varios matices. La regulación tiene un montón de instrumentos que se pueden aplicar de manera diferenciada dependiendo de los contextos, las poblaciones y la actividad que se está regulando. Y yo creo que la mejor manera de empezar a abordar el tema de la regulación legal de la cocaína es empezar a regular legalmente la producción de hoja de coca y de los productos derivados de la hoja de coca, porque de cierta manera empiezas a respetar los usos tradicionales que se dan, que actualmente permanecen en la ilegalidad, y puedes empezar a atraer a los consumidores hacia productos menos riesgosos.
Un segundo paso sería la aplicación de un enfoque de reducción de daños, sobre todo para usuarios de pasta base de cocaína – crack, paco o bazuco –, que es lo que más problemas de salud pública nos trae. Y una tercera instancia, que a lo mejor ya sería mucho más alejado en el tiempo, sería la regulación legal de la cocaína en polvo. Si a nosotros como investigadores de la regulación nos preguntan, sería preferible avanzar hacia la regulación legal de la cocaína en polvo que permanecer con un montón de usuarios que están atrapados en la pasta base, porque los daños asociados al consumo de paco, de bazuco o de crack son mucho más grandes que los daños asociados al consumo de la cocaína en polvo.
Es decir, potencialmente de aquí al 2025 se podría empezar a visibilizar como una posibilidad real.
Para terminar: el reporte se va a empezar a discutir casi inmediatamente en varias instancias ¿Pero cuándo podremos empezar a ver resultados?
Ya los estamos viendo. No es a partir de este reporte que las cosas van a empezar a pasar. Este reporte es la prueba de que las cosas ya están pasando.
Escenario 1: Juntos
En el primero de los cuatro escenarios contemplados, el problema de las drogas se concibe como parte de un problema mayor de inseguridad, vinculado a la existencia de instituciones débiles, incapaces de controlar el crimen organizado, la violencia y la corrupción.
Y, para enfrentarlo, los gobiernos se concentran en fortalecer las capacidades de las instituciones judiciales y de seguridad pública.
La conclusión: para 2025 muchos países han empezado a recuperar soberanía sobre su territorio, se han establecido estructuras institucionales menos vulnerables a la penetración del crimen organizado y se han desmantelado los carteles más violentos y peligrosos.
Pero, aún así, “la disminución del comercio hemisférico de drogas sigue siendo un trabajo en proceso y es evidente que falta un largo trecho por recorrer”.
Escenario 2: Caminos
En el segundo, y más ambicioso de los escenarios, hay consenso a la hora de reconocer que parte importante del problema es que el actual régimen legal y regulatorio para controlar el uso de drogas mediante sanciones penales están causando demasiado daño.
Y, en consecuencia, los países deciden probar y aprender de regímenes legales y regulatorios alternativos, iniciando con el cannabis.
La proyección al 2025: el crimen organizado y la violencia, aunque en declive, siguen asociados en un buen porcentaje al tráfico de la cocaína en el Sur, a pesar de que algunos grupos criminales intentan diversificar al dedicarse a la fabricación y la distribución ilícita de medicamentos y nuevas sustancias psicoactivas en el Norte.
Pero las nuevas políticas de regulación de cannabis han sido muy positivas para aumentar la recaudación del gobierno y para disminuir las ganancias del crimen organizado allí donde han sido puestas en práctica.
Y “al haber creado el espacio que permite a diferentes países recorrer distintos caminos…ahora sí se entienden y se reconocen los beneficios de la regulación de algunas drogas que antes eran ilegales”.
Escenario 3: Resiliencia
La visión dominante detrás de este escenario es que el problema de las drogas es una manifestación de disfunciones sociales y económicas que generan violencia y adicción.
Y, por lo tanto, la respuesta de los gobiernos pasa por combatir las causas del problema, mediante programas para el fortalecimiento de las comunidades y el mejoramiento de la seguridad y la salud públicas.
El resultado: “En 2025 los problemas del 2013 siguen existiendo pero muchas comunidades han logrado adaptarse para mitigar su consecuencias más graves.
“Son comunidades que han ayudado a sus ciudadanos a recuperarse de sus problemas de adicción; que han ofrecido mejores condiciones de educación que ayudan a los jóvenes a tomar decisiones más sensatas; que han encontrado medios más efectivos para prevenir la violencia; y que cuentan con alianzas más sólidas”.
Escenario 4: Ruptura
En el cuarto y último de los escenarios contemplados, algunos países abandonan unilateralmente la lucha contra la producción y el tránsito de drogas en su territorio, llegando en algunos casos a aceptarlas.
Pero, en ese caso, la proyección es que se llega al 2025 con un contexto en el que las tensiones y los conflictos por las drogas y el crimen organizado internacional han aumentado a lo largo del hemisferio.
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