La Asamblea Nacional, que acaba de instalarse en Ecuador con el predominio de asambleístas de Alianza País (100 de 137 miembros), tiene en sus manos una seria responsabilidad histórica, porque la ciudadanía le otorgó un claro mandato para que coordine objetivos políticos con el Ejecutivo y para que ambos realicen una transformación social que podría resultar inédita en la vida del país.
Los asambleístas de AP han anunciado que darán prioridad a varias leyes, pero poco o nada se han referido a la seguridad social.
El sistema actual permite, a cualquier afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la atención médica y hospitalaria, pensiones jubilares y ciertos préstamos; pero todavía más de la mitad de la población no se beneficia con esas prestaciones, y eso que el país ha pasado demasiadas décadas, pues fue la Revolución Juliana (1925) la que, por primera vez creó una Caja de Pensiones, que evolucionó lentamente a la creación del IESS (1970).
La burla a la obligatoria afiliación de los trabajadores al IESS por parte de un sector de empresarios, siempre agravó su situación; pero gracias al referéndum de 2011, hoy es un delito esa no afiliación, de manera que la Asamblea incluso tendrá que tipificarlo en el nuevo código penal que también anuncia y que debería incluir otros “delitos laborales”.
Ahora, la Constitución de 2008 dispone la universalización de la seguridad social; sin embargo, la Asamblea también deberá regular al sector privado de atención médica (clínicas y, además, médicos), así como a las aseguradoras privadas, pues los abusos abundan, y los controles faltan, ya que no se brinda la atención al paciente que carece del dinero para pagar por el servicio médico, y es demasiado frecuente el privilegio del negocio frente a la vida humana.
Garantizar la seguridad social universal y la medicina socializada debiera transformarse en una prioridad nacional y una conquista histórica.
Desde luego, un sistema nuevo y universal requiere capitalizar a la seguridad social y preservarla contra aquellos sectores privados que siempre aspirarán a revertirla. La experiencia tiene hoy Europa, donde la seguridad social, otrora un ejemplo, ahora es afectada por el recetario del FMI, que Latinoamérica ya conoció en su pasado reciente. Canadá y Cuba, en cambio, cubren la seguridad y la atención médica universales; pero en América Latina predominan sistemas en los que el enfoque privado se impone al social.
