Resulta inverosímil lo que la prensa y los representantes del gobierno dicen sobre la amnistía concedida a 268 personas, quienes han sido criminalizadas desde el año 2012 hasta el levantamiento de octubre de 2019 en Ecuador. Se tergiversa y confunde el concepto de Amnistía por el de Impunidad y, en el mejor de los casos, lo reducen a "perdón y olvido".
Si el gobierno no es capaz de cumplir con el mínimo establecido, priorizando la inversión en educación y salud, está incurriendo en una vulneración de derechos fundamentales lo que acarrea responsabilidad internacional.
Hace un año, en octubre de 2019, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) volvió a ser protagonista de un levantamiento popular que estremeció las estructuras coloniales de un país que, a pesar de ser “plurinacional e intercultural”, continúa mostrando sus estructuras racistas.
En Ecuador ya no es importante discutir si existieron o no motivos suficientes para justificar la declaratoria de un estado de excepción ante el covid-19, sino cuál ha sido su uso en concreto, si observamos que la actual crisis sanitaria acontece en medio de una crisis política, económica y social que viene arrastrándose desde el mes de octubre.
No es de sorprenderse que la ciudad más desigual del Ecuador, Guayaquil, sea la que encabeza el número de contagiados y muertos por coronavirus. Análisis de la abogada Adriana Rodríguez sobre las diferentes aristas del caso.
