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(II)
La propuesta del presidente Rafael Correa de financiar el “bono de desarrollo humano” con parte de las utilidades de los bancos provocó un terremoto.
Los banqueros, apoyados por sectores empresariales, opinadores y medios aliados con sus intereses, cuestionaron la propuesta en forma amenazante: caerá la liquidez, los créditos, la seguridad de los depositantes y la reinversión productiva de las ganancias.
Al mismo tiempo, Ecuador ha podido conocer las remuneraciones de los “gerentes”, que llegan hasta 78 mil dólares mensuales, es decir, más que el doble de lo que gana al mes el presidente norteamericano Barack Obama (US $ 33.394), mientras el promedio de sueldos de los empleados bancarios bordea un mil dólares.
El país también conoció que, desde hace meses, la Asamblea Nacional había reducido en 10 puntos el porcentaje de impuesto a la renta que debían pagar los bancos (las empresas 25% y los bancos 15%) y que además los exoneró del pago del IVA. La ley que envió el Presidente a la Asamblea suprime tales privilegios y permite la regulación de las remuneraciones de los “gerentes”. Los banqueros alarmaron a la sociedad con consecuencias financieras apocalípticas. Pero, más allá de las reacciones, ha llegado el momento histórico de repensar sobre una serie de supuestos económicos y sociales.
Si bien bajo el capitalismo, las utilidades empresariales están socialmente legitimadas y legalmente reconocidas, ello no significa que su origen, su uso y su reparto sean algo incuestionable y hasta sacrosanto. Más aún en América Latina, región en la cual la concentración de la riqueza la ha convertido en la más inequitativa del mundo y donde la historia bancaria nunca ha sido color de rosa.
El capitalismo latinoamericano no ha resuelto la contradicción entre la generación social de las utilidades y la apropiación privada de las mismas, que en el caso de los bancos es aún más visible, pues operando con dinero ajeno, los banqueros se apropian de utilidades que, como ha ocurrido en Ecuador, incluso sirven para remunerar a los “gerentes” en forma escandalosa.
América Latina puede perfectamente comenzar a discutir la legitimidad social y jurídica de las ganancias y, sin duda, empezar también a regular las remuneraciones gerenciales, inaugurando así políticas económicas históricamente inéditas, pero que tienen por base la redistribución real y efectiva de la riqueza, para beneficio de la sociedad y no para alimentar su concentración en una elite.
(III)
Entre 1860 y 1927 solo hubo bancos y banqueros privados en Ecuador. Pocos tuvieron la facultad de emitir billetes, aunque el negocio de todos estuvo en recibir dinero en depósitos para otorgar créditos sobre los cuales cobraban intereses.
La Revolución Juliana (1925) fue la primera en intervenir sobre los bancos para controlar sus desafueros, de modo que durante el gobierno de Isidro Ayora (1926-1931) pudo fundarse el Banco Central del Ecuador (BCE, 1927), que pasó a ser el único de emisión. La campaña de los banqueros privados contra el BCE fue escandalosa. Y los de Guayaquil levantaron el regionalismo con el argumento de que “el oro de la Costa se quieren llevar los serranos”.
Parecida es la reacción de los banqueros actuales contra la flamante “Ley de Redistribución del Gasto Social” aprobada por la Asamblea Nacional, que permite financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano de 35 a 50 dólares mensuales, con parte de las ganancias bancarias.
El Presidente de la Asociación de Bancos Privados, quien desde antes amenazaba con consecuencias apocalípticas para el país, se lanza contra la nueva Ley aprobada en estos términos: “A eso lo llamo destrucción de riqueza. El Estado no tiene derecho a destruir riqueza de los particulares”.
Vino enseguida una campaña bancaria que, a través de correos electrónicos a los clientes, insinuaba riesgos financieros para la sociedad. Además, un sospechoso funcionamiento irregular de cajeros automáticos y transacciones por internet. Hasta se ha llegado a recordar, a fin de crear intranquilidad ciudadana, el “feriado bancario” de 1999, cuando se congelaron los depósitos para propiciar un “salvataje” bancario que socializó las pérdidas de los bancos. Y continuó la amenaza de afectación a los créditos, que seguramente ocurrirá.
Más allá del incidente, el gobierno de Ecuador ha adoptado una medida que cuestiona la consagrada idea de que las ganancias bancarias son intocables, en tanto los banqueros se atribuyen derechos absolutos por encima del Estado.
Pero en una América Latina atravesada por la inequidad y la concentración de la riqueza, la política del gobierno ecuatoriano merece pensarse desde otro ángulo: las ganancias bancarias y, en general, las empresariales de tipo capitalista, no pueden continuar sirviendo a la acumulación privada, pues no solo tienen un origen social, sino que deben socializarse para que empiecen a servir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población.
