MOTÍN POLICIAL
Andrés Gómez Vela Página 7 <www.paginasiete.bo>
23/06/2012
El Gobierno acertó y erró en su relación con la Policía. Acertó cuando dispuso entregar la administración de identificaciones y de licencias de conducir a un organismo civil (SEGIP). Funciona mejor. Erró cuando trató con evidente preferencia a las Fuerzas Armadas y no reparó, al igual que los gobiernos anteriores (a los que critica por ser neoliberales), que la causa de la corrupción policial no se resolverá fácilmente con una dura ley (101) de sanciones.
Tampoco comprendió muy bien la función de cada una de las instituciones. Para un Estado pacífico, como el boliviano, la institución más importante debiera ser la Policía porque es la que interactúa cada día con la comunidad, es la que resguarda su seguridad, responde a las emergencias de cualquier ciudadano (desde bajar a un gato de un árbol hasta ayudar en casos de derrumbes o inundaciones), auxilia a las personas en los momentos menos pensados (mujeres, ancianos, niños) y convive con las desgracias y alegrías de la gente.
En cambio, los militares tienen otra misión. Ellos viven al interior de sus cuarteles, tienen muy poco contacto con la comunidad, por ello mismo debieran ser importantes sólo en tiempos de guerra y no “policializarlos” con fines políticos. Sólo los gobiernos que temen a sus pueblos potencian el monopolio de las armas para ordenar en algún momento disparar contra la fuente de su poder (su pueblo), como sucedió en el país durante muchos años.
Por ello no se entiende que el vivir bien no haya saludado siquiera de reojo a algunos sectores sociales, entre ellos la tropa policial, indígenas y otros grupos. Y sí haya llegado, con la complicidad de los gobernantes, a las casas de empresarios mineros (llamados cooperativistas), cocaleros del trópico cochabambino, chuteros, algunos dirigentes de los llamados movimientos sociales y otros grupos que se desarrollan en la oscuridad de la economía no tan legal.
El motín policial demuestra que la precaria situación de la tropa policial no ha cambiado, sigue tan igual o peor que en tiempos neoliberales. Pero nada sería eso, refleja algo peor: al Gobierno no le interesa mucho una institución de la cual depende, en cierto grado, la seguridad ciudadana, por tanto no le preocupa, como debiera ser, el derecho a la vida de las personas.
La Policía, al igual que las Fuerzas Armadas, tiene luces y sombras; sus miembros tuvieron un papel importante en la Revolución Nacional de 1952, pero también estuvieron presentes en el secuestro del presidente Hernán Siles Zuazo. Se amotinaron contra el Gobierno del general Hugo Banzer y abrieron la senda para la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hoy se levantan contra un Gobierno autodenominado de izquierda.
La elevación de salarios a 2.000 bolivianos de la tropa policial no transformará la mentalidad institucional. El cambio debe pasar, necesariamente, por la educación, formación y la dotación de equipos indispensables para cumplir su trabajo.
Velar por la institución que más convive con la gente será una señal de que el Gobierno se preocupa precisamente por ella. Si actúa con venganza, odio, resentimiento y desconfianza, se entenderá como una incomprensión de la necesidad de seguridad de la comunidad.
Sin embargo, el Gobierno no debe dejar de distinguir (fue otro de sus aciertos) entre las mafias policiales, que denunció un comandante, y la tropa; ésta es la que en realidad hace el trabajo duro y la que incluso expone las vidas de sus efectivos en su afán de proteger a la ciudadanía. No merecen aplausos los policías de escritorio o los “burócratas verdes”, sino aquellos uniformados que se hacen extrañar cuando se ausentan de nuestra cotidianidad.
Andrés Gómez Vela es periodista.
