CARTA ABIERTA
ORGANIZACIONES SOCIALES LES EXIGIMOS PRONUNCIARSE
FRENTE A TEMAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA
Organizaciones sociales del Ecuador exigen a los binomios presidenciales pronunciarse frente a temas cruciales que afectan la protección y garantía de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en el Ecuador.
El Ecuador vive una situación de vulneración sistemática de los derechos humanos de su población, especialmente de aquella que sufre pobreza y pobreza extrema. La desaparición forzada y posterior asesinato de cuatro niños en la ciudad de Guayaquil, han provocado alarmas muy serias en la población sobre la actuación del Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas en el contexto del conflicto armado .
A la falta de garantías básicas de los derechos a la vida, la libertad y el debido proceso de las personas, se suma otra de progresivo y acentuado deterioro del nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales de la población. En los últimos años, se puede observar un deterioro intenso de los principales indicadores sociales que no ha encontrado respuestas adecuadas desde los sucesivos gobiernos.
Al contrario, se han promovido políticas que benefician a élites locales y actores transnacionales que amenazan los derechos de las poblaciones más vulnerables, en un marco de baja o nula transparencia, impulsando el extractivismo sin garantizar el derecho de consulta e información adecuada de la ciudadanía. Por lo cual, exigimos que en la presente coyuntura electoral se brinden definiciones precisas por parte de las organizaciones políticas y sus binomios sobre asuntos que han sido velados del debate nacional y que requieren respuestas urgentes.
Las organizaciones sociales y de Derechos Humanos suscriptoras de la presente carta pública exigen respuestas a los candidatos..
1.? Durante más de 30 años, las comunidades amazónicas han exigido la reparación del grave daño ambiental producido por la multinacional Chevrón en sus territorios. Luego de un largo proceso judicial que pasó por la revisión de las máximas autoridades judiciales nacionales, se obtuvo una sentencia que no ha podido ser cumplida por la negativa de la empresa que logró abusar de los mecanismos del arbitraje internacional de inversiones para exigir que el Estado ecuatoriano vulnere su propia Constitución. Este año se prevé que un tribunal arbitral extranjero condene al Estado a pagar una cuantiosa suma de dinero que afectará el cumplimiento de derechos sociales de la población y presionará por incrementar el ya abultado endeudamiento público
¿Qué acciones emprenderá desde la Presidencia de la República para defender al Estado, su patrimonio, y el derecho de la población a obtener una reparación justa frente al daño ambiental, amenazado por la emisión de un írrito laudo arbitral?
2.? En 2024, el saldo total de deuda pública ecuatoriana alcanzó los USD 75.227 millones. Desde 2019, se han suscrito acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que han venido acompañado de condicionales para la política pública entre ellas la de un recorte presupuestario equivalente al 5% del PIB aproximadamente. Como consecuencia, se ha sacrificado la inversión pública y la inversión social afectando la satisfacción de los derechos de la población, sin que se recuperen significativamente los indicadores de crecimiento económico, y sin que se haya mejorado la perspectiva de sostenibilidad de la deuda ecuatoriana
¿Cual será la posición de su Gobierno frente a la continuidad de los acuerdos con el FMI, y qué acciones tomará para que el endeudamiento externo no comprometa la satisfacción de los derechos de la población a la educación, la salud, la seguridad, entre otros?
3.? Desde el 2017, se viene implementado en el Ecuador una política de apertura comercial que se ha concretado en la suscripción de tratados de libre comercio con la Unión Europea, Reino Unido, países del EFTA, Costa Rica y China, y la apertura de negociaciones con países como Corea del Sur, México, Canadá y Estados Unidos, entre otros. Las negociaciones de estos instrumentos han transcurrido en un marco de falta de transparencia y nula participación de la sociedad civil. No se conocen oportunamente los estudios previos de impacto, y tampoco se han socializado los informes de seguimiento de los efectos de estos instrumentos sobre los derechos laborales, ambientales, sociales y de la naturaleza. Actualmente, se conoce la inminente suscripción de un tratado de libre comercio con Canadá para fomentar las inversiones en la gran minería especialmente
¿En su gobierno, continuará con la política de negociación de tratados de libre comercio? ¿Qué medidas adoptará para garantizar el derecho de la población a estar informada sobre los compromisos comerciales y sus efectos sobre la protección de los derechos laborales, ambientales, sociales y de la naturaleza? ¿Está de acuerdo con promover normas vinculantes en materia de derechos humanos para las empresas de los países con los que se han suscrito TLC?
4.? La ciudadanía ecuatoriana se ha expresado de forma directa sobre varios asuntos de interés nacional relacionados con sus derechos ambientales, laborales y constitucionales. Las consultas de Girón en 2019 y de Cuenca en 2021 para defender el páramo de Kimsacocha frente a la amenaza minera, y las de 2023 para mantener en el subsuelo el crudo -del bloque 43-ITT en el Parque Nacional Yasuní, y para prohibir la explotación de minería metálica en seis parroquias – del Chocó Andino que son parte del Distrito Metropolitano de Quito, recibieron un apoyo significativo de la ciudadanía. De igual forma, en el Referéndum Constitucional de 2024 la población rechazó mayoritariamente que se profundicen las formas de trabajo precario y que se reforme la Constitución para permitir el arbitraje internacional en cualquier sede. Sin embargo, hasta el momento no se da cumplimiento a la consulta del Yasuní, y se observan intentos de evadir la voluntad nacional en el resto de consultas.
¿Qué acciones tomará en su gobierno para garantizar que se respete el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en las consultas populares de 2019, 2021, 2023 y referéndum constitucional de 2024? ¿Qué plan adoptará en concreto para materializar la voluntad popular de que no se permita la explotación de minería metálica en Kimsacocha y en el Chocó Andino, y que se desmantele la infraestructura petrolera en el bloque 43-ITT en el parque nacional Yasuní?
5.? Las personas defensoras en el Ecuador, especialmente aquellas que defienden el agua y la naturaleza frente a actividades extractivas; y los derechos laborales y sindicales, enfrentan procesos sistemáticos de criminalización judicial, mediática y física. ¿Qué hará en su gobierno para garantizar a las personas defensoras de derechos un entorno seguro para que lleven a cabo su labor?
Firman:
Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador Asociación de Propietarios de Tierras Rurales del Norte del Ecuador Acción Ecológica
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo
Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco – UDAPT
Agencia de Información Tegantai
Red Ecuador Decide Mejor sin TLC
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM)
Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL)
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)
FIAN Ecuador
AMAZON FRONTLINES
Yasunidos Guapondelig
REPAM Ecuador
Federación de organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay Organización Campesina Muisne-Esmeraldas Napoleón Saltos, Grupo Comuna
Monica Pastrano, Grupo Comuna
Cabildo Popular por el Agua de Cuenca
Enrique Galarza, Justicia y Paz
Rosario Terán
Eulalia Carrasco
Yeni Marilú Castillo Palacios
FOTO: AMAZON FRONTLINES
