Ciudades

La movilidad eléctrica sostenible propone reemplazar el auto a combustión por el de batería de ion litio, pero el cambio no es tan sencillo. La electromovilidad no es una autopista por la que un país pueda transitar sin una estrategia definida, de manera frenética, errática y desordenada: en el caso de Ecuador, hay muchas banderas amarillas en la pista. Las iniciativas para disminuir las emisiones de carbono en la movilidad necesitan de políticas de Estado; el mercado no se autorregula, sólo da espacio para que los más fuertes se impongan. Sin una causa común, un horizonte general, la movilidad eléctrica no llegará a ser sostenible y corre el riesgo de convertirse en una “transición energética corporativa”, sin impacto real a nivel masivo e intrascendente en la protección ambiental.

La transición energética hacia la electromovilidad requiere una reflexión y visión compartidas y una autoridad responsable que marque el horizonte hacia el cual nos dirigimos. Esta transformación profunda debe abordar las causas estructurales del cambio climático y promover modelos de producción y consumo más sostenibles, garantizando una transformación justa y equitativa para toda la población nacional.

Entre el domingo 16 y el domingo 17 de junio de 2024 se registraron fuertes temporales de lluvia en gran parte del Ecuador, con precipitaciones que provocaron la crecida o el desbordamiento de varios ríos; y deslaves que afectaron a más de la mitad de las provincias del país. Como consecuencia, se reportó la muerte de 13 personas, otras 24 con heridas de diversa gravedad, un número todavía indeterminado de desaparecidos y alrededor de mil evacuados.

Hace tres meses por la quebrada de El Tejado se desbordaron más de 15 mil metros cúbicos de lodo, que dejaron como consecuencia 28 muertos, 52 heridos, 1 desaparecido y 9 viviendas inhabitables. El suceso pasó, las (in) acciones posteriores son las que preocupan. No solo fue la lluvia, dijeron. No. Por La Comuna y La Gasca, se vinieron abajo la débil gestión de riesgos en Quito y la impavidez como política. Primera entrega.

La gestión de los seis grandes desastres naturales que ha debido afrontar el país en las últimas décadas, le ha costado aproximadamente 136.000 millones de dólares, una cifra extramadamente alta para una economía pequeña como la del Ecuador, ésta cifra es superior al PIB de 2019. Con ese dinero se habrían podido construir 747 hospitales públicos. La mala gestión de riesgos desde los Ejecutivos nacional, provincial y cantonales, a lo largo de nuestra historia, han dejado pérdidas humanas y económicas.

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