Ciudades

Primera de cuatro entregas de la crónica "La Patria siendo la avenida Patria; a lo Quito, crónica sobre sus ciudadanos de a pie".

El exministro de Energía y expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, explica la necesidad no sólo de salir de los combustibles fósiles, al ser uno de los principales factores de la carbonización de la atmósfera. Él señala que es una trampa pensar que la alternativa sea la movilidad eléctrica enfocada en los vehículos particulares. “No se trata sólo de cambiar unas fuentes de energía por otras para seguir haciendo más de lo mismo”, afirma Acosta, al contrario de lo que propone la transición energética corporativa.

El crecimiento de la denominada “movilidad liviana” eléctrica en el Ecuador empezó en el transcurso de las restricciones impuestas durante la pandemia por Covid-19 y se incrementó en los años posteriores gracias a la desregulación del sector: son vehículos accesibles económicamente, no se deben matricular anualmente (no tienen placa) y tampoco pagan IVA; sus conductores no necesitan licencia para conducir ni están obligados a usar casco homologado. Estos “detalles” los vuelven apetecibles en cuanto a requisitos y abaratan sus costos, aunque tanta libertad ha afectado en la calidad de motonetas y scooters que se importan. Y ensombrece su potencial como alternativa de movilidad ecoamigable.

La movilidad eléctrica sostenible propone reemplazar el auto a combustión por el de batería de ion litio, pero el cambio no es tan sencillo. La electromovilidad no es una autopista por la que un país pueda transitar sin una estrategia definida, de manera frenética, errática y desordenada: en el caso de Ecuador, hay muchas banderas amarillas en la pista. Las iniciativas para disminuir las emisiones de carbono en la movilidad necesitan de políticas de Estado; el mercado no se autorregula, sólo da espacio para que los más fuertes se impongan. Sin una causa común, un horizonte general, la movilidad eléctrica no llegará a ser sostenible y corre el riesgo de convertirse en una “transición energética corporativa”, sin impacto real a nivel masivo e intrascendente en la protección ambiental.

La transición energética hacia la electromovilidad requiere una reflexión y visión compartidas y una autoridad responsable que marque el horizonte hacia el cual nos dirigimos. Esta transformación profunda debe abordar las causas estructurales del cambio climático y promover modelos de producción y consumo más sostenibles, garantizando una transformación justa y equitativa para toda la población nacional.

Entre el domingo 16 y el domingo 17 de junio de 2024 se registraron fuertes temporales de lluvia en gran parte del Ecuador, con precipitaciones que provocaron la crecida o el desbordamiento de varios ríos; y deslaves que afectaron a más de la mitad de las provincias del país. Como consecuencia, se reportó la muerte de 13 personas, otras 24 con heridas de diversa gravedad, un número todavía indeterminado de desaparecidos y alrededor de mil evacuados.

Hace tres meses por la quebrada de El Tejado se desbordaron más de 15 mil metros cúbicos de lodo, que dejaron como consecuencia 28 muertos, 52 heridos, 1 desaparecido y 9 viviendas inhabitables. El suceso pasó, las (in) acciones posteriores son las que preocupan. No solo fue la lluvia, dijeron. No. Por La Comuna y La Gasca, se vinieron abajo la débil gestión de riesgos en Quito y la impavidez como política. Primera entrega.

La gestión de los seis grandes desastres naturales que ha debido afrontar el país en las últimas décadas, le ha costado aproximadamente 136.000 millones de dólares, una cifra extramadamente alta para una economía pequeña como la del Ecuador, ésta cifra es superior al PIB de 2019. Con ese dinero se habrían podido construir 747 hospitales públicos. La mala gestión de riesgos desde los Ejecutivos nacional, provincial y cantonales, a lo largo de nuestra historia, han dejado pérdidas humanas y económicas.

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