Quienes pensaron que los cambios administrativos radicales serían suficientes para cambiar la institucionalidad del país tendrán que guardar sus expectativas en formol. Lo que sucede con el Consejo Nacional Electoral demuestra que las instituciones no funcionan sujetas a la ley sino a la fuerza.
José Astudillo, fugaz presidente del CNE del Azuay, fue destituido por apegarse demasiado a la ley. Mejor dicho, por pretender que los actores políticos de la provincia se sometieran a las normas electorales. Más pesó nuestra inveterada informalidad: presiones, maniobras, pactos tácitos y la fuerza de la costumbre obligaron a la junta electoral de esa provincia a realizar contorsiones jurídicas y administrativas para viabilizar la inscripción de las candidaturas.
El Consejo de Participación transitorio ha realizado esfuerzos incansables para rescatar a las instituciones públicas de la demolición a la que las sometió el correato. Esfuerzo insuficiente si consideramos el peso de nuestra cultura política. De entrada, el flamante CNE nacional experimentó un escándalo interno a propósito de la designación de su presidenta. Al final, las movidas secretas, y no el interés general, terminaron definiendo la estructura del organismo electoral. Ni siquiera un personaje respetable y equilibrado como Julio César Trujillo pudo evitar esa tendencia casi genética a la informalidad.
Se trata del país de la premodernidad institucional. Las viejas lógicas coloniales y oligárquicas solamente se han revestido de modernidad. El poder, en el fondo, juega a la puesta de mano, a los atajos jurídicos o a la imposición tumultuaria. ¿Cómo es posible que luego de dos siglos de funcionar como república no contemos con algo tan elemental para la sana convivencia política como un organismo electoral absolutamente confiable, probo e imparcial?
Inclusive desde una lógica estrictamente liberal, las elecciones no deberían estar atravesadas por la disputa política sobre el instrumento técnico. La lucha cuenta con muchos espacios como para que se centre en el arranche de una instancia que debería pertenecernos a todos los ciudadanos, no a las fuerzas políticas de ninguna tendencia. Repartirse el CNE por cuotas o por acuerdos partidarios es exactamente igual que meterle la mano a la justicia: destruye la confianza ciudadana y envilece aún más la política.
En el Ecuador, algunas veces los fraudes electorales se han saldado con sangre. Inclusive han provocado guerras internas. No hace mucho vivimos un grave conflicto social a propósito de una elección presidencial que generó más dudas que certezas. Esas dudas se incrementan cuando los rumores justificados hablan de la cooptación del CNE por parte de un partido de la derecha: concretamente, del partido socialcristiano.
Al parecer, el control del organismo electoral sería la única opción para que ese partido tenga chance de ganar en los próximos procesos electorales. Especialmente en el 2021.
*Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum – Cuenca. Ex dirigente de Alfaro Vive Carajo.
