08 de enero 2016
El día que Colombia entraba en vacaciones, el Gobierno y las Farc divulgaron el acuerdo crucial y decisivo para poner fin a su guerra brutal de medio siglo y donde han muerto más de nueve civiles indefensos por cada combatiente uniformado.
El acuerdo de la justicia es tan extenso y detallado como un código penal, porque en efecto reemplaza al Código Penal. Dicho en pocas palabras, habrá amnistía para la gran mayoría de los guerrilleros; sólo serán sancionados los autores principales y directos de crímenes de lesa humanidad, y estos no irán a la cárcel si confiesan sus delitos. Se creará un aparato judicial autónomo y distinto del actual para llevar a cabo los procesos. Y esta justicia “restaurativa” se aplicará también a los militares o a cualquier responsable de delitos en desarrollo del conflicto armado.
El acuerdo se anuncia como el eje de un “sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición” porque “las víctimas son la prioridad”. Y en efecto tendremos algunas confesiones de grandes criminales, comisión de verdad no judicial, desminado y ubicación de fosas, trabajo comunitario de algunos reos, unos años de cárcel para los remisos y —sobre todo— dejación de las armas.
Pero en sustancia se trata de un horror moral o, como tal vez diría el doctor Santos, de un “sapo” muy difícil de tragar. El sapo que su hermano pactó con Timochenko cuando le prometió que no habría cárcel y que unos abogados redactarían el Código por fuera de la mesa, con la sencilla añadidura de perdonar a todos los otros criminales. Fue un pacto entre las partes de esta guerra sucia —y por lo tanto el intercambio de sus impunidades—.
De esta manera, un Estado siempre incapaz de administrar justicia sale a decirnos que unos jueces escogidos por algún mecanismo “de mutuo acuerdo” harán justicia para los causantes de la tragedia humanitaria que vivimos. Y acá debo notar que el “detalle” pendiente de quién escogerá los jueces será la clave y al mismo tiempo la gota más amarga de este pacto amargo.
Y sin embargo hay que tragarse el sapo. El cínico diría que habría tanta o más impunidad si aquellos criminales fueran sujetos a la patética justicia colombiana. El historiador recordaría que hemos tenido ya 25 amnistías, o que el perdón prematuro de Uribe a sus compañeros de viaje fue un horror que seguimos silenciando.
Y es porque un acuerdo de paz no refleja ideales sino fuerzas reales, y resulta que aquí la oposición tiene más interés en proteger a sus aliados que en la justicia para los guerrilleros. Por eso el uribismo pide que los militares no tengan ni siquiera que confesar sus crímenes. Por eso —al fin de cuentas— el proceso tenía que desembocar en un acuerdo entre los dos extremos, donde Santos sirvió de intermediario y donde vamos a tener el mínimo castigo para el menor número de criminales poderosos que sean compatibles con la sensibilidad de la opinión nacional y con los vientos del derecho internacional.
* Director de la revista digital Razón Pública.
Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/el-precio-de-paz
Foto: El Espectador
