COLOMBIA: LAS ALARMAS DEL EMPANTANADO POSCONFLICTO. Por Juanita Vélez

Desde la semana pasada que el Congreso entró de vacaciones, el Gobierno solo ha radicado 3 de los 8 proyectos de ley que se quedaron por fuera del Fast track y aterrizan el Acuerdo con las Farc: el alivio penal a pequeños cultivadores, la ley de sometimiento a la justicia para las bandas criminales y el de titulación de baldíos en zonas forestales, que busca titular dos millones de hectáreas a nombre de pequeñas comunidades indígenas y campesinas. Ninguno tiene ponentes todavía.

Los otros cinco que faltan son el proyecto que crea el nuevo sistema de catastro multipropósito, el de adecuación de tierras para los pequeños agricultores, la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, y el de las circunscripciones especiales de paz, que quedaron en el limbo desde el año pasado.

Para el Gobierno lograr que se aprueben antes del 20 de junio, que es cuando se acaba el Congreso, va ser muy difícil.

Como ya no hay fast-track, todos esos proyectos tienen que pasar el doble de debates para ser aprobados y aparte los congresistas están en modo campaña presidencial, viajando a las regiones a concretar los votos y “bravos con nosotros. No veo ambiente para que aprueben esos temas. Hay que ser realistas”, nos dijo una alta fuente del Gobierno que nos habló bajo la condición de no citarlo.

Sin esos proyectos aprobados, todos los puntos del Acuerdo se quedan cojos.

El Fondo Colombia en Paz, que dirige Gloria Ospina y que fue creado por la Alta Consejería para el Posconflicto en cabeza de Rafael Pardo para administrar la plata del posconflicto, se ha demorado en contratar y pagarles a funcionarios de entidades que aterrizan el Acuerdo.

Eso ha pasado con los que trabajan en la secretaría ejecutiva y apoyan a los magistrados de la JEP, con cuarenta contratistas de la Agencia Nacional de Tierras y con más de 400 de la Agencia de Renovación del Territorio, ART

La ART por ejemplo, tiene más de 600 personas en terreno haciendo las socializaciones en las veredas con las comunidades en los municipios priorizados para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdets.

De esos, 400 fueron contratados directamente por el Fondo desde noviembre y para enero de este año a la mayoría no les habían pagado nada. Otros que firmaron contrato en enero mandaron su cuenta de cobro a principios de febrero y no les habían pagado tampoco a comienzos de este mes.

Por cuenta de esos retrasos varios contratistas se quejaron en Twitter y le mandaron una carta a Ospina, la directora del Fondo, con copia al Procurador General, Fernando Carrillo, pidiendo que les pagaran a tiempo.

Según supo La Silla, hasta la semana pasada casi todos los contratistas comenzaron a recibir los pagos.

“Sí tuvimos tres semanas de crisis con los pagos, pero ya estamos poniéndonos al día con todos los contratistas y anticipándonos para que no vuelva a pasar”, explicó a La Silla Ospina, la directora del Fondo.

Ella nos explicó que el Fondo tiene un consorcio que integran las cuatro fiduciarias públicas y que lo administra Fiducoldex, pero que por cuenta de estas demoras el consejo directivo tomó la decisión de cambiar el operador fiduciario. Es decir, que las otras tres fiduciarias públicas compitan por administrar el consorcio. El viernes cada una presentó su oferta.

Pero los contratistas no son los únicos que se quejan. En un documento que escribieron los representantes de los gobiernos de Noruega, Suecia y Suiza, que son donantes, dicen que la operatividad del fondo está en un “momento crítico” y que “es importante tener una ruta clara para que la ejecución de los recursos del fondo no tenga más dilataciones”.

Una fuente que se conoce el Fondo por dentro nos dijo que a pesar de las quejas por el manejo de Ospina, Rafael Pardo ha insistido en mantenerla.

La Silla buscó a Pardo, pero no contestó nuestras llamadas y mensajes.

En la Agencia Colombiana para la Reincorporación, ARN, están en pleno empalme porque la semana pasada renunció su director, Joshua Mitrotti. Según nos dijo él, hace dos meses le había dicho al presidente Santos que se iba por algo personal.

Lo va a reemplazar Andrés Stapper, un abogado que entró hace once años a la Agencia como asesor jurídico en Bucaramanga y lleva tres como secretario general, por lo que adentro creen que no va ser traumático el cambio.

Por ahora, según cifras oficiales que le pasó la ARN a La Silla, han avanzado en los primeros pasos de la reincorporación, pero falta lo más grueso.

De los 12.535 excombatientes acreditados por la Oficina del Alto Comisionado, más de doce mil ya tienen una cuenta en el Banco Agrario en donde les consignan todos los meses la renta básica; más de once mil ya están afiliados a salud y ocho mil a pensiones; crearon la cooperativa de la Farc, Ecomun y el Sena ya les está dictando cursos a 3.976 excombatientes. Además, en todos los espacios hay iniciativas de autoabastecimiento financiadas por cooperación sueca.

Pero frente a los proyectos productivos, que son los pensados para que tengan con que vivir en el largo plazo, son pocos los avances.

Mientras la Farc quieren que el Gobierno les desembolse los ocho millones de pesos a cada uno para que con eso arranquen sus proyectos ya, el Gobierno no quiere entregar la plata hasta que todos los exguerrilleros terminen de capacitarse y sus proyectos sean aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR (en el que se sientan del lado del Gobierno el director de la ARN, el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, y Pastor Alape y Jairo Quintero de la Farc).

Hasta ahora de los 26 Espacios de Capacitación (que son las antiguas zonas veredales donde los guerrilleros llegaron a dejar las armas) solo hay proyectos aprobados en cuatro.

Esas demoras, como ha contado La Silla, han generado una desbandada de excombatientes que se han ido de esos espacios.

Además no está lista la política pública de reincorporación que se supone que debía hacerse después de que la Universidad Nacional entregara el censo socioeconómico de la exguerrilla, que entregaron en julio del año pasado.

En la Agencia le explicaron a La Silla que ese censo lo complementaron con dos más que mandaron a hacer en salud y educación y que por eso se han demorado. Según nos explicaron, la Agencia ya tiene una propuesta de política, pero falta que la Farc también lleve la suya y que negocien.

A la fecha, la Oficina de Drogas que dirige Eduardo Díaz ha firmado acuerdos individuales con 68.228 familias que dijeron tener sembradas 51.670 hectáreas de coca.

De esas hectáreas, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, que es la que se encarga de ir a verificar si lo que los cocaleros dicen que tienen cultivado es cierto, verificó que hay 24 mil.

De ese total, de acuerdo con el último informe que presentó la Unodc a finales de febrero, hay 5095 hectáreas erradicadas y la meta del Gobierno es tener de aquí a mayo 65 mil.

Eso no quiere decir que no hayan más matas arrancadas, pero es lo que hasta ahora la Unodc ha podido verificar porque en muchos sitios, como ha contado La Silla, no han podido entrar por amenazas de las disidencias.

Aunque el Gobierno ya declaró como departamentos exitosos en sustitución a Arauca y Guaviare porque en ambos las familias que firmaron acuerdos arrancaron la hoja, falta lo más complejo y es la fase de los proyectos productivos con esas familias para que tengan con qué sostenerse y no resembrar.

Además, les falta firmar acuerdos individuales con más de 73 mil familias que ya firmaron un acuerdo colectivo.

A todo eso se suman otros problemas que hemos contado varias veces en La Silla como el de la falta de seguridad para los líderes cocaleros que defienden la sustitución (han matado a 29) y para los verificadores, las pujas por la vocería de los cultivadores y también el clientelismo de organizaciones afines a la Farc.

Esta semana el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas dijo que hay más de 1100 disidentes de las Farc en todo el país.La crecida de estas disidencias, como lo hemos contado, se ha dado sobre todo en el sur con la disidencia del frente séptimo liderada por Gentil Duarte entre Caquetá y Meta, la de alias ‘Mordisco’ en Guaviare y la de alias Guacho en Nariño, que ya llegó hasta Ecuador.

Encima de todo siguen matando a líderes sociales en todo el país. Solo la semana pasada mataron a dos hijos del líder asesinado Bernardo Cuero en Tumaco y a José Herrera, un líder que defendía la sustitución en Ituango, Antioquia y . Contando a Herrera, ya son cinco líderes asesinados solo este año.

Duque ha dicho en entrevistas que “la JEP no puede ser un vehículo para institucionalizar la impunidad” y que si llega a ser presidente no va dejar que los exguerrilleros tengan representación política en el Congreso si antes no han sido sancionados.

Además, también ha dicho que lo más seguro es que desaparecería agencias que creó el Acuerdo para el desarrollo rural. “A mí me parece que han burocratizado demasiado la institucionalidad del sector, le crearon tres agencias más y debilitaron el ministerio que es el articulador de la política pública”, dijo en Semana en vivo. “Voy a suprimir las que no funcionen y voy a suprimir aquellas que no tengan el cumplimiento de sus objetivos y donde yo vea que están cumpliendo sus funciones a cabalidad y que son eficientes pues habrá que mantenerlas”.

Todo eso implicaría un revolcón institucional enorme cuando la implementación del Acuerdo apenas está arrancando.

Aparte del empantanado proyecto de las circunscripciones especiales de paz, muchas víctimas reconocidas que se lanzaron por otros partidos para llegar al Congreso no les alcanzó la votación, como a Soraya Bayuelo, víctima de paras y guerrilla, que se lanzó a la Cámara por el partido Liberal o Odorico Guerra, el coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, que se lanzó por la Alianza Verde.

A eso se suma que este año la Farc no ha salido a hacer actos de perdón en lugares donde hicieron mucho daño como Huila o Caquetá y en vez de eso se concentraron en hacer una campaña política, lo cual ha aumentado el resentimiento de las víctimas y les ha generado rechazos públicos como el de Iván Márquez en Florencia.

 Fuente: http://lasillavacia.com/silla-sur/las-alarmas-del-empantanado-posconflicto-65281