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10 Diciembre 2013
Definitivamente, al régimen le incomoda el tema de los derechos humanos como filosofía política. No entiende ni su dimensión histórica ni su perspectiva civilizatoria. Ni siquiera ha dado muestras de delicadeza a propósito de la fecha en que se conmemoraron los 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Días antes justificó y aplaudió una medida de fuerza contra un grupo de huaoranis, supuestamente involucrados en la masacre –aún no confirmada– de varios taromenane. La cereza la colocó con la arbitraria disolución de la Fundación Pachamama, echando mano del cuestionado Decreto 16. Ambas acciones reflejan un profundo desafecto con el sentido más profundo y trascendental de los derechos humanos.
En el primer caso, el Gobierno avaló la judicialización de un hecho que requiere, según el criterio de varios expertos en el tema, una mirada diferente de la simple aplicación de la ley. En cierta forma, se está policializando la antropología. Como señala una amiga mía, reconocida jurista y profesora de derecho, la acción de la Fiscalía está reeditando, 500 años después, el juicio de Atahualpa: se aplica una normativa ajena e incomprensible para los acusados.
Miguel Ángel Cabodevilla, uno de los mayores conocedores de la problemática de los pueblos amazónicos, así lo ratifica: ¿cómo se puede procesar a alguien por un delito que ni siquiera consta dentro de su universo conceptual? Acusar a los huaoranis de genocidio equivale a la acusación de herejía con que se sentenció a muerte a Atahualpa. La autoridad de la corona española frente a los incas era tan lejana y abstracta como lo es la del Estado ecuatoriano frente a muchos pueblos amazónicos. En ese sentido, la acción de la Fiscalía, secundada por el gobierno, constituye una versión posmoderna de colonialismo jurídico.
En sus inicios, el colonialismo requirió de varios instrumentos para someter a los indígenas e imponerles una nueva lógica social. Uno de los más efectivos fue –y sigue siendo– el derecho. Pero no solamente como instrumento de dominación, sino también de despojo. Detrás de la parafernalia jurídica y de la aplicación de una norma en contra de los indígenas, casi siempre ha subyacido un interés económico, un negocio, una expoliación.
Por su parte, en el caso de la Fundación Pachamama se está desconociendo el derecho a la resistencia, que data de la Revolución Francesa, en beneficio de una peligrosa doctrina de seguridad ciudadana. En la práctica, se está reemplazando a la enmohecida doctrina de seguridad nacional. Cualquier protesta empieza a ser elevada a la categoría de atentado contra la seguridad del Estado, seguridad que hoy está orientada a viabilizar viejas formas de colonialismo asociadas a la explotación de recursos naturales.
